Policiales

Temer a quienes nos cuidan: una investigación sobre la violencia policial durante la cuarentena en Buenos Aires

La violencia institucional en la provincia dejó un saldo de 39 asesinatos por las fuerzas de seguridad en los primeros 110 días de aislamiento social, preventivo y obligatorio

Firma: Simón Franco, Lorenzo Amante, Carla Jones, Rodrigo Martel, Joaquín Chomicki. 

“Mamá, no te das una idea dónde estoy”, fueron las palabras de Facundo Astudillo Castro, antes de ser visto por última vez en un patrullero de la Policía Bonaerense. Su familia encabeza el pedido de protesta para que no se convierta en una de las 39 muertes en manos de las fuerzas de seguridad en provincia de Buenos Aires, en los primeros 110 días desde el comienzo del aislamiento social, preventivo y obligatorio bajo el decreto 297/2020, de las cuales 18 fueron en el último mes de junio.

Entre los asesinatos de jóvenes por parte de las fuerzas represivas en la provincia, se conocen los nombres de Nahuel Gómez en Temperley el 28 de marzo, Alan Maidana en Berazategui el 24 de mayo, Lucas Barrios en la Isla Maciel el 30 de mayo, Ulises Rial y Ezequiel Corbalán el 1° de junio en San Nicolás, Augusto Iturralde en Plátanos el 14 de junio, Diego Arzamendia en Berazategui el 16 de junio, Raúl Dávila en Chascomús el 10 de julio y Lucas Verón en González Catán también el pasado viernes.

Con el comienzo de la cuarentena por la pandemia de coronavirus, las calles se llenaron aún más de policías, con el supuesto motivo de cuidar y aislar a la ciudadanía. Sin embargo y pese a la enorme baja de circulación de personas, los casos de violencia policial se mantuvieron. “Además de cuidarnos del virus, tendríamos que defendernos de una creciente ola represiva. Las fuerzas a las que el DNU 297/2020 delega el control del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio son las mismas de siempre, las que en los últimos cuatro años asesinaron un promedio de una persona cada 19 horas por el gatillo fácil o en lugares de detención”, manifestó María del Carmen Verdú, directora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI).

En los primeros 45 días de cuarentena, 359 personas sufrieron violencia o abusos por fuerzas policiales, de los cuales casi el 30% pertenece a provincia de Buenos Aires, según datos de las fuerzas federales otorgados al El Observatorio Social sobre Represión Policial del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) de La Plata. 

Recopilación de casos de violencia policial en la provincia de Buenos Aires durante la cuarentena

Video: equipo de investigación

Frente a esta problemática surgen varios cuestionamientos: ¿su accionar es igual en toda la sociedad? Con un promedio de un caso de violencia policial cada doce horas, un 74% se dieron en zonas de barrios de trabajadores; el 11% contra personas privadas de su libertad; los pueblos originarios representan el 8% y el 7% restante corresponden a personas en situación de calle y trabajadores precarizados y desocupados. Esto concuerda con el análisis de Verdú, quien asegura que “los colectivos más vulnerados son los pobres, los migrantes, las disidencias sexuales y los pueblos originarios”.

Las denuncias incluyen violencia física o verbal, abuso de autoridad, detenciones arbitrarias, abuso sexual, represión, asesinatos y corrupción, con preponderancia de extorsiones y connivencia en la venta de estupefacientes ilegales. Algunos casos de abuso se dan incluso dentro de la propia fuerza bonaerense: una joven oficial de 21 años fue violada en manada por cinco compañeros el pasado 10 de mayo, en la localidad de Los Polvorines. Solo en el 12% de las situaciones se sancionó o desafectó al personal policial.

En los últimos cuatro años, la Policía Bonaerense -la fuerza más grande del país- recibió casi 40 mil denuncias contra sus agentes, según datos de la Auditoria de Asuntos Internos a los que accedió el Equipo de Investigación de Perfil Educación. Comandada por Patricia Bullrich o por Sergio Berni, los hechos continúan. A esto hay que agregarle los sumarios recibidos en la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional y las policías locales, que también actúan dentro de la provincia de Buenos Aires.

