Reforma Judicial

La cláusula maldita

Mónica Gutiérrez

Periodista y Licenciada en comunicación social UNR

Oscar Parrilli introdujo al proyecto de reforma judicial una modificación que según la oposición compromete la libertad de expresión. ¿Alberto Fernández se cargará un nuevo Vicentin?

sábado 22 de agosto de 2020 - 5:43 pm

Columna publicada originalmente en Infobae

Cada uno ve lo que quiere ver. Cada maestrito con su relatito. Esta es la grieta en su versión más aguda. Muchos cavando para profundizar. Muchos entregados a confirmar el propio sesgo. Sin margen para repensar el escenario, los extremos tensionan como nunca. A los que vienen del pasado reciente les conviene sostener este estado de cosas. Poco margen para los consensos y la moderación. Juegan con fuego.

El Gobierno se encerró en la negación. Lo dijo el mismísimo Presidente: “No nos van a doblegar los que gritan. Los que gritan suelen no tener razón y nosotros sabemos a qué vinimos”. La idea es ir a fondo. Con la reforma judicial, claro. De eso se trata. La misma a la que ahora Oscar Parrilli le inoculó una cláusula maldita.

Oscar Parrilli en comodoro Py.
Foto Federico Lopez Claro

En la masiva marcha del 17 solo se permiten ver una movida macrista y mediática con intencionalidad estrictamente política. Sostienen que el autor intelectual de la protesta es el ex Presidente. Le atribuyen la audacia política de transgredir lo legal sacando gente a la calle en plena cuarentena. Es la única lectura que le dan a la masiva irrupción de gente ganando la calle. Del creciente malestar en la sociedad, ni registro.

Si bien desde este sector se admite que una protesta siempre erosiona y que si la pandemia se estira la oposición va a captar al sector más volátil del electorado, se aferran a la idea de que también cohesiona la base social del Frente.

Macri convalida celebrando alegremente desde su “nueva normalidad”. Mira la realidad desde Suiza y comparte sus consideraciones vía Zoom. Se siente dueño del 41%. Cero autocrítica.

Hasta los talibanes de Juntos por el Cambio dejan traslucir una creciente incomodidad por la confortable distancia en la que se resguarda el ex presidente. Tampoco Macri parece estar registrando qué pasa con la gente. Ni siquiera con la que lo votó. Cero empatía.

El empeño del Gobierno por avanzar con la controvertida reforma judicial dinamita toda posibilidad de búsqueda de acuerdos con la oposición en orden a enfrentar la dramática situación que atraviesa el país mientras corre sin respiro ni tregua alguna la pandemia. Por alguna razón, que algunos creen es complacer el apremio de su compañera y electora, Alberto va para adelante sin miramientos.

Mario Negri reniega de la anosmia. “Guarda, esto huele a 125, hay olor a Vicentin”, advierte. El jefe del bloque de la oposición en la Cámara baja ve venir otra refriega parlamentaria capaz de reeditar el infierno del 2008, debilitando a la política en su conjunto.

Para Negri, la “cláusula Parrilli” es la frutilla del postre, la que le pone el sello distintivo del kirchnerismo, el resultado de un capricho.

Oscar Parrilli, que es Cristina Kirchner, se salió con la suya y redobló la apuesta metiendo un concepto venenoso en el cuerpo de la ley.

El artículo 72 en su inciso e dice que los jueces deben “comunicar en forma inmediata al Consejo de la Magistratura de la Nación cualquier intento de influencia en sus decisiones por parte de los poderes políticos, económicos o mediáticos, miembros del Poder Judicial, Ejecutivo o Legislativo, amistades o grupos de presión de cualquier índole, y solicitar las medidas necesarias para su resguardo”.

Para Luis Naidenoff la introducción de la idea de la presión de los poderes mediáticos es un acto concreto de amedrentamiento contra los periodistas que pone en riesgo la libertad de expresión. No solo evidencia la obsesión del cristinismo para con los medios y la Justicia sino que cierra con el relato del lawfare al sostener la idea de una instrumentación conspirativa mediática y judicial de la persecución política.

