Seguinos en nuestras redes

Judiciales

Asociación ilícita en Independiente: piden que Pablo Moyano vaya a juicio oral

El vicepresidente del club y líder gremialista está señalado como presunto organizador junto a la barra brava del Rojo. Para el fiscal hay prueba suficiente de un delito que tiene como condena hasta diez años de prisión

Pablo Moyano, titular de Camioneros y vicepresidente de Independiente, quedó al borde del juicio oral como presunto organizador de una asociación ilícita junto a la barra brava del club. El fiscal Sebastián Scalera pidió este lunes la elevación contra el protagonista.

En diciembre del año pasado, la jueza de Avellaneda Brenda Madrid había dado por clausurada la instrucción y envió a juicio oral al barra Pablo “Bebote” Álvarez como jefe de la asociación ilícita, junto a Damián Lagaronne, Roberto (Polaco) Petrov, Noray Nakis y Hector “Yoyo” Maldonado entre otros.

Ahora, para el fiscal Scalera, se acreditó que Pablo Moyano y “Bebote” Álvarez fueron líderes de la organización criminal investigada, motivo por el cual en este último requerimiento se imputa al hijo de Hugo Moyano la comisión del delito de asociación ilícita en calidad de jefe.

Según el fiscal, la organización criminal investigada”tuvo su génesis durante los últimos tiempos de la presidencia en el club de Javier Cantero, cuando, según lo explicado por “Bebote” Álvarez, éste fue convocado por Pablo Moyano para consensuar un plan común que tuvo como fin desestabilizar al Cantero y lograr su salida anticipada (por medios coactivos) y, de esta manera, allanar el desembarco de los Moyano en la conducción de la institución”.

Publicidad

“Algunas de las concesiones para la barra se vieron reflejadas en la entrega de cuotas sociales pagas, bonos de ingreso a espectáculos deportivos, el financiamiento de viajes dentro y fuera del país, la entrega de dinero en efectivo. Además, se prometió otorgar a Álvarez la posibilidad de participar en la política de la institución con su agrupación”, sostuvo Scalera.

Judiciales

Juicio por la obra pública: para los fiscales “hubo una decisión de no controlar nada” por parte del poder Ejecutivo

Se realiza la séptima audiencia durante la cual el Ministerio Público Fiscal presenta sus pruebas contra la vicepresidenta y el resto de los acusados

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continúan hoy con sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por las obras pública al empresario Lázaro Báez.

Será después que el Tribunal Oral Federal 2 rechazó las recusaciones de la defensa de la ex presidenta y de otros acusados a los fiscales y a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.

El fiscal tomó como punto de inicio la partida presupuestaria destinada a los contratos viales adjudicados a Lázaro Báez y sostuvo: “Entiende este Ministerio Público Fiscal que las posibilidades de control de acuerdo a la información que el Poder Ejecutivo informó al Congreso, fue nulo”. Al respecto, volvió a insistir en una asignación “discrecional” de recursos a Lázaro Baez.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo en sus alegatos que “con la escasa información, cargada de opacidad que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso era imposible ejercer un control real” y enfatizó que “lisa y llanamente le mintieron a los legisladores”. “Nada de lo que sucedió a Santa Cruz con las obras públicas viales adjudicadas a Báez llegaba a manos de los empleados de carrera responsables del control de los presupuestos desde la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)”, continuó el fiscal Diego Luciani.

Publicidad

En este aspecto, derrumbó uno de los argumentos de la defensa de la vicepresidente, que asegura que todos los presupuestos para obras públicas fueron aprobados por oficialismo y oposición el congreso: “Aplicaron un apagón informativo al Congreso desde el Poder Ejecutivo, el presupuesto no tuvo modificaciones cuando fueron votados durante esos años”, sentenció. “Es falaz el argumento de querer extender la asociación ilícita a todo el Congreso por votar esas leyes que contaba con serias falencias informativas por parte del Poder Ejecutivo”, agregó.

Más tarde tomó la palabra el fiscal Sergio Mola quien sostuvo que se montó un sistema que revestía de control la asignación de obra pública, cuando nada de ello ocurría: “Organizaron la maniobra de modo tal que todo aparentaba tener controles desde los organismos estatales”. Al respecto detalló: “En aquellos funcionarios por ejemplo de la AFIP que realizaban su trabajo de manera eficiente, hubo un directa intervención por parte del Ejecutivo en desmedro de las funciones investigativas, un claro hostigamiento y corrimiento de sus funciones”. Respecto a los organismos del Estado “se hizo caso omiso a todas y cada una de las alertas que se presentaron y que posibilitaron el desarrollo de la maniobra delictiva”.

Para el Ministerio Público Fiscal “hubo una decisión de no controlar nada, en cada etapa, en cada proceso de las licitaciones otorgadas al grupo Báez, miraron para el costado”. Sólo auditaron “gastos vinculados a viáticos mientras frente a sus narices pasaba una manada de elefantes, nos referimos a obras millonarias que nunca controlaron”, agregó la fiscalía.

