Política

El kirchnerismo impulsa una “Ley de Víctimas” que incluye reducción de penas y liberación de presos

Bajo la excusa de adecuar el Código Procesal de la provincia de Buenos Aires a la Ley de Víctimas, los senadores bonaerenses, bajo la tutela del ministro Julio Alak, quisieron introducir normas abolicionistas

lunes 31 de agosto de 2020 - 11:27 am

“Estas modificaciones al código procesal penal que introdujo el Frente de Todos, ¿qué tienen que ver con las víctimas? Nada. Absolutamente nada. Hay un despacho de minoría que se titula Ley de Víctimas y que lo único que propugna es la impunidad de los victimarios”, denunció el abogado y referente de la ONG Usina de Justicia, César Mayer, al hacer referencia al intento de los senadores bonaerenses del Frente de Todos por imponer la semana pasada cambios al Código Procesal de la provincia, bajo la excusa de adecuar el mismo a la Ley de Víctimas.

La denominada “Ley de Víctimas” fue aprobada en el Congreso Nacional en 2017 y todas las provincias deben, o bien adoptarla, o readecuar su Código Procesal Penal para incluir esta normativa, que busca que se represente la voz de la víctima del delito durante las instancias judiciales. El despacho de mayoría -elaborado en conjunto por senadores y diputados de Juntos por el Cambio, previa consulta con otras fuerzas políticas y con las asociaciones de víctimas, promotoras de la Ley a nivel nacional- buscaba “garantizar y asegurar a las personas humanas y/o jurídicas que individual o colectivamente fueran víctimas de presuntos hechos ilícitos que originen un proceso penal el asesoramiento, asistencia jurídica, representación en el proceso y protección personal en todas las etapas procesales del mismo, en caso de petición expresa”.

Sin embargo, tal como reconstruyó la periodista Claudia Peiró para Infobae, en la sesión de la semana pasada, cuando se debía someter a votación el dictamen, el senador del Frente de Todos Francisco Durañona abandonó la reunión por Zoom que él mismo presidía. Previamente, el kirchnerismo había elaborado un dictamen de minoría que introducía una serie de normas para beneficiar a los victimarios y no hace un sola mención al rol que podrán tener las víctimas al momento de judicializar sus denuncias.

La birome detrás de los cambios en este despacho de minoría -y que se detallarán a continuación- fue la del ex ministro de Justicia Julio Alak, quien se desempeñó en este cargo durante los dos períodos de Cristina Fernández de Kirchner al frente del Ejecutivo. Ahora, Alak se desempeña como ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires.

¿Qué cambios quiso introducir el kirchnerismo?

“¿Cuál es el meollo del despacho de minoría? – se preguntó César Mayer en su intervención ante los senadores-. Conformar un combo bajo el título de Ley de Víctimas y meter por la ventana una cantidad de normas modificatorias del Código Procesal Penal, de características totalmente abolicionistas, que tienen por único propósito dejar a miles de presos en la calle”.

Y enumeró algunas “normas insólitas”, incluidas en el despacho kirchnerista: “Si el imputado viola la prisión domiciliaria, el juez tampoco lo puede mandar a detención o prisión preventiva”. Por si no bastara, otras cláusulas determinan la domiciliaria para todos los condenados a 6 años de prisión, una vez cumplidos 3; y lo mismo respecto de todos los condenados a 3 años de prisión, cuando hayan cumplido uno. 

En otro caso, explicó que si la víctima pide la prisión preventiva para el victimario, deberá pagar una fianza: “Por ejemplo, al particular damnificado -la víctima que se ha presentado en el proceso-, para pedir la detención o la prisión preventiva de su victimario, le van a exigir que constituya una fianza, una contracautela. O sea, para pedirle al juez va a tener que poner plata, ofrecer un bien a embargo”.

Y siguió: “Si el fiscal pide una detención o una prisión preventiva, se le ordena al juez que siempre sustituya esa medida por otra menos gravosa, no importa el delito cometido, ni la prueba que haya contra el imputado: siempre la tiene que sustituir por otra que no implique la detención”. Ahora bien,  “si un fiscal solicita el cese de una detención o de una prisión preventiva, este pedido es inmediatamente vinculante –obligatorio- para el juez”.

Por último, Mayer denunció que en el despacho de minoría que sacó el kirchnerismo, buscaban imponer una cláusula que determina que cuando haya una audiencia para definir medidas cautelares, se prohíbe la lectura de la requisitoria y de cualquier información relativa al imputado. “Sólo se puede leer el número de causa y el nombre del imputado -señaló Mayer-; es decir, al juez que debe decidir sobre la excarcelación o morigeración de pena el delito se le oculta la calificación de conducta, el comportamiento del interno en prisión, si ha cometido nuevos delitos, etcétera”.

Tal como explicó la periodista Peiró en Infobae, finalmente esta postura del kirchnerismo no avanzó en el Senado. Al contrario, el dictamen de mayoría elaborado por Juntos por el Cambio en un trabajo conjunto con asociaciones de víctimas, fue el que finalmente avanzó en la Comisión de Legislación General, tras la abrupta salida del Zoom por parte de los senadores del Frente de Todos.

Pero a posteriori los senadores kirchneristas objetaron el procedimiento. Se acordó entonces que este lunes haya una nueva sesión. Si hay acuerdo, hoy se volverá a votar el texto de mayoría, con la presencia de la bancada del Frente de Todos, y alguna leve modificación. Pero si no hay acuerdo, se dará por válida la votación de la semana pasada.

COMENTARIOS