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Les avisaron que su abuela había muerto por Covid-19, la velaron y un día después les dijeron que estaba viva

El hecho ocurrió en Mendoza y la familia evalúa realizar una denuncia contra la clínica ante la Justicia; aún se desconoce la identidad de la persona que fue sepultada

La clínica Santa María, Mendoza, comunicó a la familia de María Dora Garro, de 71 años, que había fallecido por la enfermedad Covid-19 y luego les acercó el acta de defunción y un cajón con un cuerpo que fue sepultado pero al día siguiente la institución notificó a los parientes de la mujer que estaba viva.

“Hace diez días mi tío llevó a mi abuela a su médico de cabecera de la Clínica Santa María por un fuerte dolor de espalda. La revisaron y la mandaron a la casa con medicación. El día lunes 7 de septiembre mi abuela estaba con un fuerte dolor de pecho, por lo que decidieron volver a llevarla a la clínica. La dejaron internada diagnosticándole principio de neumonía. Desde ese día no pudimos volver a verla”, escribió la familia de María Dora en un descargo en la red social Facebook.

En el comunicado, los miembros de la familia explican que “El jueves 10, a la 01:30, recibimos el llamado con la noticia de que mi abuela había fallecido. En su acta de defunción dictaba fallecida por COVID-19, entre otras. Con todo el dolor del alma, ese mismo día, aproximadamente a las 15:30, la enterramos, sufriendo el trauma y el dolor de esa situación”.

“Nos dieron un ataúd cerrado y solo pudimos estar en la morgue unos minutos”, sostuvo uno de los hijos de la mujer al medio Los Andes. Por su parte, la hija de Garro aseguró que su madre nunca dio positivo de coronavirus.  “Le hicieron dos hisopados y ambos les dieron negativos. Lo único que ella tiene es neumonía”, explicó.

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Según su familia, la mujer “sigue internada, recuperándose” mientras la identidad de quien fue sepultado en la ceremonia de los Garro aún no fue confirmada.

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Juicio por la obra pública: la Fiscalía desvinculó a Alberto Fernández y a Sergio Massa de las irregularidades

El fiscal Luciani sostuvo que “seria desacertado inferir que los ex jefes de gabinete hayan podido recibir ordenes de sus superiores jerárquicos, Néstor y Cristina Kirchner” y afirmó que “la obra pública ya venía dirigida desde un nivel anterior a las intervenciones de estos funcionarios”.

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continúan hoy con sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por las obras pública al empresario Lázaro Báez.

Será después que el Tribunal Oral Federal 2 rechazó las recusaciones de la defensa de la ex presidenta y de otros acusados a los fiscales y a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.

Respecto a los entonces funcionarios a cargo de la jefatura de Gabinete, la Fiscalía desvinculó de los hechos a quienes fueron los jefes de Gabinete de Cristina Kirchner durante sus dos presidencias. Se trata del actual presidente Alberto Fernández, del ministro de Economía Sergio Massa, del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, del gobernador de Chaco, Jorge Capitanich y de Juan Manuel Abal Medina.

“Seria desacertado inferir que los ex jefes de gabinete hayan podido recibir ordenes de sus superiores jerárquicos, Néstor y Cristina Kirchner, a los fines de direccionar o beneficiar a Lázaro Báez. Esto es así porque la obra púbica ya venía dirigida desde un nivel anterior a aquellas limitadas intervenciones que tenían los jefes de gabinete”, sostuvo el fiscal.

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El presidente Alberto Fernández, Sergio Massa, junto a los demás extitulares de la jefatura de Gabinete,  declararon como testigos en el juicio como “encargados de firmar las modificaciones de partidas presupuestarias, entre ellas las de las obras de Báez”. Todos describieron el mecanismo de adjudicación de las partidas presupuestarias y descartaron que Cristina Kirchner haya cometido irregularidades.

Para el Ministerio Público Fiscal “hubo una decisión de no controlar nada, en cada etapa, en cada proceso de las licitaciones otorgadas al grupo Báez, miraron para el costado”. Sólo auditaron “gastos vinculados a viáticos mientras frente a sus narices pasaba una manada de elefantes, nos referimos a obras millonarias que nunca controlaron”, agregó la fiscalía.

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Juicio por la obra pública: para los fiscales “hubo una decisión de no controlar nada” por parte del poder Ejecutivo

Se realiza la séptima audiencia durante la cual el Ministerio Público Fiscal presenta sus pruebas contra la vicepresidenta y el resto de los acusados

Los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola continúan hoy con sus alegatos en el juicio oral a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, por las obras pública al empresario Lázaro Báez.

Será después que el Tribunal Oral Federal 2 rechazó las recusaciones de la defensa de la ex presidenta y de otros acusados a los fiscales y a los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Jorge Gorini.

El fiscal tomó como punto de inicio la partida presupuestaria destinada a los contratos viales adjudicados a Lázaro Báez y sostuvo: “Entiende este Ministerio Público Fiscal que las posibilidades de control de acuerdo a la información que el Poder Ejecutivo informó al Congreso, fue nulo”. Al respecto, volvió a insistir en una asignación “discrecional” de recursos a Lázaro Baez.