Publicidad

Uno de los responsables de auditar las obras era la Sigen pero nada de ello ocurrió: “Designaron en el organismo que debía controlar, entre otras cosas, las obras bajo la órbita del Ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido, a su esposa Alessandra Minnicelli: el mensaje fue claro”, dijo el fiscal Mola. Luego, volvió sobre ese planteo y añadió: “El mensaje fue que no se iba a controlar nada y es lo que ocurrió”.

Mola insistió: “Podemos concluir que no existió respecto de estas obras el control correspondiente a pesar de que ese ámbito, el de la obra pública, se trata de un área especialmente riesgosa para la corrupción. Solo se relevaron las rutas nacionales y no las provinciales. No se realizaron controles de calidad de obras, eran auditorias express”.

Según el cronograma establecido por el Tribunal los fiscales tienen nueve audiencias de alegatos, por lo que le quedarían tres. El fiscal Luciani dijo en la primera audiencia que usaría todas y que tal vez requiera más. Todavía formalmente no hizo ningún pedido.

Causa contra Milagro Sala: ante la Justicia, “Shakira” apuntó a “una decena de propiedades”

Publicidad

 

Continuar leyendo

Judiciales

Causa contra Milagro Sala: ante la Justicia, “Shakira” apuntó a “una decena de propiedades”

Frente al fiscal federal de Jujuy, Mirta Guerrero dijo que la líder de la Tupac adquirió esos inmuebles en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. También mencionó autos y testaferros

Mirta “Shakira” Guerrero, una ex colaboradora de Milagro Sala en la agrupación Tupac Amaru, formuló importantes revelaciones ante la justicia federal en el marco de una causa por lavado de activos, al acogerse a la figura del “arrepentido” o imputado delator.

La protagonista aportó datos al fiscal Diego Funes sobre una decena de propiedades en Jujuy y otras Capital Federal, una flota de vehículos a nombre de familiares de Sala y personas de su entorno que oficiaron de posibles testaferros. E hizo revelaciones sobre rutas de presunta exteriorización (lavado) de fondos ilegales por parte de Sala y su entorno.

Aún resta la homologación del juez del caso, pero Funes ya comenzó a trabajar en la corroboración de la información aportada por Shakira para ir por “el decomiso de bienes” y una “ampliación de las acusaciones” contra Sala, indicaron fuentes judiciales al diario Clarín.

Esta delación, a la que se sumó otro “arrepentido” en el marco de la misma causa por lavado que enfrenta Guerrero, se desprenden la megacausa por corrupción que tiene como principal acusada a Milagro Sala.

Publicidad

En ese expediente que tramita en la justicia federal de Jujuy se investiga un desfalco de 700 millones de pesos, una maniobra que alcanzó en la instrucción al ex gobernador Eduardo Fellner. Las operaciones de fraudatorias ocurrieron entre 2011 y 2015.

La Justicia rechazó las recusaciones de Cristina Kirchner contra los jueces y fiscales en la causa Vialidad

En ese expediente, Sala está procesada por defraudación al Estado y asociación ilícita. La causa analizó el Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, a través del cual se debían construir 1.836 viviendas.

Las obras estaban a cargo de un conjunto de cooperativas vinculadas a la organización Tupac Amaru. Por un lado, la justicia detectó que parte de esos inmuebles se abonaron con adicionales.

Publicidad

Y, por otra parte, que una cierta cantidad de casas quedaron inconclusas. Estas irregularidades refuerzan la acusación por una megadefraudación al Estado.

Continuar leyendo

Judiciales

La Justicia rechazó las recusaciones de Cristina Kirchner contra los jueces y fiscales en la causa Vialidad

El Tribunal Oral Federal 2 no aceptó la recusación que la vicepresidenta presentó contra los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini, y el fiscal Diego Luciani.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 2 que interviene en la causa por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015 rechazó este viernes, por la noche las recusaciones  planteadas por su supuesta amistad al integrar un equipo de fútbol que jugó torneos en la quinta “Los Abrojos” del ex presidente Mauricio Macri. También fue rechazada la recusación contra el fiscal Sergio Mola.

“Las vinculaciones personales que pretenden construirse entre los tres funcionarios públicos recusados con integrantes del partido político opositor a los aquí imputados resulta, a todas luces, carente de elementos de prueba que permitan validarla y otorgarle los efectos jurídicos que se pretende”, señalaron los magistrados en su resolución de 19 páginas. Los camaristas hablaron de “la mala fe procesal en la que incurrieron las defensas”.

El juez Rodrigo Giménez Uriburu respondió al planteo de recusación. Sostuvo que el “legislador” no incluyó al representante del Ministerio Público Fiscal entre los “interesados” -taxativamente enunciados en la causal prevista en el Código Procesal Penal de la Nación-, sin perjuicio de lo cual, aclaró no mantener con el Dr. Luciani una amistad, y mucho menos “íntima”.

El magistrados indicaron que las razones de hecho y derecho por las cuales los reclamos efectuados “no resultan procedentes, al margen de la oportunidad. Ello, en pos de garantizar ampliamente el derecho de defensa de las partes acusadas y compartiendo la opinión acerca de la relevancia pública de este proceso penal, que conlleva la necesidad de extremar recaudos en torno a conceptos de transparencia y publicidad de las decisiones judiciales”.

Publicidad
Continuar leyendo

TE PUEDE INTERESAR