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Política

Quién es la novia y asesora de Juan Ameri, el diputado del escándalo

Se trata de Celeste Burgos. La joven protagonizó junto al funcionario el video de la polémica en medio de una sesión de la Cámara baja

Luego de que el diputado Juan Ameri manoseara a su mujer y asesora Celeste Burgos en medio de una sesión de la Cámara de Diputados vía Zoom, el legislador presentó su renuncia que fue aceptada por amplia mayoría. Además, el hombre se disculpó y reveló estar “muy avergonzado”.

Según el propio protagonista, la pareja sufrió un ataque de llanto por haber estado tan expuesta delante de todos los legisladores presentes y, ahora, todo el país. La pareja del diputado dio de baja todos sus perfiles en sus cuentas de las redes sociales.

También se aclaró que Celeste es mayor de edad, aunque tiene al menos 20 años menos que el diputado.

Según señala Expediente Político, mientras Ameri daba en 2019 sus primeros pasos legislador, su pareja recién se recibía de la Universidad Nacional de Salta.

El legislador de 47 años es porteño, se radicó en 2011 en la provincia del norte del país y comenzó a militar en la agrupación El Aguante.

Ameri es padre de tres hijas Constanza, Evita y Malvina, producto de su relación con su ex pareja Alejandra Escudero, quien también militaba en El Aguante.

Política

En un guiño a la CGT Alberto Fernández le giró $7.390 millones a las obras sociales

Se trata de una parte de un desembolso total de 11 mil millones de pesos destinados a financiar los gastos extra que debieron asumir por la pandemia

En el día de ayer el Gobierno dio paso al cumplimiento de la Decisión Administrativa 894/2021 publicada en el Boletín Oficial el 7 de septiembre que establecía un reajuste en las partidas presupuestarias. Según las planillas anexas de esa resolución, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS), órgano de control de obras sociales y prepagas, recibió una “contribución de la Administración Central para financiar gastos corrientes”.

Según consigna el medio Ámbito, la medida consiste en comenzar a cumplir con una promesa que el presidente, Alberto Fernández, le había hecho a la CGT para solventar los gastos extra que tuvieron que asumir las obras sociales por la pandemia. En este sentido, las prestadoras de salud sindicales esperan recibir en lo que resta del año más de 11 mil millones de pesos luego de haberle presentado su estructura de costos.

Parte de esa “deuda” que contrajo el presidente, la saldó en el día de ayer cuando destinó 7.390 millones de pesos para que sean distribuidas entre las obras sociales. De esta forma, en Casa Rosada quedará pendiente transferir cerca de $4.000 millones.

Los fondos enviados, según consigna el mismo medio, surgen de un recorte de presupuesto realizado a los ministros de Educación y Transporte ya que se considera que ese dinero esta destinado a cubrir las prestaciones por esos rubros dadas por las entidades de salud de los gremios: traslados, movilidad y servicios educativos para discapacitados.

El Gobierno manejó esta reasignación con mucho secretismo y así lo evidencia esta Decisión Administrativa ya que el desembolso aparece al fondo de las planillas de la misma. En concreto, en la página 206 de las 208 que tiene el Anexo I de la norma que postula que “resulta necesario modificar el presupuesto vigente de la Superintendencia de Servicios de Salud, organismo descentralizado actuante en la órbita del Ministerio de Salud, a los efectos de afrontar parcialmente los incrementos del mecanismo de integración que cubre las prestaciones médico-asistenciales previstas en el Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad”.

Fuente: Ámbito Financiero

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Política

La fuerte amenaza de Mario Ishii contra la prensa: “Un día el pueblo se va a levantar contra los medios”

El intendente de José C. Paz cuestionó la cobertura periodística de la pandemia y apuntó contra quienes criticaron a Alberto Fernández.

Noticia en desarrollo…

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Política

Encontraron muerto a Carlos Liñani, uno de los procesados por extorsiones al exsecretario de Cristina Kirchner

La Policía de la Ciudad lo encontró sin vida en su departamento. Los vecinos habían alertado por un escape de gas

Carlos Liñani, procesados por la Justicia Federal de Dolores en la causa por las extorsiones a Pablo Barreiro, el exsecretario de Cristina Kirchner, y ligado al falso abogado Carlos D’Alessio, fue hallado muerto anoche en su departamento de Palermo. Las investigaciones preliminares indican que se suicidó: estaba tirado en el piso del living y junto a su cuerpo exánime había una manguera conectada a un caño flexible de gas y, en la punta, una mascarilla. Además, dejó varias cartas en las que habría dejado explicados a sus allegados los motivos de la trágica decisión.

Liñani había sido procesado por el exjuez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla como integrante de una asociación ilícita que, entre otros hechos extorsionó a Pablo Barreiro, hijo de Ricardo Barreiro, el “jardinero” de los Kirchner que había estado preso en la causa de los cuadernos de la coima.

En una renunión entre los hijos de Barreiro y Liñani, este último fue en representación de D´alessio, les alertó que “era inminente la detención de su padre (Pablo Barreiro). Los hijos de Barreiro sospecharon de la situación y lo grabaron. En esos audios, que terminaron en poder de la Justicia, Liñani se adjudicaba una relación con el fiscal Carlos Rívolo, que lo terminó denunciando. Por ese episodio, Liñani fue procesado por el juez Sebastián Casanello por el delito de “defraudación con influencia mentida en grado de tentativa”. El fallo luego fue confirmado por la Cámara Federal.

Ramos Padilla procesó a Liñani en agosto e 2019 como un miembro secundario de la banda de D’Alessio. “Liñani, en razón de su experiencia y actividad en comercio exterior, desempeñaba un rol específico en la organización en particular en torno a los planes de la organización respecto de la denominada ‘mafia de la aduana’ o ‘mafia de los contenedores’, ya que podía utilizar sus especiales conocimientos en la materia para actuar con visos de mayor legitimidad frente a las víctimas y otorgar mayor verosimilitud a las intimidaciones que formaban parte de la batería de recursos que eran utilizados para el desarrollo de ciertas operaciones, alegando vínculos propios o de otros miembros de la organización con la Agencia Federal de Inteligencia, la Embajada de los Estados Unidos, funcionarios de la Aduana, magistrados y periodistas”, consta en esa resolución.

 

Con información de Infobae

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