Política

Las polémicas que rodean a Melella: drogas, corrupción y una causa pendiente por abuso

La causa que involucra al gobernador de Tierra del Fuego y a tres obreros de una construcción permanece abierta desde hace diez meses. Así mismo, un funcionario de su círculo político fue imputado durante la primera semana de julio a partir de un operativo antidroga que investiga el hallazgo de 27 kg de marihuana.

viernes 10 de julio de 2020 - 12:53 pm

Gustavo Melella, gobernador electo durante el 2019 para representar a la provincia de Tierra del Fuego, continúa en el ojo de la tormenta a casi dos años de haberse realizado una denuncia en su contra que lo investiga por supuestos “favores sexuales” a cambio de empleo en una construcción. Al día de hoy, las polémicas que rodean al mandatarios se encuentran vinculadas a dos cuestiones: el estancamiento de la causa por su actual cargo político y la imputación de uno de sus funcionarios en la causa federal donde se investiga el hallazgo de 27 kilos de marihuana durante varios operativos antidrogas realizados en la ciudad de Río Grande.

En primera instancia, el Dr. Francisco Giménez, abogado de las tres víctimas, denunció en junio que la causa judicial que investiga a Melella por presunto abuso sexual coactivo sigue sin rumbo y se encuentra “cajoneada” desde hace casi un año. Frente a su pedido de recusación por “falta de imparcialidad” contra este magistrado, presentado en marzo del 2019, el Código Procesal de la provincia establece un plazo de 48 horas para hacerlo, y la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego le ordenó llevarlo a cabo el 20 de septiembre pasado.

El juez tiene la causa cajoneada desde hace 9 meses, desatendiendo lo que dijo la Cámara. Recién cuando fui la semana pasada al Juzgado, decidió notificar a las partes de la resolución de la Cámara que le ordenaba expedirse sobre mi pedido de recusación”, advirtió Giménez en diálogo con Infobae a comienzos de junio.

El expediente está planchado porque Melella está en el gobierno. Si hubiera sido un don nadie, el juez ya le hubiera allanado la casa y secuestrado su celular, porque es lo primero que se hace cuando hay una denuncia de abuso. Y acá nunca ocurrió. Es un escándalo”, se quejó el abogado fueguino quien, a su vez, se refirió a una denuncia realizada contra un ciudadano común en la que se procedió de manera diametralmente opuesta con respecto a la del político.

En palabras de Giménez, “el objetivo es no mover la causa para que pase el tiempo y no tratar la recusación. Tener esa causa bajo su investigación es tener poder sobre Melella”. Según el juez Raúl Sahade, los fundamentos durante este tiempo para no resolver la recusación fueron que había apartado a Giménez y una de las víctimas del proceso, al “sacarles” su condición de querellante.

“Nos denunció penalmente por supuesta obstrucción de justicia, por haberme negado a darle el domicilio de uno de los denunciantes (por Mario Lovera) para garantizar su seguridad, después de que los dos otros dos recibieron amenazas en el lugar donde vivían. Le dije que podía notificarlo en la dirección de mi estudio jurídico”, explicó Giménez.

La decisión de Sahade fue revertida por la Cámara de Apelaciones de Tierra del Fuego en abril, y Giménez y una de las presuntas víctimas ratificaron su condición de querellantes. No obstante, la empresa constructora Patagonia, otro de los denunciados en el expediente, decidió apelar a la cuestión que terminó en el Superior Tribunal de Justicia (STJ) de la provincia, donde se encuentra actualmente. El pedido de recusación “pendiente” hasta el momento por una decisión de Sahade, quien continúa sin resolverla, tuvo como argumento central la apelación llevada a cabo por la empresa.

La causa que investiga al gobernador fueguino, quien al momento de los hechos se desempeñaba como intendente de Río Grande, se encuentra unificada a otra que investiga presunta corrupción en la obra pública, ya que los denunciantes revelaron haber realizado trabajos que después facturaban empresas contratistas del municipio sin ninguna contraprestación.

Por otra parte, el subsecretario de Obras y Servicios Públicos de Tierra del Fuego, Gustavo Gabriel Caro fue imputado el pasado 4 de julio en una causa federal donde se investiga el hallazgo de 27 kilos de marihuana durante varios operativos antidrogas realizados en la ciudad de Río Grande, entre el 15 y el 19 de junio pasados, según confirmaron fuentes judiciales a Télam.

La droga fue hallada el pasado 15 de junio, en el interior de “un bolso deportivo de color azul” que fue arrojado desde un automóvil en movimiento. Según trascendió, el estupefaciente ingresó a la provincia por el paso fronterizo de San Sebastián (limítrofe con Chile, ubicado 80 kilómetros al norte de Río Grande) a bordo de un camión que transportaba carga para una empresa textil.

Al funcionario lo comprometen “intervenciones telefónicas”, de donde surge que habría sido él quien distribuyó a otro integrante de la banda permisos especiales para circular en plena vigencia del aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus. En el allanamiento realizado en su hogar, se secuestraron “elementos de interés para la causa”.

El vínculo de Caro con la gestión pública actual no es reciente, ya que el secretario de Obras y Servicios Públicos se desempeñó en distintos cargos en el municipio de Río Grande, cuando Melella era intendente de la localidad.

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