Opinión

Un obstáculo adicional a la libertad en la Argentina

La idea de un poder público sometido a un poder superior que es el del ciudadano es una idea esencialmente anglosajona

miércoles 21 de octubre de 2020 - 7:30 am

Columna publicada originalmente en The Post Argentina

Cuando uno se pone a pensar todos los problemas que tiene la libertad para afianzarse en la Argentina empieza a indagar cuál es el motivo de tamaña dificultad.

Por supuesto que hay muchas causas que convergen para producir semejante resultado desagradable pero hay una que es llamativa y debería hacernos pensar.

La libertad, entendida ella como el resultado que produce un conjunto de instituciones que limitan el poder estatal para, simétricamente, aumentar el poder del ciudadano individual, es un producto de origen anglosajón, y eso, dado el clásico racismo argentino contra los anglos (ver “Así Somos y Así Nos Va, Ediciones B, Buenos Aires, 2007) se ha transformado en un problema psicológico adicional para que la libertad encuentre aquí un territorio amigable.

Es más, el modelo de enseñanza secundaria y universitaria de la Argentina, cuando obligadamente tiene que hacer referencia a la libertad en un contexto histórico, refiere a la Revolución Francesa como antecedente alusivo y atinente a la libertad cuando en realidad dicho acontecimiento distó mucho de ser el primero, de última, de ser un hecho realmente propulsor de las libertades civiles e individuales. Más bien, especialmente en su ya desencajada última etapa, la Revolución Francesa fue un acontecimiento más compatible con los ulteriores fascismos que conoció el mundo que con los movimientos libertarios.

De nuevo: nos guste o no, la libertad, como resultado de instituciones que limitan el poder público para ampliar el poder ciudadano, tiene origen anglosajón y más precisamente inglés.

En ese sentido, el primer documento que se rebela contra la autoridad real y establece normativa concreta para devolver poder a los ciudadanos (todo dentro del contexto de la época) fue la Carta Magna (que, de hecho, se llamó “Carta Magna de las Libertades”) de 1215, cuando Inglaterra era gobernada por el Rey Juan Sin Tierra.

La Carta magna fue redactada por el arzobispo de Canterbury, Stephen Langton, con el objetivo de hacer las paces entre el monarca inglés, con amplia impopularidad, y un grupo de barones sublevados. El documento prometía la protección de los derechos eclesiásticos, la protección de los barones ante la detención ilegal, el acceso a justicia inmediata y limitaciones de tarifas feudales (impuestos) que existían a favor de la Corona.

Fíjense que, ya desde ese origen, la idea era construir instituciones que le pusieran un freno al poder público para entrometerse en las creencias individuales, para intentar detenciones despóticas, para asegurar una justicia pronta y para evitar el abuso fiscal. Es decir los clásicos pilares en donde hoy, 805 años después, se sigue basando la prédica libertaria.

Otro mojón en esa historia anglosajona con la libertad es la llamada “Revolución Gloriosa” de 1688. La Revolución fue un proceso ocurrido en Inglaterra entre 1688 y 1689, que derrocó al rey Jacobo II Estuardo y llevó al poder a su hija María II y a su esposo, Guillermo III de Orange. La Revolución fue propiciada por el Parlamento inglés, que veía con gran preocupación los intentos absolutistas del rey y sus iniciativas para reimplantar el catolicismo en una sociedad mayoritariamente protestante, es decir, de nuevo, un alzamiento brusco contra un poder público que pretendía invadir el área de soberanía individual.

La Revolución Gloriosa puso fin a la inestabilidad política que desde 1642 caracterizó al gobierno inglés. Supuso el fin de la monarquía absolutista y la consagración de la monarquía parlamentaria, tal como la conocemos hoy, 332 años después.

Ese espíritu fue llevado al nuevo continente por los pilgrims del Mayflower que darían origen a los Estados Unidos de América. De nuevo, la aspiración de construir, ahora directamente en una tierra diferente, un sistema jurídico que impidiera el crecimiento del poder público de modo tal que este no pudiera convertirse en un peligro para las libertades individuales.