Según el senador, el artículo habilita al Consejo de la Magistratura a denunciar judicialmente a quien publique información que algún magistrado interprete como una presión mediática sobre un trabajo. Una forzada y dañina extravagancia. Casi impracticable, pero absolutamente intimidatoria.

La ley, que comenzará a tratarse la próxima semana, tiene el paso garantizado en el Senado pero su tratamiento se complica en Diputados. La oposición ya adelantó que rechaza con fuertes argumentos el tratamiento.

Por fuera del criterio de oportunidad para el debate de un tema tan sensible en plena pandemia y sin consenso alguno, la mayoría encuadra el apuro en las urgencias judiciales de CFK y los suyos. Otros dicen que apunta a “colonización de la Justicia” con la designación de subrogantes para cargos que aún no existen.

Sin entrar en estas razones, Graciela Camaño, legisladora lavagnista e integrante del Consejo de la Magistratura, advierte que la implementación de los cambios demanda una disponibilidad de recursos con los que no se cuenta en un momento de absoluta restricción económica y cuando el presupuesto de que dispone la Justicia está detonado.

Patricia Bullrich se expresó a través de Twitter: “Todo el proyecto de reforma judicial del kirchnerismo es espurio, pero quizás lo más llamativo es la posición en la que dejan al periodismo: licuar la libertad de expresión para sentar a los periodistas en el banquillo de los acusados. Jueces denunciando a periodistas. Clarito, ¿no?”.

Considerada por muchos como la que expresa el extremo más radicalizado de Juntos por el Cambio, la presidente del PRO introdujo el término “bicoalicionismo”. Tiene claro que si la oposición no contiene las demandas de los que salieron a protestar puede aparecer un “outsider” que se haga cargo. A río revuelto, ganancia de pescador.

Tanto el oficialismo como la oposición tienen que lidiar con sus diversidades.

“Cometimos un error en zambullirnos en la grieta”, sostienen algunos en las veredas de La Cámpora. No todos los referentes de este sector acompañan el tratamiento de la reforma judicial.

Son varios los que entienden que no es buen momento para tirar de la cuerda. Los que tienen responsabilidades territoriales se diferencian. Saben que el horno no está para bollos y prefieren apostar al consenso.

Los integrantes de la organización más intensa y militante del kirchnerismo están en abierto debate acerca de los tiempos y métodos de la política.

“Tenemos que compartir más”, se escucha decir a uno de los referentes más caracterizados del espacio. Se reconocen como la generación del recambio. Toman distancia de lo que llaman el “kirchnerismo silvestre”, donde ubican a los que, con una praxis setentista creen que “ir por el poder es ir por todo”.

Definen a Máximo Kirchner como “la persona más paciente del espacio”. Esperan que a Alberto Fernández le vaya bien, pero siempre pensando en un proyecto de poder propio para el 2023, cuando esperan que estén dadas las condiciones para el postergado “trasvasamiento generacional”. Un proceso que puede no darse si las cosas se complican para el actual gobierno. La enmienda Parrilli, de cuya existencia los ministros que responden a Alberto se enteraron cuando ya era un hecho consumado no parecería estar sumando.

No hay caso, la ley viene mal parida. La palabra “mediáticos” suma toxicidad al engendro.

La cláusula de la discordia pone la estocada final al proyecto que, tras sucesivas e inconsultas modificaciones impulsadas desde el Patria, termina deshilachado.

El denodado empeño por obtener la impunidad K está dinamitando la posibilidad de gobernar con consensos y de cohesionar la propia coalición

Parir este Frankenstein con fórceps no parece que vaya a salirle gratis al Fernández que es Alberto.

Desde la oposición se confía en que la gente en la calle le ponga freno al delirio oficialista. Cuentan con el activo de una sociedad movilizada para defender la institucionalidad. Es probable que Alberto Fernández tenga que cargarse un nuevo Vincentin.

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