La Comisión provincial por la Memoria investiga actualmente 117 casos de violencia institucional sucedidos en territorio bonaerense en los primeros 110 días de la cuarentena. Dentro de este grupo, se registraron 39 muertes por uso letal de la fuerza, 31 detenciones arbitrarias, 27 casos de golpes, 15 casos de hostigamiento, 9 de lesiones graves, 7 por vulneraciones de garantías procesales, 5 por amenazas; sumado a las persecuciones, retención de DNI, corrupción policial, vulneración de libertad de expresión, discriminación, abuso sexual, simulacro de fusilamiento, desalojo violento.

Si tenemos en cuenta que el 30% de los casos de violencia policial nacionales son en Buenos Aires y que la provincia suma 39 muertes en manos de agentes de seguridad del Estado en 110 días de cuarentena, un simple cálculo de regla de tres podría llevar a la estimación relativa de un fallecido por las fuerzas del orden cada 20 horas en toda la Argentina.


Pero no solo el personal policial fue responsable de este tipo de acciones. La Gendarmería Nacional intervino en un festejo en el barrio de La Cava, San Isidro, y, con la excusa del cumplimiento del aislamiento -aunque la regla allí es que se puede permanecer en los pasillos- hirieron con balas de plomo a una nena de 7 años, golpearon a una joven de 18 años y amenazaron, golpearon y sometieron a un simulacro de fusilamiento a un chico de 15 y a un joven de 28 años. En la estación de trenes de José C. Paz, la Policía Federal detuvo y golpeó a Adrián, un joven que realiza tareas de recolección de basura en el partido de Tres de Febrero que tenía el permiso para circular.

A esta tendencia hay que sumarle el caso del camionero Fabián Andina, a quien tres efectivos de la Policía Bonaerense golpearon violentamente  en el ingreso a General Madariaga, a pesar de que su actividad fue declarada esencial. También en  Sierra de los Padres se registró un caso de estas características cuando la policía de la comisaría 14 ingresó a una finca sin orden de allanamiento y sin identificación. Allí detuvieron a tres trabajadores rurales de la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), que habían ingresado al lugar en una camioneta Ford F100. La policía los acusó de haber robado el vehículo y, aunque los trabajadores mostraron los papeles, esto no impidió que los golpearan y los llevaran detenidos por atentado a la autoridad.

Por otra parte, este aumento de violencia policial responde también al desconocimiento de muchos efectivos de sus propias normas y las excepciones. Los ejemplos más evidentes son los apremios a mujeres que se dirigen a comisarías a radicar denuncias por violencia de género, cuando esto está permitido por la ley. En este marco también se puede mencionar a los trabajadores de empresas de repartos como Rappi o Glovo, quienes pese a que su actividad fue permitida por el decreto 576/2020, sufrieron acosos y detenciones por parte de efectivos de distintas fuerzas. 

El policía federal Rendichi de 24 años fusiló de 18 tiros a Lucas Barrios; la pareja de policías Ezequiel Benítez y Cintia Duarte le perforó el tórax de un balazo a Lucas Verón (18) y se dieron a la fuga. A Raúl Dávila (22) lo mantuvieron detenido ilegalmente en una comisaría durante dos semanas y falleció a causa de un incendio en el calabozo. A Ulises Rial y Ezequiel Corbalán que iban en una moto los atropelló un patrullero en contramano, sin sirena ni luces azules prendidas. Ulises murió en el acto, a Ezequiel lo trasladaron a un hospital pero murió internado. “No te hagas problema por esto que lo arreglamos entre nosotros”, le dijo un agente al otro, según un testigo de la causa.

La mayoría de los autores de fusilamiento por gatillo fácil son tan jóvenes como sus víctimas. Nacieron, se criaron y fueron reclutados en democracia. “Si la solución contra el gatillo fácil, las torturas o las desapariciones forzadas pasara por reestructurar o reformar las fuerzas, algo hubiera cambiado en los últimos treinta y pico de años. En casi todas las gestiones de gobierno se impulsaron ese tipo de medidas, a veces centralizando, otras descentralizando, poniendo mandos civiles, modificando planes de estudio (…) Evidentemente la formación no es el problema, si no la función que tienen asignada, que los determina”, dice Carmen Verdú. 

