Opinión

Qué hará la Corte Suprema

Eduardo van der Kooy

Periodista argentino, editor y columnista del diario Clarín

El Gobierno se esfuerza por condicionar a los jueces. Mientras, la crisis social se profundiza y la pandemia parece fuera de control

domingo 4 de octubre de 2020 - 2:33 pm

Columna originalmente publicada en Clarín

Las cifras de la economía son desoladoras. La pobreza trepó al 40,9%. Son 18,5 millones de personas. El PBI se desplomó 19,1% en el segundo trimestre. El desempleo alcanzó la tasa más alta de los últimos 15 años: 13,1% representa a casi 1,5 millón de trabajadores. Se trata, por desgracia, de una foto parcial. El desmembramiento de la Argentina parece más profundo y amplio. Envuelve a la sociedad. A las instituciones y al sistema político.

El Gobierno actúa en paralelo a esa precariedad. Apela a parches económicos que presenta como soluciones potenciales. Solo pretende cosechar dólares para no desfondarse. Las medidas colisionan siempre con el mismo escollo. La imposibilidad de progresar sin un mínimo soporte de confianza política y social. Esa virtud se evaporó en apenas nueve meses. Ni siquiera sirvió para fortalecerla el acuerdo de Martín Guzmán con los bonistas.

La crisis de las instituciones registró en la última semana varias referencias. La extrema tensión generada en la Corte Suprema por un desafío del Senado y del poder político. La ausencia del gobierno de Alberto Fernández en la conducción del peor momento de la pandemia. Esa ausencia es, en verdad, la del Poder Ejecutivo. Cristina Fernández está ajena desde el día uno de la cuarentena.

Para colmo, ante cada problema, un espíritu banal y deportivo acostumbra a invadir a la dirigencia. El Presidente se floreó con las filminas cantando en las primeras semanas el éxito contra el coronavirus. Ahora que se acumulan víctimas y contagiados, desapareció. Buena parte de la dirigencia de Cambiemos celebró como fiesta el fallo de la Corte Suprema que frenó por ahora los desplazamientos de los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli. Desde la vereda kirchnerista brotaron admoniciones contra los jueces que aún deben abordar el fondo del pleito.

¿Podría el máximo Tribunal dictar la sentencia definitiva sólo ajustada a derecho y prescindiendo de aquel paisaje hostil? Debería hacerlo. Pero Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Horacio Rosatti no habitan una cápsula. Forman parte indisoluble del conjunto. Necesitaron dos semanas de conciliábulos para encontrar un punto de acuerdo básico y expedirse. Frenaron el atropello del Senado y del Presidente que busca tumbar a tres magistrados que intervienen en causas de corrupción contra Cristina.

¿Alguien imagina cómo reaccionaría el Gobierno si la Corte ratifica en su próxima sentencia la estabilidad en la Cámara Federal de Bruglia, Bertuzzi? Nacería un conflicto de poderes de secuelas imprevisibles. ¿Y si llegaran a hacer lo contrario? Arreciarían las críticas de la oposición. Se reiterarán, tal vez, las protestas callejeras. Aumentará la sensación de intemperie en el Poder Judicial. Hay, a propósito, una radiografía ilustrativa de la actualidad en el último trabajo de la consultora ARESCO. Entre los votantes de Alberto los principales temas de preocupación son la economía y la Justicia. Entre los no votantes de Alberto, la corrupción.

La Corte solicitó su punto de vista sobre el conflicto al Consejo de la Magistratura y al procurador general. El primero se expidió rápido en contra de los jueces y Eduardo Casal se pronunció este sábado a favor de los magistrados. De allí que los cinco jueces están bocetando algún texto que encuentre un equilibrio entre el derecho y las demandas políticas y sociales. Dificilísimo.

Esas dificultades externas tienen correspondencia interna. La Corte debe conseguir, en cualquier caso, una mayoría que suele costarle una enormidad. La unanimidad lograda la semana pasada fue producto de la audacia de Rosenkrantz, que casi forzó la acordada, e infinidad de hilos subterráneos que se ocupó de hilvanar Lorenzetti.

El Presidente optó por el silencio después de haber interpelado públicamente a Rosenkrantz por su primera iniciativa. Cristina tampoco dijo una palabra. Las críticas, pobres como siempre, afloraron en segundas líneas. Pero la presión fluye. Uno de los interlocutores principales con la Corte es en estas horas Eduardo de Pedro, el ministro del Interior. Fuentes confiables aseguran que también funciona un canal entre Lorenzetti y Sergio Massa, el titular de la Cámara de Diputados. ¿La oposición habría sido dejada al margen? Parece que no.

Hay un puñado de ideas no consolidadas que circula en ambos bandos. Al menos Lorenzetti, Maqueda y Rosatti no estarían dispuestos a desdecirse de la acordada 7/2018 que validó el traslado de Bruglia a la Cámara Federal. Se aplicó además a Bertuzzi y Castelli. Es decir, la Corte podría conceder validez al total de 65 traslados realizados desde la década de los 90, que también practicaron Néstor Kirchner y Cristina. Una señal de previsibilidad para el funcionamiento de la Justicia.

