Eduardo Eurnekian

Eduardo Eurnekian: giros sospechosos de dinero y una obra millonaria que nunca fue

El empresario quedó involucrado en el pago de cerca de 100.000 dólares en concepto de presuntos sobornos al Estado peruano con el objetivo de adquirir la licencia para la construcción de un millonario aeropuerto en Cusco

lunes 5 de octubre de 2020 - 12:44 pm

El empresario argentino Eduardo Eurnekian quedó involucrado recientemente en una sospechosa maniobra que investiga el organismo Antilavado de Estados Unidos (FinCEN).

Por medio del Bank of New York Mellon, se descubrió que en 2015, una subsidiaria de Corporación América (de Eurnekian) y Andino Investment Holding, Proyecta & Construye S.A, se realizó un giro por USD 98.000 que terminó en una cuenta de las Islas Caimán de la financiera uruguaya Columbusnet S.A, consignó La Nación.

Sin embargo, ese giro, señalado como “sospechoso” por FinCEN, y teóricamente para la realización del nuevo aeropuerto para Cusco y Machu Picchu, en Perú, fue defendido por empleados de alto rango jerárquico de ambas empresas.

Según Giuliana Cavassa (gerenta de Asuntos Institucionales Andino Investment Holding) y voceros de Corporación América los USD 98.000 fueron por “el pago de unas facturas a Estudio GF SA, empresa contratada para la elaboración del anteproyecto para las instalaciones de aire acondicionado y la certificación LEED (en el aeropuerto)”.

Como bien destaca La Nación, Estudio GF SA es una compañía argentina, con sede en Buenos Aires, dedicada a la tramitación de certificación LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) para edificios sostenibles.

Entonces… ¿por qué se utilizó la cuenta de una financiera uruguaya en las Islas Caimán para realizar ese pago?

Entonces… ¿por qué se utilizó la cuenta de una financiera uruguaya en las Islas Caimán para realizar ese pago? “Probablemente porque en el momento fue solicitado así por el proveedor”, respondió Cavassa.

“No tenemos cuenta bancaria en Islas Caimán y no conocemos a la financiera Columbusnet”, sostuvo, sin embargo, el ingeniero Carlos Grinberg, del Estudio GF SA ante la consulta del equipo de ICIJ. “Se presentó un anteproyecto de la obra de Chinchero, pero nunca cobramos nada por el trabajo, solo gastos, porque la obra no se hizo”, aseguró Grinberg.

 

 

Andino asegura que la transferencia reportada como “sospechosa” corresponde a dos facturas emitidas por Estudio GF SA, con fecha 9 de enero de 2015, con el concepto: “Certificado Nº 1 LEED” para los planos del aeropuerto. La primera fue por USD 71.925.76 y la segunda factura USD 26.160 (total, US$98.085,76). El titular de Columbusnet SA, Sergio Polite, respondió por su parte que su financiera “debe abstenerse de revelar sus cliente y las actuaciones que se estén realizando”.

La pesquisa judicial

En Perú, las sospechas se ciñeron sobre el consorcio “Kuntur Wasi” (elegido para hacer el aeropuerto) tres años después de la firma del contrato por el aeropuerto de Cusco, cuando se aprobó una adenda que modificó las condiciones iniciales del financiamiento de la obra. Según un informe de la Contraloría General de Perú, la adenda podía perjudicar las arcas públicas al provocar “una variación en la asignación de riesgos financieros” con la mayoría de la carga sobre el Estado peruano y un presunto perjuicio de unos U$40 millones.

No sólo eso. Pese al replanteo contractual, las obras en el aeropuerto de Cusco -que ya deberían estar concluidas- nunca comenzaron y el Estado terminó por suspender el contrato. Tras esa decisión oficial, Corporación América acudió al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) y demandó al Estado peruano.

Para entonces, hacía cuatro meses que la fórmula presidencial Pedro Pablo Kuczynski – Martín Vizcarra había llegado al poder. Vizcarra tenía doble cargo: además de vicepresidente, era ministro de Transporte. Pero la firma de la adenda desató un escándalo que conllevó su interpelación en el Congreso y su posterior renuncia como ministro, aunque continuó como vicepresidente y terminó asumiendo la presidencia cuando Kuczynski dimitió por los coletazos del Lava Jato.

En ese contexto, un fiscal del equipo peruano del “Lava Jato” abrió una investigación con la hipótesis de que la adenda podría ser el resultado de negociaciones espurias. Ese primer fiscal terminó apartado de la investigación, pero antes llegó a allanar la sede de Proyecta & Construye y consideró que la firma podría haberse utilizado como una “sociedad pantalla” para pagar sobornos a los funcionarios peruanos que aprobaron los cambios en el contrato inicial.

Consultados por La Nación, desde Corporación América rechazaron de plano esa hipótesis y señalaron que la denuncia debe contextualizarse en las peleas partidarias que sacuden a Perú desde hace años. “Las transferencias de fondos a Proyecta & Construye fueron para financiar las etapas iniciales críticas del proyecto (estudios de ingeniería, costos de licitaciones, estudios ambientales)”, agregaron.

En tanto, la segunda fiscal del caso, Zoila Sueno, imputó a empresarios y funcionarios peruanos por presunta defraudación patrimonial al Estado. Según su acusación, la adenda era “lesiva” para el erario público peruano porque establecía que el Estado “asumía el riesgo por financiación de la obra”, algo que, en principio, iba a ser financiado por bancos internacionales.

 

Cusco

 

La investigación giró entonces en torno al financiamiento de la obra y a si la adenda de 2017 terminó perjudicando al Estado, algo que tanto Vizcarra como Andino y Corporación América han negado. Ante la consulta del equipo de ICIJ, Corporación América dijo que la adenda “no trajo cambios respecto del riesgo financiero” y que “el Estado salía beneficiado y no así el consorcio”. “Lamentablemente, como estas cuestiones se encuentran discutidas en el CIADI, no podemos dar información al respecto”, afirmaron. Desde Andino, en tanto, aseguraron que el Estado siempre debió hacerse cargo de una parte de la obra ($265 millones) y que la adenda “solo cambió el mecanismo de financiamiento”.

Con el paso del tiempo, el tramo inicial de la investigación por el presunto pago de sobornos se archivó en Perú. Pero continúa abierta la pesquisa por la adenda del contrato. Abarca a 13 personas, aunque entre los imputados no figuran ni Vizcarra, ni directivos de Corporación América.

En la Argentina, por su parte, la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) denunció a Corporación América ante la Justicia local en 2018, por el presunto delito de soborno transnacional. Consideró que la adenda del contrato “permitiría sospechar la falta de transparencia en las negociaciones previas a dicho acto”. La causa recayó en el juzgado de Daniel Rafecas, que delegó la investigación en el fiscal Eduardo Taiano. La fiscal peruana, incluso, llegó a viajar a Buenos Aires para intercambiar información con Comodoro Py.

A fines de 2019, sin embargo, el fiscal Taiano recomendó el archivo de la investigación local. Remarcó que “no se encuentran imputados ni investigados ninguno de los empresarios argentinos, sino solo los de nacionalidad peruana”. Aclaró, sin embargo, que no correspondía sobreseer a los argentinos denunciados por la Procelac porque parte de la investigación sigue su marcha en Perú.

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