Opinión

El doble standard del Kirchnerismo para defender la dictadura venezolana

Alan Abud

Licenciado en Gobierno y Relaciones Internacionales y estudiante de Dirección de Negocios Globales. Escribe artículos de opinión sobre política nacional e internacional en su página de Instagram @minutocanciller_

La Cancillería Kirchnerista volvió a dar la nota por sus actuaciones. Esta vez el foco recae sobre el Embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, quien el último martes rechazó ante dicho organismo el informe de la ONU que probaba la sistemática violación de DDHH en Venezuela.

jueves 1 de octubre de 2020 - 10:40 am

La Cancillería Kirchnerista volvió a dar la nota por sus actuaciones. Esta vez el foco recae sobre el Embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Carlos Raimundi, quien el último martes rechazó ante dicho organismo el informe de la ONU que probaba la sistemática violación de DDHH en Venezuela.

La medida pone fin a un vaivén de declaraciones sobre la situación política del país caribeño. Distintos funcionarios del gobierno del Frente de Todos se encargaron de dar declaraciones vacías, ambiguas y contradictorias para evitar sentar una posición sobre la situación de Venezuela y tener que asumir un costo político mayor. Rechazando este documento, el gobierno muestra su apoyo al gobierno venezolano y ahora la cuestión pasa por cómo defenderlo sin que parezca que lo está haciendo.

El informe en cuestión, elaborado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, arrojó resultados terroríficos: en las 21 páginas, se señala al dictador Nicolás Maduro y sus ministros, Vladimir Padrino López, de Defensa, y Néstor Reverol, del Interior, como figuras determinantes en graves crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad del país. A su vez, La Misión que viajó a Venezuela para investigar, constató numerosos actos de tortura y otros malos tratos entre los que se destacan: fuertes golpizas, asfixia con sustancias tóxicas y agua, violencia sexual y de género, incluida la desnudez forzada y violación, descargas eléctricas y torturas psicológicas.

El informe también asegura que “La Misión tiene motivos razonables para creer que algunos opositores políticos y personas asociadas a ellos fueron objeto de desaparición forzada de corta duración durante el período examinado.

Ante tamañas violaciones a los DDHH, aquellos que dicen defenderlas rechazaron dicho informe amparándose en una catarata de justificativos ideológicamente sesgados. Raimundi sostuvo que “hay una apreciación sesgada desde el punto de vista político de lo que son las violaciones a los derechos humanos”. Esta justificación demuestra la incompetencia de quien nos representa en la OEA. Quien presentó el informe fue Michelle Bachelet -ex presidenta de Chile-, una mujer de izquierda y que ha sufrido de primera mano las violaciones a los DDHH. Durante la dictadura de Pinochet en Chile, su padre fue asesinado por haber sido funcionario del gobierno socialista de Salvador Allende y ella se vio obligada a huir a Europa. Por lo que nadie puede dudar de su idoneidad para tratar estos temas.

A su vez, tan solo dos meses atrás, el Presidente, Alberto Fernández, manifestó su añoranza de que Bachelet no fuera en este momento la presidenta de Chile (lo fue durante 2006-2010 y 2014-2018). Por lo que nadie en el gobierno puede acusarla de ser una funcionaria del “imperialismo yankee” ni ninguna de esas payasadas que usan de comodín para deslegitimar algo que no se condice con lo que defienden. Sin embargo, Raimundi fue capaz de afirmar que había una “apreciación sesgada”.

Quien sí parece tener una apreciación sesgada es el propio Raimundi, quien siempre se mostró como un ferviente defensor del gobierno chavista y hasta incluso sostuvo en un canal de televisión del gobierno venezolano (por si quedaban dudas de su vínculo con el chavismo) que la gestión de Macri “violó todos los DDHH sistemáticamente”.

Continuando con su discurso, en un intento de correr el eje de la cuestión y en de defensa del gobierno de Maduro, el embajador argentino llegó a sostener que “Venezuela ha sufrido un fuerte asedio de intervencionismo” y que “hubo amenazas de intervención, operativos y cortes de energía a las centrales que han generado serias cuestiones de violación a los derechos humanos”. Aunque es absolutamente falso lo que menciona (las sanciones económicas comenzaron mucho después de que la producción de petróleo venezolano comenzara a caer, entre otras cosas), de haber sido cierto, ¿eso amerita todas las violaciones de DDHH perpetradas desde el gobierno y sus instituciones?

En la tercera de las justificaciones insólitas, el embajador argentino puso en duda la veracidad de las denuncias de violación a los derechos humanos por parte del régimen de Maduro al sostener que el informe del Ministerio Público de Venezuela “no coincide en muchos de los relatos aquí escuchados”. Sí, el propio gobierno acusado de torturas, violaciones y asesinatos va a tomar nota de cada una de las torturas, violaciones y asesinatos que comete. Eso implica que los paladines de los derechos humanos deberán dejar de reconocer los 30.000 desaparecidos en el último proceso militar porque ningún documento oficial de esa época alcanza ese número ¿o acaso hay estadísticas y “estadísticas”?

Sorprende también que, cuando apenas había desaparecido Santiago Maldonado, los sectores más radicales del Kirchnerismo ya realizaban conjeturas sobre la pérdida del estado de derecho mucho antes de que comenzaran las pericias. Sin embargo, respecto al contundente informe del Alto Comisionado, hacen la vista gorda, ya que Venezuela es democrático y aquí no ha pasado nada.

Lo sucedido el martes pasado es para encender las alarmas en Argentina también. El gobierno minimiza, desconoce, serias violaciones a los DDHH patrocinadas por el aparato estatal ¿Quién asegura que eso no pueda suceder aquí? Si es el propio gobierno el que está negando por un lado y justificando por el otro lo que hacen sus pares venezolanos.

Un dato de color: exceptuando a las islas del Caribe, de los doce países que reconocen, junto a Argentina, al gobierno de Nicolás Maduro, once no son democráticos y tienen acusaciones de atentar contra los derechos humanos.

En un país en el que todo se devalúa, nuestra imagen como defensores de los DDHH no es la excepción. La semana que viene los estados deben emitir opinión sobre el informe en Ginebra, esperemos haya una rectificación.

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