Mientras tanto… otro desaparecido en democracia

Facundo Castro: la familia insiste con la "desaparición forzada ...

A Facundo Castro, de 22 años, la última vez que se lo vio con vida fue el 30 de abril pasado. Se dirigía de Pedro Luro a Bahía Blanca a la casa de su ex novia. Se fue a la ruta y comenzó a hacer dedo. Al mediodía  la llamaron desde la Policía Bonaerense a Cristina Castro, su madre, para decirle que notificaron a Facundo por no tener habilitación de circulación y lo dejaron seguir. Cristina intentó comunicarse con su hijo, sin resultados. Facundo la llamó y le dijo “mamá, vos no tenés una idea donde estoy. Mamá, vos no me vas a ver más” y desde el otro lado del teléfono se escucharon ruidos raros. “O tiró el teléfono, o se lo arrebataron. Pienso más que se lo arrebataron”, dijo Cristina.

A Facundo lo detuvieron en Mayor Buratovich, le labraron un acta, lo subieron a una camioneta Hilux de la Policía Bonaerense y no se supo más nada. La última vez que lo vieron con vida fue con la policía; tres testigos, a los que les denegaron la posibilidad de declarar, afirman haber visto a Facundo subiendo a un patrullero. “Señora, nosotros nos presentamos a declarar tres veces en la comisaría de Pedro Luro y nunca nos quisieron tomar declaración. Nosotros veníamos en viaje cuando vimos que a Facundo lo para un patrullero en Mayor Buratovich, en la curva y contra curva donde dice la oficial Flores que lo levantó a las 12 del mediodía, y vemos que lo introducen en la parte de atrás de un patrullero”, le dijo un testigo a Cristina.

El 19 de junio comenzó el rastrillaje en Mayor Buratovich para encontrar el celular de Facundo, pero esa mañana en la comisaría de Pedro Luro antes de partir hacia la zona se acercó el oficial superior a cargo de la comisaría, llamó a una oficial y le dijo a Cristina: “Ella es Xiomara Flores, ella levantó a Facundo en la curva y contra curva y lo llevó hasta Teniente Origone”. 

Las declaraciones se contradicen; lo curioso de la situación es lo que revela Cristina: “cuando llegamos a Mayor Buratovich, donde supuestamente se iba a iniciar la búsqueda del móvil de Facundo, vemos que en la entrada de la localidad  había 5 patrulleros obstruyendo la entrada. Después el encargado de la comisaría se asoma a donde nosotros estábamos estacionando y nos dice:’Ustedes no tienen que buscar nada acá, tienen que ir a donde lo llevó la oficial Flores’” y le señaló en dirección a ruta 3 donde supuestamente le labraron el acta. Días después cuando accedieron al acta, figuraba que lo detuvieron en una calle. La oficial Flores declaró haberlo levantado de civil en la ruta y dejarlo en Teniente Origone. Cuando llegaron a Teniente Origone (la madre y el grupo de abogados que llevan adelante la investigación) el oficial Sosa les dijo que Flores lo dejó ahí a Facundo y surge la contradicción: en la declaración que hizo Sosa un día antes, dice haber visto a Facundo subirse a una Duster Oroch color plata; pero a la madre le dijo que lo paró, lo requisó, y lo dejó seguir. No le mencionó ninguna Duster.

La causa el día 5 de junio estaba rotulada como averiguación de paradero, hoy en día lleva la nominación de desaparición forzada: “Nosotros queremos saber la verdad. ¿Qué le pasó realmente a Facu? ¿Por qué mi hijo no aparece? Hubieron muchísimas versiones, muchísimas, y a lo único que tenemos en claro es que a mi hijo lo vio la última vez la policía, hasta que no me traigan y me digan “acá está su hijo, está vivo o está muerto” me voy hasta las últimas consecuencias y que caiga quien tenga que caer, y que pague quien tenga que pagar”.

¿Estamos seguros de que las fuerzas policiales cuidan a la sociedad? 

 

 

Foto de portada: La Brújula 24 

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