Sin embargo, todas esas confirmaciones quedarían sujetas a la realización de concursos para cubrir los cargos. Se trataría, entonces, de una ratificación temporaria. Aunque la realización de concursos insumen mucho tiempo. Claro que en los casos de Bruglia y Bertuzzi existe una particularidad: el concurso fue hecho. En la grilla figura una mayoría de jueces con chances de ingresar a la Cámara que son afines a Cristina.

Tal salida descubre costados conflictivos. ¿Podrían Bruglia y Bertuzzi objetar aquel concurso por no haber podido intervenir? Si fuera desestimada la pretensión. ¿Se lanzará el Consejo de la Magistratura a sus reemplazos inmediatos? De cajón. Es lo que desea la vicepresidenta. Pero hay un obstáculo: el oficialismo no dispone hoy de los dos tercios necesarios para hacerlo. Puede resultar clave, de nuevo, el voto de la diputada Graciela Camaño. Que, en instancia anterior, habilitó la presente discusión.

La complejísima agenda de la Corte Suprema tiene un adicional. Debe considerar la medida cautelar del jefe de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, por la quita de fondos que hizo el Presidente mediante un decreto para solucionar la rebelión policial en Buenos Aires que jaqueó a Axel Kicillof. No sería descabellado que los jueces hagan lugar al pedido hasta que resuelvan el fondo del asunto. Hay un antecedente: cuando Mauricio Macri quitó el IVA a los alimentos de la canasta básica (2019). Trece provincias accionaron por tratarse de un impuesto coparticipable. Los cortesanos le dieron la razón. Cristina presentiría algo: por esa razón apuró en el Senado el proyecto que contempla otra quita de fondos a la administración de su enemigo, Rodríguez Larreta.

El Gobierno apuesta sus fichas y energías a esos temas que, en todos los casos, significan un distanciamiento con la oposición y un ensanche de la grieta. Vale reparar de nuevo en el trabajo de la consultora ARESCO: refleja en septiembre una caída de Alberto de 9 puntos en su valoración por su tendencia a la confrontación, arrastrado por Cristina. Sus valores siguen siendo buenos si se considera la profundidad de la crisis y la persistencia de problemas irresueltos.

Uno de esos problemas vertebrales es, sin dudas, la pandemia y la cuarentena. En tiempos de esplendor, cuando dedicaba tiempo a la gestión en una escena de armonía, el Presidente afirmaba que prefería la caída de la economía antes que los muertos por la enfermedad. En los 200 días de confinamiento suceden ambas cosas en dimensiones impensadas meses atrás.

Parece inexplicable aquella prescindencia de Alberto. También empieza a serlo la magra gestión del Ministerio de Salud. Y la falta de coordinación entre distintas áreas del Gobierno para atender una cuestión -el virus- que se desparramó en todo el país. La fortaleza tendida en torno al ámbito metropolitano fracasó.

La oposición señaló con criterio dos aspectos. Las dificultades de circulación en el país, sobre lo cual el Gobierno hace poco. La lentitud para poner en marcha un plan educativo que permita retomar alguna normalidad a los alumnos confinados. Con respecto al primer problema suceden cosas inconcebibles. San Luis, en el corazón geográfico de la Argentina, es una provincia blindada que obstaculiza todo. Ni hablar de la pareja fueguina a la cual diez veces se le impidió el acceso a la provincia mientras un familiar fallecía.

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, ensaya con la Ciudad algunos planes para que unos cuantos alumnos puedan volver a clases presenciales. Ha conversado, incluso, con sus pares de Italia y España para conocer los protocolos que se aplican allá. Pero choca con la resistencia del kirchnerismo y de los gremios docentes. No puede habilitar prácticas en la Ciudad hasta que Buenos Aires no esté en las mismas condiciones. Lo fuerzan a abrir los establecimientos por las elecciones en Bolivia.

Resulta evidente que la estrategia sanitaria general falló. Por la cantidad de contagios y también los muertos. Alberto había dicho que la sociedad argentina no toleraría 10 mil. Ya está en el doble. Con proyección poco auspiciosa. De repente, Buenos Aires informó que tenía 3.050 fallecidos no computados. Quizá exista también un subregistro en el resto del país.

El Gobierno siempre hurga alguna excusa. Explica que aquel subregistro también sucedió en el mundo. Es cierto: se puede citar a Bélgica, Italia, España y Gran Bretaña. Pero fue consecuencia del colapso sanitario. Que aquí, por fortuna, todavía no ocurrió.

Los motivos serían otros. La ineficacia de un Estado que el kirchnerismo se empeña en levantar como herramienta salvadora. Las miserias políticas aún en medio del drama. Habrá que ver cómo será la evaluación popular cuando la pandemia merme. Con la parva de muertos. Y la postal de las ruinas.

 

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