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Política

Zannini ordenó el pago de una pensión vitalicia a Boudou, pese a estar condenado

El procurador general del Tesoro sostuvo que es “nula” una resolución de la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que frenó el pago

Carlos Zannini, procurador general del Tesoro, favoreció a Amado Boudou en su último dictamen al revocar la decisión de la ex titular, Laura Alonso, de prohibir el cobro de una pensión vitalicia al exvicepresidente tras su condena a cinco años de prisión en la causa Ciccone.

Según informó Clarín, se le concede la posibilidad al exministro de Economía que presente el reclamo de la pensión ante la ANSES y la Justicia. Si así se lo permite, recibirá un monto similar a las dos terceras partes del salario de un juez de la Corte Suprema.

Se trata de un sueldo equivalente a $400 mil sumados a los pagos atrasados de los últimos cuatro años. El documento tiene fecha del pasado 27 de abril y calificó de “nulidad absoluta” a la resolución de la ANSES y de la Oficina Anticorrupción.

Fue en agosto del año pasado cuando Amado Boudou fue condenado por un tribunal oral a 5 años y medio de prisión. La pena fue solicitada en el marco de la causa que lo acusaba de negociaciones ilícitas en plena función pública y de cohecho.

Además de cárcel, se le dictó una multa de $90 mil y la inhabilitación permanente para ejercer cargos públicos. En ese momento se le informó a la ANSES que no pague la pensión vitalicia a causa de lo delitos “contra la administración durante su ejercicio en el cargo. Actualmente el imputado está en prisión domiciliaria considerado paciente de riesgo por coronavirus.

Política

Encontraron muerto a Carlos Liñani, uno de los procesados por extorsiones al exsecretario de Cristina Kirchner

La Policía de la Ciudad lo encontró sin vida en su departamento. Los vecinos habían alertado por un escape de gas

Carlos Liñani, procesados por la Justicia Federal de Dolores en la causa por las extorsiones a Pablo Barreiro, el exsecretario de Cristina Kirchner, y ligado al falso abogado Carlos D’Alessio, fue hallado muerto anoche en su departamento de Palermo. Las investigaciones preliminares indican que se suicidó: estaba tirado en el piso del living y junto a su cuerpo exánime había una manguera conectada a un caño flexible de gas y, en la punta, una mascarilla. Además, dejó varias cartas en las que habría dejado explicados a sus allegados los motivos de la trágica decisión.

Liñani había sido procesado por el exjuez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla como integrante de una asociación ilícita que, entre otros hechos extorsionó a Pablo Barreiro, hijo de Ricardo Barreiro, el “jardinero” de los Kirchner que había estado preso en la causa de los cuadernos de la coima.

En una renunión entre los hijos de Barreiro y Liñani, este último fue en representación de D´alessio, les alertó que “era inminente la detención de su padre (Pablo Barreiro). Los hijos de Barreiro sospecharon de la situación y lo grabaron. En esos audios, que terminaron en poder de la Justicia, Liñani se adjudicaba una relación con el fiscal Carlos Rívolo, que lo terminó denunciando. Por ese episodio, Liñani fue procesado por el juez Sebastián Casanello por el delito de “defraudación con influencia mentida en grado de tentativa”. El fallo luego fue confirmado por la Cámara Federal.

Ramos Padilla procesó a Liñani en agosto e 2019 como un miembro secundario de la banda de D’Alessio. “Liñani, en razón de su experiencia y actividad en comercio exterior, desempeñaba un rol específico en la organización en particular en torno a los planes de la organización respecto de la denominada ‘mafia de la aduana’ o ‘mafia de los contenedores’, ya que podía utilizar sus especiales conocimientos en la materia para actuar con visos de mayor legitimidad frente a las víctimas y otorgar mayor verosimilitud a las intimidaciones que formaban parte de la batería de recursos que eran utilizados para el desarrollo de ciertas operaciones, alegando vínculos propios o de otros miembros de la organización con la Agencia Federal de Inteligencia, la Embajada de los Estados Unidos, funcionarios de la Aduana, magistrados y periodistas”, consta en esa resolución.

