Opinión

El Gobierno espera las elecciones para blanquear su vínculo con Maduro

viernes 23 de octubre de 2020 - 11:44 am

El gobierno ya se expresó: no le interesa que las elecciones en Venezuela sean verdaderamente libres e independientes en tanto sean elecciones. Así lo hizo saber el miércoles en la OEA absteniéndose en una declaración del organismo respecto a la situación democrática en el país caribeño y que, a su vez, exigía comicios libres e independientes.

Ya dejaron de ser noticia los vaivenes de la Cancillería respecto a la crisis democrática en Venezuela. Semanas atrás había votado a favor del informe de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, donde se denunciaba: “El objetivo del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) es identificar ‘a la disidencia política y a activistas de derechos humanos, así como a otros hombres y mujeres que se percibían como contrarios al gobierno’”. Francisco Cox, miembro de la Misión que elaboró el informe, explicó que las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas contra la población civil formaban parte de una estrategia para silenciar a la oposición. Hasta el mes de septiembre eran 386 los presos políticos cuando comenzaron a liberar a algunos de ellos en un intento de generar una pantalla de institucionalidad para la comunidad internacional.

¿Quién garantiza que un gobierno que persigue opositores pueda celebrar elecciones transparentes?

El informe resalta también la existencia de crímenes de lesa humanidad, ejecuciones extrajudiciales y asesinatos y represiones en protestas contra el gobierno. Pese a reconocer estas atrocidades, al votar a favor, la Cancillería Argentina sostiene que puede llevarse a cabo un proceso electoral legítimo. Es curioso porque tan solo semanas atrás Guillermo Justo Chaves, Jefe de Gabinete de la Cancillería, afirmó ante los embajadores del Grupo de América Latina y el Caribe que “no hay plena democracia sin plena vigencia de los derechos humanos”. ¿Puede, entonces, haber elecciones libres e independientes si no hay plena democracia?

Sería bastante perverso creer que una sociedad que sufre severas y constantes persecuciones y violaciones de derechos humanos –tal como reconoció Argentina semanas atrás– pueda someterse a un proceso electoral trasparente llevado adelante por aquellos mismos que son acusados de cometer tamaños actos.

Semanas atrás la Cancillería sostuvo en un comunicado: “La Argentina exhorta al Gobierno venezolano a investigar, juzgar y castigar a los responsables, tal como lo viene haciendo la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”. El mismo informe reconoce al dictador Nicolás Maduro y a sus ministros de Defensa, Vladimir Padrino López; y del Interior, Néstor Reverol, como figuras determinantes en los graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país. ¿Entonces el gobierno pretende que se juzgue y castigue a los mismos en quienes asegura que llevarán un proceso electoral trasparente?

El gobierno no cree necesario aprobar una declaración que haga énfasis en garantizar elecciones libres e independientes. Con sus actos y declaraciones demuestra que tal como está la situación en el país caribeño es suficiente para que se den de esa manera. Así lo hizo saber en junio el presidente, Alberto Fernández, cuando declaró: “Estamos diciendo que hay un proceso eleccionario en marcha que hay que respetar”.

Con la llegada del Frente de Todos al poder, la Cancillería optó por un distanciamiento del Grupo de Lima para acercarse al Grupo de Contacto: una alianza conformada por la Unión Europea y algunos países Latinoamericanos que, a diferencia del Grupo de Lima, busca una salida dialogada a través de elecciones. Allí buscó el refugio y el apoyo que le dé legitimidad a los comicios de diciembre, sin embargo, allí también le soltaron la mano. Los países latinoamericanos firmaron la declaración de la OEA mientras que la UE aseguró que no reconoce el proceso electoral organizado por Maduro al afirmar que “las garantías de transparencia no están reunidas”.

La Casa Rosada quedó sola en su estrategia. Hasta la propia Michel Bachelet no está de acuerdo con que las elecciones se lleven a cabo el próximo 6 de diciembre: “Me preocupan las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia, que obstruyen las libertad de selección de los representantes de siete partidos políticos, y el nombramiento no consensuado de los miembros del Consejo Electoral”.

El gobierno demuestra querer legitimar a toda costa las elecciones en Venezuela para, de una vez por todas, blanquear sus vínculos diplomáticos con el gobierno de Maduro. Necesita demostrar la legitimidad de la elección y así ampararse en ello para justificar sus relaciones con Caracas. Ni la postura de la OEA, el Grupo de Lima, el Grupo de Contacto, el informe de Bachelet ni la de la propia Michel Bachelet alterarán la posición de Argentina. El romance entre el kirchnerismo y el chavismo está a una “elección” de distancia.

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