Noten que a pesar del considerable grado de libertad que existía en la Inglaterra de esos años respecto de lo que ocurría en el resto de Europa, estos peregrinos no lo consideraban suficiente a tal punto que la declaración de la Independencia de los EEUU en 1776, comienza con estas palabras: “Cuando en el curso de los acontecimientos humanos se hace necesario para un pueblo disolver los vínculos políticos que lo han ligado a otro y tomar entre las naciones de la tierra el puesto separado e igual a que las leyes de la naturaleza y el Dios de esa naturaleza le dan derecho, un justo respeto al juicio de la humanidad exige que declare las causas que lo impulsan a la separación. Sostenemos como evidentes estas verdades: que los hombres son creados iguales; que son dotados por su Creador de ciertos derechos inalienables; que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

Es decir, las colonias entendían que debían dar una explicación racional de porqué decidían separarse de Inglaterra. Por eso declaran que sus creencias de que los hombres son creados iguales y que el Creador los dota de ciertos derechos inalienables (entre los que se encuentran la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad) no están siendo satisfechas ni respetadas por la Metrópoli, y que, por lo tanto, no queda otro camino que la independencia.

Es otra vez, la necesidad de contar con instituciones (y con un gobierno fruto de ellas) que asegure la libertad individual y garantice el círculo infranqueable de soberanía individual que ningún caballero de esa época consideraba que podía violarse bajo el argumento del poder público.

La idea de un poder público sometido a un poder superior que es el del ciudadano es una idea esencialmente anglosajona.

La Declaración de la Independencia norteamericana lo deja claro: “Que para garantizar estos derechos se instituyen entre los hombres los gobiernos, que derivan sus poderes legítimos del consentimiento de los gobernados; que cuando quiera que una forma de gobierno se haga destructora de estos principios, el pueblo tiene el derecho a reformarla o abolirla e instituir un nuevo gobierno que se funde en dichos principios, y a organizar sus poderes en la forma que a su juicio ofrecerá las mayores probabilidades de alcanzar su seguridad y felicidad. La prudencia, claro está, aconsejará que no se cambie por motivos leves y transitorios gobiernos de antiguo establecidos; y, en efecto, toda la experiencia ha demostrado que la humanidad está más dispuesta a padecer, mientras los males sean tolerables, que a hacerse justicia aboliendo las formas a que está acostumbrada. Pero cuando una larga serie de abusos y usurpaciones, dirigida invariablemente al mismo objetivo, evidencia en designio de someter al pueblo a un despotismo absoluto, es su derecho, es su deber, derrocar ese gobierno y proveer de nuevas salvaguardas para su futura seguridad”.

No obstante esta exigencia extrema de los norteamericanos, que no se conformaron con el nivel de libertad entregado por la Madre Patria, resulta sugestivo ver cómo aun los países que fueron conquistados por el Imperio Británico, recibieron instituciones de salvaguarda de las libertades civiles que conservan hasta hoy, incluso con la negativa voluntaria en la mayoría de ellos a abandonar el British Commonwealth, y con varios convertidos en naciones muy desarrolladas de excelente nivel de vida como Australia, Canadá o Nueva Zelanda, en donde aún hoy la Jefa del Estado sigue siendo la Reina Isabel II.

Ahora bien, la Argentina por motivos históricos que no viene al caso analizar aquí, ha desarrollado un fuerte sentido de antipatía por todo lo inglés. En el país, hasta hablar ese idioma no está del todo bien visto. Una prueba es que entre nuestros gobernantes prácticamente no ha habido nadie que pudiera comunicarse en esa lengua directamente con contrapartes extranjeras, debiendo siempre apelar a un intérprete. Macri fue una excepción, pero muy pocos vieron en ello un mérito.

Otra prueba es que de la enseñanza de la historia de las ideas en los colegios y las universidades argentinas ha sido prácticamente eliminada toda referencia a los acontecimientos ingleses o norteamericanos que tengan que ver con los movimientos libertarios y, al contrario, se ha profundizado la trasmisión de conceptos que respaldan la supremacía de los poderes públicos por encima de la libertad individual.

La Argentina ha transitado por una especie de relación “amor-odio” que la llevó a jugar deportes ingleses como nadie, a tener más colegios ingleses que la suma de todos los colegios ingleses de los otros países de la región combinados, pero, al mismo tiempo, desarrollar una profundo rencor por ese país y por casi todo lo que emana de él, en especial si eso toca a la política o a las concepciones económicas.

Ese “amor-odio” también se distribuyó socialmente en el país, encontrándose (digamos a grandes rasgos) el “amor” en las clases más educadas y el “odio” en las menos educadas. “Lo inglés” también es otro de los condimentos de la grieta.

Por eso la libertad encuentra otro inconveniente adicional en la Argentina: la libertad ciudadana como concepto opuesto al poder estatal es un producto inglés y, como todo lo inglés, no está bien visto en la Argentina del populismo.

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