 

Con información de Infobae

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Política

Cuadernos | Paolo Rocca, cerca del sobreseimiento por un “olvido” del Gobierno

Los letrados del organismo fueron sumariados por considerar que actuaron con “intencionalidad”, según sostuvieron fuentes judiciales.

Por un “olvido” del Poder Ejecutivo, el CEO de Techint, Paolo Rocca, su principal operador, Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta, que habría oficiado como valijero del dinero que la principal compañía industrial argentina entregó a funcionarios kirchneristas, quedaron a un paso del sobreseimiento en la causa que investiga los cuadernos de las coimas y que tiene a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, como principal acusada de haber encabezado una asociación ilícita.

En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que depende del Estado, decidió sumariar a sus abogados involucrados sobre los cuales no sólo recae la responsabilidad del “olvido” sino también entiende actuaron con “intencionalidad”.

El organismo que dirige Carlos Cruz ya había cesanteado al director de Litigios Penales, Claudio Castelli previamente al inicio de un sumario administrativo con los dos abogados que “olvidaron” apelar la decisión del juez Julián Ercolini.

La semana pasada la UIF presentó un recurso de Casación ante “la Sala I de la Cámara Federal de Casación para que la misma lo eleve para su tratamiento a la Cámara Federal de Casación Penal y se puedan revisar los sobreseimientos”, explicaron desde el organismo antilavado.

“Los jueces Bruglia y Bertuzzi declararon inadmisible el recurso interpuesto declarando que no hubo arbitrariedad en el fallo por ellos dictado. El resultado era esperable, en tanto que los mismos jueces no iban a admitir la arbitrariedad de su fallo, se cuestiona sin embargo que no hayan derivado la admisibilidad del recurso en ese punto a la Casación, dada su falta de objetividad para poder analizar la arbitrariedad de su propio fallo”, dijeron.

Fuentes del organismo admitieron a Infobae que se abrió una investigación interna para buscar responsabilidades por esa inacción penal en la causa de los cuadernos. Hay mientras tanto un planteo para intentar que se declare “cosa juzgada írrita” la decisión que dejó a salvo del caso a los empresarios de Techint. “Nos encontramos ante un caso que constituye un ‘atentado contra el sistema democrático’”, sostiene la presentación.

La “cosa juzgada írrita” es una figura incómoda para el mundo de los tribunales que se aplica cuando se demuestra que en un juicio no se han respectado las reglas del debido proceso o cuando los jueces o obraron con independencia e imparcialidad.

En agosto pasado, tras un planteo de la defensa, el juez Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Claudio Bonadio, dictó los sobreseimientos de los hombres de Techint, incluso de Zabaleta que había declarado como imputado-colaborador reconociendo un delito.

Al mismo tiempo, el juez procesó al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta por dádivas -es decir, recibir el dinero de Techint- pero se sobreseyó a los directivos de la empresa por entender que los pagos que admitieron estaba justificados en razones humanitarias.

“La ausencia de responsabilidad en los sucesos de los empresarios a los cuales se les atribuyó la entrega del dinero -la cual tuvo como origen la exigencia del funcionario ante una situación de emergencia-, no obsta a que la recepción de dinero por parte del funcionario público implicado, resulte ser una conducta que se subsume directamente bajo el tipo penal analizado”, dijo Ercolini.

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Política

Otra salida en el Gabinete: renunció Francisco Meritello como secretario de Medios y Comunicación Pública

Se fue del Gobierno por diferencias con los nuevos integrantes. Asume Valeria Zapesochny, cercana a Manzur

Alberto Fernández suma una nueva baja dentro de su Gabinete: renunció Francisco Meritello como secretario de Medios y Comunicación Pública.

Según indica el diario La Nación, el motivo de su salida fueron sus diferencias con la incorporación de algunos de los nuevos integrantes del gabinete nacional.

Meritello estaba a cargo de la estrategia de comunicación pública y la relación institucional del Gobierno con los medios. También tenía el control sobre la pauta publicitaria.

En su lugar, el ministro coordinador designó a Valeria Zapesochny, una persona de confianza del gobernador tucumano en uso de licencia.

Zapesochny trabajó con Manzur durante su gestión como ministro de Salud durante la presidencia de Cristina Kirchner y formó parte del primer gabinete cuando ganó la gobernación

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