El Ministerio Público Fiscal sostuvo en sus alegatos que “con la escasa información, cargada de opacidad que el Poder Ejecutivo remitió al Congreso era imposible ejercer un control real” y enfatizó que “lisa y llanamente le mintieron a los legisladores”. “Nada de lo que sucedió a Santa Cruz con las obras públicas viales adjudicadas a Báez llegaba a manos de los empleados de carrera responsables del control de los presupuestos desde la Oficina Nacional de Presupuesto (ONP)”, continuó el fiscal Diego Luciani.

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En este aspecto, derrumbó uno de los argumentos de la defensa de la vicepresidente, que asegura que todos los presupuestos para obras públicas fueron aprobados por oficialismo y oposición el congreso: “Aplicaron un apagón informativo al Congreso desde el Poder Ejecutivo, el presupuesto no tuvo modificaciones cuando fueron votados durante esos años”, sentenció. “Es falaz el argumento de querer extender la asociación ilícita a todo el Congreso por votar esas leyes que contaba con serias falencias informativas por parte del Poder Ejecutivo”, agregó.

Más tarde tomó la palabra el fiscal Sergio Mola quien sostuvo que se montó un sistema que revestía de control la asignación de obra pública, cuando nada de ello ocurría: “Organizaron la maniobra de modo tal que todo aparentaba tener controles desde los organismos estatales”. Al respecto detalló: “En aquellos funcionarios por ejemplo de la AFIP que realizaban su trabajo de manera eficiente, hubo un directa intervención por parte del Ejecutivo en desmedro de las funciones investigativas, un claro hostigamiento y corrimiento de sus funciones”. Respecto a los organismos del Estado “se hizo caso omiso a todas y cada una de las alertas que se presentaron y que posibilitaron el desarrollo de la maniobra delictiva”.

Para el Ministerio Público Fiscal “hubo una decisión de no controlar nada, en cada etapa, en cada proceso de las licitaciones otorgadas al grupo Báez, miraron para el costado”. Sólo auditaron “gastos vinculados a viáticos mientras frente a sus narices pasaba una manada de elefantes, nos referimos a obras millonarias que nunca controlaron”, agregó la fiscalía.

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Uno de los responsables de auditar las obras era la Sigen pero nada de ello ocurrió: “Designaron en el organismo que debía controlar, entre otras cosas, las obras bajo la órbita del Ministerio de Planificación que dirigió Julio De Vido, a su esposa Alessandra Minnicelli: el mensaje fue claro”, dijo el fiscal Mola. Luego, volvió sobre ese planteo y añadió: “El mensaje fue que no se iba a controlar nada y es lo que ocurrió”.

Mola insistió: “Podemos concluir que no existió respecto de estas obras el control correspondiente a pesar de que ese ámbito, el de la obra pública, se trata de un área especialmente riesgosa para la corrupción. Solo se relevaron las rutas nacionales y no las provinciales. No se realizaron controles de calidad de obras, eran auditorias express”.

Según el cronograma establecido por el Tribunal los fiscales tienen nueve audiencias de alegatos, por lo que le quedarían tres. El fiscal Luciani dijo en la primera audiencia que usaría todas y que tal vez requiera más. Todavía formalmente no hizo ningún pedido.

Causa contra Milagro Sala: ante la Justicia, “Shakira” apuntó a “una decena de propiedades”

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Causa contra Milagro Sala: ante la Justicia, “Shakira” apuntó a “una decena de propiedades”

Frente al fiscal federal de Jujuy, Mirta Guerrero dijo que la líder de la Tupac adquirió esos inmuebles en la provincia y en la Ciudad de Buenos Aires. También mencionó autos y testaferros

Mirta “Shakira” Guerrero, una ex colaboradora de Milagro Sala en la agrupación Tupac Amaru, formuló importantes revelaciones ante la justicia federal en el marco de una causa por lavado de activos, al acogerse a la figura del “arrepentido” o imputado delator.

La protagonista aportó datos al fiscal Diego Funes sobre una decena de propiedades en Jujuy y otras Capital Federal, una flota de vehículos a nombre de familiares de Sala y personas de su entorno que oficiaron de posibles testaferros. E hizo revelaciones sobre rutas de presunta exteriorización (lavado) de fondos ilegales por parte de Sala y su entorno.

Aún resta la homologación del juez del caso, pero Funes ya comenzó a trabajar en la corroboración de la información aportada por Shakira para ir por “el decomiso de bienes” y una “ampliación de las acusaciones” contra Sala, indicaron fuentes judiciales al diario Clarín.

Esta delación, a la que se sumó otro “arrepentido” en el marco de la misma causa por lavado que enfrenta Guerrero, se desprenden la megacausa por corrupción que tiene como principal acusada a Milagro Sala.

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En ese expediente que tramita en la justicia federal de Jujuy se investiga un desfalco de 700 millones de pesos, una maniobra que alcanzó en la instrucción al ex gobernador Eduardo Fellner. Las operaciones de fraudatorias ocurrieron entre 2011 y 2015.

La Justicia rechazó las recusaciones de Cristina Kirchner contra los jueces y fiscales en la causa Vialidad

En ese expediente, Sala está procesada por defraudación al Estado y asociación ilícita. La causa analizó el Programa Federal de Integración Sociocomunitaria, a través del cual se debían construir 1.836 viviendas.

Las obras estaban a cargo de un conjunto de cooperativas vinculadas a la organización Tupac Amaru. Por un lado, la justicia detectó que parte de esos inmuebles se abonaron con adicionales.

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Y, por otra parte, que una cierta cantidad de casas quedaron inconclusas. Estas irregularidades refuerzan la acusación por una megadefraudación al Estado.

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