Política

El abogado de Melella en la causa por abuso representa a un funcionario narco del mismo gabinete

Gustavo Gabriel Caro fue procesado el pasado miércoles acusado de integrar una banda dedicada al narcotráfico. La defensa está liderada por quien a su vez representa al gobernador de la provincia, investigado por presunto "abuso sexual coactivo". Miembros de un mismo gabinete, distintas denuncias, un mismo abogado y una crisis institucional en puerta.

domingo 26 de julio de 2020 - 8:57 am

Si la denuncia contra Gustavo Melellainvestigado por presunto “abuso sexual coactivo”– generó un gran escándalo político para la región que gobierna, los hechos acontecidos en los últimos meses en Tierra del Fuego parecerían significar el comienzo de una extensa crisis institucional. Días atrás, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos de la provincia, Gustavo Gabriel Caro, fue procesado -sin prisión preventiva- acusado de integrar una banda dedicada al narcotráfico. Dos causas distintas, pero que engloban a dos miembros de un mismo gabinete. ¿Un dato particular? Los representa la misma defensa: Francisco Ibarra.

Las sospechas contra Caro señalan que a los integrantes de la banda delictiva les facilitaba permisos de circulación durante la cuarentena del coronavirus y les ofrecía transportar droga en un vehículo oficial. El funcionario, a quien se le trabó un embargo sobre sus bienes por un total de cinco millones de pesos, es considerado por la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, como “partícipe necesario” del delito de “transporte de sustancias estupefacientes con fines de comercialización”.

La investigación comenzó a llevarse adelante luego del hallazgo de 27 kilos de marihuana durante varios operativos realizados entre el 15 y el 19 de junio.

Fuentes oficiales confirmaron a Télam que Caro fue licenciado por el Gobierno provincial –aunque sin haberlo dado de baja de su cargo- y que las distintas escuchas telefónicas y tareas de inteligencia policial derivaron en la vinculación fluida de subsecretario con miembros de la banda.

“Se pudo determinar la participación de Gustavo Caro dentro de la presente organización, donde facilitó un certificado en favor de uno de los principales imputados, y además habría facilitado el traslado de sustancia estupefaciente en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio derivado de la pandemia del Covid-19”, escribió la jueza en el auto de procesamiento.

Caro fue el responsable de “otorgarle un certificado de excepción apócrifo rubricado por Alejandro Barría, subsecretario de Infraestructura del Ministerio de Salud de la provincia, a Agustín Anchordoqui”, uno de los imputados y detenidos por su participación en el caso. El permiso le permitió a Anchordoqui circular libremente por las calles de las ciudades de Río Grande y de Tolhuin durante la cuarentena.

La cuestión que para la jueza significa un eje central para la causa tiene que ver con que el funcionario le ofreció a Anchordoqui “transportar la sustancia ilegal en una camioneta del Estado provincial”. A su vez, a partir de una intervención telefónica se desprende que el subsecretario le pidió a otro miembro de la banda “un par de Cds” (como se le dice en la jerga criminal al fraccionamiento de 25 gramos de marihuana) para llevar a Tolhuin y que pasó a buscarlos por una vivienda de Río Grande.

“Caro prestó ayuda a la organización y recibió prima facie sustancia estupefaciente en condición de retribución o pago. Sus contribuciones a la banda fueron determinantes, específicas y decisivas para que los demás miembros cumplan su fin delictivo. Prestó una colaboración con características particulares o esenciales”, afirma la resolución de la jueza Borruto.

El procesamiento fue dictado con prisión preventiva para tres imputados, identificados como Carlos Mario Bennati, Agustín Anchordoqui y Gastón Vicente Denis Almada, mientras que aquellos que “gozan” del procesamiento sin prisión preventiva son Juan Ariel Duarte, Luis Eduardo Alcoba y Gustavo Anchordoqui.

Gustavo Gabriel Caro no es el único cliente al que Francisco Ibarra debe representar. Como si fuera poco, su labor como abogado lo llevó a defender -hecho que continúa hasta al día de hoy- al gobernador Gustavo Melella en una causa que lo investiga por presunto “abuso sexual coactivo”.

El Dr. Francisco Giménez, abogado de las víctimas que denunciaron al mandatario provincial por supuestos “favores sexuales” a cambio de empleo en una construcción, advirtió casi dos meses atrás que la causa judicial sigue sin rumbo y se encuentra “cajoneada” desde casi un año.

El juez tiene la causa cajoneada desde hace 9 meses, desatendiendo lo que dijo la Cámara. Recién cuando fui la semana pasada al Juzgado, decidió notificar a las partes de la resolución de la Cámara que le ordenaba expedirse sobre mi pedido de recusación”, había denunciado Giménez en diálogo con Infobae a comienzos de junio.

La investigación que se lleva adelante contra el gobernador se encuentra unificada a otra que intenta esclarecer diversos hechos de corrupción en la obra pública, ya que los denunciantes revelaron haber realizado trabajos que después facturaban empresas contratistas del municipio sin ninguna contraprestación.

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