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Campo

Crecen la sospechas contra grupos K por rotura de silobolsas, quema de campos y ataques a chacareros

Dirigentes agropecuarios fundan sus dudas en que, excepto el ministro de Agricultura, desde el gobierno no condenaron los ataques. Así mismo, los hechos rememoran el discurso de Hebe Bonafini cuando incitó a la población a quemar los campos.

Durante los tres meses que transcurrieron desde el inicio de la cuarentena se sucedieron diversos hechos delictivos, como la rotura de silobolsas, la quema de campos y ataques a chacareros, en lo que se puede calificar como una atentado contra el campo. Distintos dirigentes agropecuarios advierten que podría tratarse de una avanzada de grupos K, fundando sus sospechas en el silencio del gobierno nacional frente a los acontecimientos.

Entre las víctimas de éstos delitos se encuentra el campo de los De Raedemaeker, en Oliva, Córdoba, que durante la semana del 25 de mayo se vio envuelto en un incendio. Alrededor de las dos y media de la tarde, una persona había entrado por un camino de tierra, no cercano a la ruta 9, y ya dentro del lote, había encendido una mecha que a esa altura eran llamaradas esparcidas por el viento.

Se quemaron 5 hectáreas de trigo y 30 de maíz. Gabriel De Raedemaeker, vicepresidente de la Confederación Rurales Argentinas (CRA) y dueño del campo, terminó de apagarlo todo, con ayuda de sus amigos que viven lo más cerca posible, y de los bomberos, pasadas las once de la noche.

El funcionario agropecuario denunció de inmediato que ese incendió, que jamás pasó en más de cien años en los que sus ancestros y él mismo se ganan la vida con la agricultura, fue intencional: “Lo hicieron a propósito. Se metieron dentro de mi campo, prendieron el fuego. Fue un atentado. Lo tomé con cierto humor, pero es grave. No solo por las pérdidas económicas. Fue un atentado contra la propiedad privada. Como si a un taxista le rayaran el auto. Como si alguien te tajeara las ruedas de una camioneta”, se quejó ante Clarín el dirigente rural.

Otro caso similar se dio el pasado viernes en la zona cercana a la localidad de Armstrong, Santa Fe: “Miren, feliz día de la bandera, esta es la democracia que quieren los peronistas“, se enojó uno de los chacareros dueño del silobolsa destruido mientras filmaba el atentado, dando a entender que sus atacantes pertenecen a alguno de los sectores políticos del oficialismo.

Desde el gobierno nacional no hubo pronunciación al respecto, salvo por las palabras de Juan Schiaretti, Omar Perotti y Gustavo Bordet. Así mismo, el ministro de Agricultura de la Nación, Luis Basterra, sacó un comunicado oficial de repudio cuando el fuego consumió al campo de los De Raedemaeker.

Los hechos se acumulan en el tiempo que ha transcurrido, no sólo del aislamiento preventivo, social y obligatorio, sino desde comienzo de año:

  • El 31 de enero se prendió fuego la camioneta de un ruralista que había protestado contra el Gobierno en la provincia de Chaco.
  • En marzo hubo roturas a los silobolsas de campos en Egusquiza, Santa Fe, y Capilla Fassi. A su vez: se robaron semillas en campos de Salto Grande, también en Santa Fe; y se volvió a tajear de modo adrede a silobolsas en otra localidad de esa provincia llamada Cañada Rosquin. En Alcira Grandes, Córdoba, otro hombre del campo denunció un ataque similar a su cosecha que creía guardada.
  • En abril, se rompieron silobolsas en Santa Teresa y varias localidades más del sur santafesino.
  • En mayo, más roturas de silobolsas asolaron a productores del agro en Francisco Madero, Buenos Aires. En Jerónimo Sud, Santa Fe, no solo se rompieron más silobolsas si no que también se robaron cereales de campos de la zona. En los alrededores de la ciudad de Las Parejas, en Santa Fe, hubo robos diversos pero raros a productores del lugar.

Delitos de este tipo rememoran las polémicas palabras pronunciadas por Hebe De Bonafini en enero del 2019: “Si tenemos coraje, hay que acompañar a la gente, quemarles los campos. Cuando estén por sacar la soja, se los quemen, que no puedan recoger nada, que recojan cenizas. Vamos a ver, cuando quememos unos cuantos campos, si van a seguir tirando glifosato”.

Daniel Pelegrina, presidente de la Sociedad Rural Argentina, dio su opinión al respecto y advirtió que éste fenómeno se encuentra en crecimiento exponencial. Así mismo, relató la situación por la que atraviesan muchas familias del agro: “muchas veces los productores y las familias se endeudan para producir, y es con esos granos almacenados en los silobolsas que se destruyen, con lo que cubren y saldan esas deudas, y deben vivir y hacer frente a salarios, inversiones e impuestos a lo largo de año hasta la próxima cosecha”.

En esa misma línea consideró que “es inevitable pensar que no es solo vandalismo sino que hay un componente ideológico de odio y resentimiento, alimentado por una visión prejuiciosa del productor agropecuario. No vemos una condena explícita y firme de este tipo de ataques, que son necesarias además de mayor patrullaje rural”, reclamó.

