Opinión

Disparen contra Carlos Rosenkrantz

Laura Di Marco

Periodista. Escritora. Columnista política de La Nación

Para iniciar el juicio político al presidente de la Corte son necesarios los dos tercios en Diputados, que oficiaría como cámara acusadora, y la misma proporción en el Senado, la instancia juzgadora

miércoles 7 de octubre de 2020 - 6:50 am

Columna publicada originalmente en La Nación

El cartelito con el nombre del presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, hasta ahora una figura desconocida para el gran público, podría sumarse al próximo banderazo como un nuevo símbolo de la oposición, desde el momento en que su nombre devino la nueva obsesión de Cristina y sus hijos políticos.

Bruglia, Bertuzzi y Castelli, los tres jueces apuntados por el kirchnerismo, ya fueron canonizados como flamantes estrellas rockeras de esas protestas, ¿por qué no pensar para Rosenkrantz un destino similar, después de la amenaza de una diputada cristinista de llevarlo a juicio político? Eso temen los amigos de Alberto Fernández. O al menos, eso es lo que dicen: “Lo de Rosenkrantz es como la expropiación de Vicentin. No nos dan los números. Instalar el tema es como regalarle una victoria a tu enemigo (sic): perdés con los que están en contra, pero también con los que están a favor”. Las cuentas, en efecto, no cierran para el oficialismo: para iniciar el juicio político al presidente de la Corte son necesarios los dos tercios en Diputados, que oficiaría como cámara acusadora, y la misma proporción en el Senado, la instancia juzgadora.

¿La embestida es solo sobre Rosenkrantz o sobre toda la Corte? Los dichos de Leopoldo Moreau aclaran un poco el asunto: “La Corte está agotada”, dictaminó. Al parecer, el proyecto para ampliar el máximo tribunal, que empieza a mostrarse como un obstáculo para los planes de impunidad de Cristina, sigue vivo en el Instituto Patria, aunque el inviable pedido de juicio político contra Rosenkrantz puede leerse, también, como un intento de disciplinar al resto de la Justicia. Como afirma Hugo Wortman, presidente de Poder Ciudadano: “No se puede pedir un juicio político sin pruebas, ni atacar al juez cuando a la política no le gusta lo que la Justicia decide”.

Vanesa Siley, integrante de la mesa judicial del Instituto Patria, le achaca al presidente de la Corte “haber favorecido la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado” por la aplicación del beneficio del 2×1, en favor de condenados por delitos de lesa humanidad, y de “cercenar las luchas” que reivindican el movimiento de derechos humanos. La acusación, sin embargo, contrasta con la biografía del propio Rosenkrantz, quien, en la década del ochenta, formó parte del equipo de jóvenes abogados que asesoró a Raúl Alfonsín en el Juicio a las Juntas y que, años más tarde, se convirtió en el primer patrocinante de la comunidad gay en la Argentina, en su lucha por conseguir la personería jurídica. Un tuit del jurista Osvaldo Pérez Sanmartino expuso la paradoja. En la red del pajarito mostró una foto de su compañero de camada junto a Alfonsín: “Aquí Rosenkrantz junto al general Camps”, ironizó.

Para Cristina, sin embargo, la realidad es más lineal: Rosenkrantz fue nombrado por Macri; por ende, es Magnetto y Clarín. Su visión paranoica encuentra pruebas. En algún momento de su extensa carrera como abogado, Rosenkrantz, efectivamente, tuvo como cliente a Clarín. En paralelo, este cortesano que no es peronista (grave pecado) parece el oponente ideológico ideal de Horacio Verbitsky, el influencer judicial estrella de Cristina y un poderoso ministro sin cartera, de diálogo habitual con Alberto Fernández. Rosenkrantz es un jurista liberal, republicano, con fe en el capitalismo y la propiedad privada: perversidades, todas, imperdonables en el mundo de Cristina y Verbistky.

Pero ¿es realmente Alberto el policía bueno que pretende una genuina regeneración de la Justicia, tal como pregona en su propio discurso?

Desde que Cristina se reinventó como feminista -causa en la que nunca había abrevado-, Alberto Fernández también se mimetizó con la bandera del movimiento liberal asombrosamente absorbido por el conglomerado peronista-kirchnerista. El viernes anterior a la decisión del máximo tribunal que sacudió al Gobierno, Fernández criticó a los cortesanos por no querer “deconstruirse”. Es decir, los acusó de no aplicar la capacitación sobre violencia de género sintetizada en la ley Micaela. Pero mientras echaba culpas afuera el propio Fernández consumaba un ataque al género, al mérito y a la transparencia judicial. El Presidente tuvo en sus manos la oportunidad de elegir, por primera vez en la historia, a una mujer para ocupar un puesto en la Cámara Nacional Electoral, pero, al parecer, su “deconstrucción” no llegó a tanto y, en cambio, optó por la tradicional “rosca” política. De la terna, no eligió a Alejandra Lázzaro, la primera en el orden de mérito, sino al peronista que venía detrás, el juez tucumano Daniel Bejas, cuyo activo central parece ser su buen vínculo con uno de sus más polémicos aliados, el gobernador Juan Manzur. ¿Tuiteará sobre esta inequidad Vilma Ibarra, encargada de medir el machirulismo en sangre dentro de su propio gobierno?

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