Política Internacional

Israel: en su primer mes como embajador, Sergio Urribarri le costará al Estado más de 100 mil dólares

El ex gobernador de Entre Ríos, designado al frente de la embajada argentina en Israel a pesar de las múltiples causas en su contra, percibirá en concepto de salario alrededor de 20 mil dólares, dinero mensual provenientes de las arcas públicas

jueves 25 de junio de 2020 - 12:11 pm

Más de veinte días transcurrieron desde el arribo del designado embajador Sergio Urribarri a Tel Aviv con el objetivo de dar comienzo al ejercicio de sus funciones, luego de que la pandemia frustrara el viaje programado en una primera instancia para principios de mayo. La polémica que envuelve al ex gobernador no sólo incluye las múltiples causas abiertas que dejó en nuestro país sino también la exorbitante suma de dinero en moneda extranjera que le costará al Estado su cargo político, en un contexto local marcado por la escasez de dólares.

El primer desembarco de Urribarri en Israel le costó a las arcas públicas entre 80.000 y 90.000 dólares, ya que en el primer viaje cobró del Estado el equivalente a 2 gastos de traslados: un total de 38.822 dólares. A éste concepto se le sumaron 12.000 dólares de gastos de fletes y los pasajes aéreos en primera clase, tanto para él como para su esposa, Analía Aguilera.

“Habitualmente el gobierno deposita uno antes de que el Embajador viaje y el otro pago le sale al llegar al país de destino, en el que una de las primeras cosas que deberá hacer será validar sus datos y abrir una cuenta en el banco para que automáticamente le depositen el concepto pendiente que son los gastos de traslados”, detallaba una fuente de la dependencia nacional a la Revista ANÁLISIS durante los primeros días de junio.

La ansiedad por arribar a Medio Oriente guardaba estricta relación no sólo con la posibilidad de “dejar atrás” -por un tiempo- las ocho causas pesadas en su contra, sino también con su asunción formal en el cargo, que se daría una vez que tocara suelo israelí, lo cual le permitiría comenzar a cobrar sus honorarios.

El cargo de Sergio Daniel Urribarri como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de la República ante el Estado de Israel contempla un salario en bruto de 19.411 dólares, con un aumento salarial fijo de 1% cada 6 meses que se otorga en abril y en octubre. Por los distintos descuentos que se le realicen, percibirá en su bolsillo alrededor de 17.000 dólares, más los gastos de representación y los que pueda generar en Israel, como casa, comida, chofer, servicio doméstico, entre otros. La mayoría de esos gastos corren en su totalidad por cuenta del gobierno nacional.

Un dato interesante a destacar es la exención de todo cepo y límite de extracción que poseen estos montos en dólares. De esta manera, Urribarri cobrará uno de los sueldos más altos de los embajadores, no por merecimientos, sino porque será Jefe de misión en las zonas mejor pagas, que son Asia y Medio Oriente.

El foco de la polémica se centra en dos cuestiones. Por un lado, la económica: el BCRA logró en lo que va de junio revertir el saldo negativo traducido en la venta de 679 millones de dólares durante el mes de mayo. Desde el inicio del 2020, la entidad no logra comprar dólares-en términos netos sólo tiene un saldo positivo de 200 millones de dólares- y en términos de reservas se observa una caída de más de USD 1.600 millones. La escasez de divisas se ha vuelto uno de los principales problemas de nuestro país y los más de 100 mil dólares que Urribarri representó en materia de gastos para el Estado condujo al descontento de varios sectores, que consideran que todavía el funcionario debe rendir cuentas ante la justicia.

Por otro lado, la cuestión judicial continúa siendo eje del debate que nuclea las numerosas causas por las que se investiga a quien gobernó la provincia de Entre Ríos durante dos mandatos sucesivos. Los delitos por los que Urribarri deberá dar respuestas en agosto y septiembre de este año están asociados a negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y peculado, los cuales podrían conducirlo a cumplir 9 años de prisión y a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, según el pedido de la fiscalía.

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