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Campo: la Sociedad Rural y la CRA se van del Consejo Agroindustrial Argentino

La medida fue pocos días después que el Gobierno anunciara el cierre de la exportación por dos años de siete cortes de carne ‘populares’ y un fideicomiso compensatorio para los precios de algunos cereales

Luego que el Gobierno anunciara la prohibición de exportar siete cortes de carne hasta el año 2023, la Sociedad Rural Argentina (SRA) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) anunciaron su salida del Consejo Agroindustrial Argentino, el ente que nuclea a distintas organizaciones del agro y la industria junto con el Gobierno para idear políticas en el mediano y largo plazo.

“Entendemos que el funcionamiento adoptado en las últimas semanas no es el que aspiramos los productores”, declaró Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural.

Desde la institución aseguraron que van a “seguir bregando por reglas claras y de largo plazo con el objetivo de darle sostenibilidad a la producción agropecuaria”.

En tanto, la CRA publicó un comunicado en el que dice: “Habiendo analizado los hechos transcurridos y las medidas anunciadas en los últimos 18 meses por parte del Gobierno, algunas de ellas siendo tratadas previamente con representantes del CAA, entendemos que los perjuicios que recayeron sobre los productores representados legítimamente por nuestra entidad ameritan que nos desvinculemos de dicho Consejo”.

“Poco se trabajó para poder tener institucionalidad en los mercados granarios en cuanto la formación de los precios. El precio justo que deviene de los mercados internacionales no es recibido por los productores agropecuarios por las grandes distorsiones locales, las cuales muchas cámaras que integran el CAA avalan”, afirma el texto.

Y cierra: “Por todo ello, el Consejo Directivo de Confederaciones Rurales Argentinas ha decidido desvincularse del Consejo Agroindustrial Argentino y retirar a sus técnicos y representantes en las mesas de trabajo”.

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Cepo para la carne: el Gobierno prohibió por dos años exportar siete cortes

La medida salió por Boletín Oficial y tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023; también liberó las ventas de las categorías de vacas D y E, con destino a China

Por medio de un decreto y dos resoluciones publicadas en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional prohibió la exportación de siete cortes de carne. La medida tiene una duración de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2023 y entró en vigencia este lunes.

Se establece que no se podrá exportar asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, nalga, paleta, y vacío. A estos cortes los llama “Cortes Preferidos”, en la modalidad de frescos, enfriados o congelados

El objetivo de la medida, según consta en los considerandos del decreto, es construir una política pública para la cadena de la carne con el objeto de aumentar la producción, la existencia ganadera y el peso promedio de faena, generando previsibilidad al productor, e incrementar asimismo los volúmenes exportables.

A su vez, el decreto considera que “es necesario construir una política pública para la cadena de la carne con el objeto de aumentar la producción, la existencia ganadera y el peso promedio de faena, generando previsibilidad al productor, e incrementar asimismo los volúmenes exportables”.

Además, mediante dos resoluciones publicadas en la misma edición del Boletín Oficial, 301 y 302, el Ministerio de Agricultura libera las exportaciones de cortes provenientes de las categorías de vacas D y E –llamadas de manufactura-, entre otras medidas, y crea un Observatorio de Producción de la Carne Vacuna que será presidido por Julián Domínguez (ministro de Agricultura) e integrado por representantes de los gobiernos provinciales, las entidades de producción y de la industria, entre otros.

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“El Estado me robó más de $16 millones”: el cálculo de un productor rural que se hizo viral

Jorge Esponda aseguró que el estado se quedo con $63.910 de los $102.910 que vale cada tonelada de soja que vendió

Un productor agropecuario de Roldán, Santa Fe, mostró de forma irónica cómo el estado se queda con una importante parte de las ganancias de su producción a partir de las retenciones, la brecha cambiaria.

Se trata del agricultor Jorge Esponda, que en un mensaje de Whatsapp difundió esta cuenta: “Vendí 252 toneladas de soja, me robó el Estado $16.105.320. Me pagó ayer el Ministerio de Agricultura $38.587″. Descontando esto último a lo que le “robó” el Estado, quedan a manos del Gobierno 16.066.733 pesos.

A ese cálculo, se llegó tomando un tipo de cambio paralelo a un promedio de $205, cuando el oficial mayorista apenas supera los $102, y descontando el 33% de las retenciones que le quedan a la soja.

“Ayer, Día de los Inocentes, el Gobierno me devolvió $38.587. Me robó $16.066.733. Es lo producido en 93 hectáreas”, señaló en un mensaje. Explicó que son $172.760 por hectárea. “Si cobramos hoy la tonelada a $39.000, el socio Estado se queda con 4,43 toneladas por hectárea del precio nacional y popular”, señaló el productor que integra la Red Nacional de Productores Autoconvocados. Dicho de otra manera, el Gobierno le devolvió el valor de una tonelada.

En línea con el cálculo de Esponda, la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) publicó su índice trimestral que mide la recaudación fiscal sobre la producción de cultivos: en diciembre de cada $100 de la renta agrícola (ingresos menos costos), $63,20 son para los gobiernos nacional, provincial y municipal.

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