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Política General

El Gobierno pagará parte de los aguinaldos de los trabajadores estatales en cuotas

El Gobierno informó a los sindicatos estatales que el aguinaldo de los trabajadores del sector público nacional con salarios más altos se pagará en cuotas

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, informaron a las cúpulas de UPCN y ATE el viernes pasado que, debido a los problemas de caja, parte de los empleados del Sistema Público Nacional (que incluye Banco Central, Fuerzas Armadas y de seguridad, y empresas públicas o con mayoría estatal, entre otros) cobrarán sus sueldos hasta en cinco partes.

Esto sin contar a aquellos que trabajan en empresas públicas o de mayoría estatal, son cerca de 400.000 empleados, por lo cual el universo alcanzado es aún mayor, según informó La Nación.

El tope para cobrar el medio aguinaldo completo con el sueldo de junio serán $80.000 brutos. Esto quiere decir que el máximo de medio aguinaldo a cobrar será de $40.000. Por encima del tope, se pagará ese máximo ($40.000) y el resto a cobrar por el trabajador se abonará en cuatro partes siempre y cuando no sean menores de $1000.

“Estamos analizando el tema con el consejo directivo nacional, al que que hemos convocado mañana”, dijo Hugo “Cachorro” Godoy, secretario nacional de ATE. Allí estimaban que la “cuotificación” del pago del excedente del aguinaldo no sería de más de dos cuotas.

“Queremos un cuarto intermedio y discutir esto directamente con el presidente de la Nación”, aseguró Godoy en referencia a Alberto Fernández. “Es un mensaje complicado para las provincias y municipios. El ajuste ya se hizo”, dijo el dirigente, que señaló que los empleados públicos perdieron “un 50% de poder adquisitivo” durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Entendemos que esto tiene no sólo una implicancia en el pago actual del aguinaldo, sino en la paritaria 2020 y 2021. Pedimos que esa instancia siga abierta”, dijo Godoy, que dijo entender que “las dificultades son absolutamente razonables” por al aumento de las erogaciones del Estado en el marco de la crisis que provocó la cuarentena y la pandemia de coronavirus.

En UPCN , en tanto, prefirieron no responder.

Según los últimos datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), en la Argentina hay 3.179.000 trabajadores públicos. Este dato incluye a la administración central, para la que estaría en principio destinada la medida de “ahorro” del gobierno de Alberto Fernández, pero también a empleados de las diferentes provincias y municipios, que son la mayoría.

Política

Cuadernos | Paolo Rocca, cerca del sobreseimiento por un “olvido” del Gobierno

Los letrados del organismo fueron sumariados por considerar que actuaron con “intencionalidad”, según sostuvieron fuentes judiciales.

Por un “olvido” del Poder Ejecutivo, el CEO de Techint, Paolo Rocca, su principal operador, Luis Betnaza, y Héctor Zabaleta, que habría oficiado como valijero del dinero que la principal compañía industrial argentina entregó a funcionarios kirchneristas, quedaron a un paso del sobreseimiento en la causa que investiga los cuadernos de las coimas y que tiene a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner, como principal acusada de haber encabezado una asociación ilícita.

En este sentido, la Unidad de Información Financiera (UIF), un organismo que depende del Estado, decidió sumariar a sus abogados involucrados sobre los cuales no sólo recae la responsabilidad del “olvido” sino también entiende actuaron con “intencionalidad”.

El organismo que dirige Carlos Cruz ya había cesanteado al director de Litigios Penales, Claudio Castelli previamente al inicio de un sumario administrativo con los dos abogados que “olvidaron” apelar la decisión del juez Julián Ercolini.

La semana pasada la UIF presentó un recurso de Casación ante “la Sala I de la Cámara Federal de Casación para que la misma lo eleve para su tratamiento a la Cámara Federal de Casación Penal y se puedan revisar los sobreseimientos”, explicaron desde el organismo antilavado.

“Los jueces Bruglia y Bertuzzi declararon inadmisible el recurso interpuesto declarando que no hubo arbitrariedad en el fallo por ellos dictado. El resultado era esperable, en tanto que los mismos jueces no iban a admitir la arbitrariedad de su fallo, se cuestiona sin embargo que no hayan derivado la admisibilidad del recurso en ese punto a la Casación, dada su falta de objetividad para poder analizar la arbitrariedad de su propio fallo”, dijeron.

Fuentes del organismo admitieron a Infobae que se abrió una investigación interna para buscar responsabilidades por esa inacción penal en la causa de los cuadernos. Hay mientras tanto un planteo para intentar que se declare “cosa juzgada írrita” la decisión que dejó a salvo del caso a los empresarios de Techint. “Nos encontramos ante un caso que constituye un ‘atentado contra el sistema democrático’”, sostiene la presentación.

La “cosa juzgada írrita” es una figura incómoda para el mundo de los tribunales que se aplica cuando se demuestra que en un juicio no se han respectado las reglas del debido proceso o cuando los jueces o obraron con independencia e imparcialidad.

En agosto pasado, tras un planteo de la defensa, el juez Ercolini, a cargo interinamente del juzgado que perteneció a Claudio Bonadio, dictó los sobreseimientos de los hombres de Techint, incluso de Zabaleta que había declarado como imputado-colaborador reconociendo un delito.

Al mismo tiempo, el juez procesó al ex funcionario de Planificación Roberto Baratta por dádivas -es decir, recibir el dinero de Techint- pero se sobreseyó a los directivos de la empresa por entender que los pagos que admitieron estaba justificados en razones humanitarias.

“La ausencia de responsabilidad en los sucesos de los empresarios a los cuales se les atribuyó la entrega del dinero -la cual tuvo como origen la exigencia del funcionario ante una situación de emergencia-, no obsta a que la recepción de dinero por parte del funcionario público implicado, resulte ser una conducta que se subsume directamente bajo el tipo penal analizado”, dijo Ercolini.

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Política

Tras perder en las PASO, en General Rodríguez regalaron cocinas y heladeras

El intendente del Frente de Todos, Mauro García, llevó a cabo un acto en el que se entregaron productos de cocina a un grupo de habitantes del municipio.

El municipio de General Rodríguez, gobernado por el intendente oficialista Mauro García, decidió repartir cocinas, garrafas y heladeras entre los ciudadanos. Desde Juntos por el Cambio denunciaron “clientelismo político” tras el resultado de las PASO.

Desde la cuenta de Twitter del PRO, compartieron un fragmento del acto oficial de General Rodríguez en donde se ve a Silvia Figueiras, subsecretaria de Desarrollo Comunitario, haciendo campaña con la entrega de los productos.

“Estamos muy orgullosos en este acto de abrazar a todos aquellos espacios comunitarios que dejan el cuerpo en el barrio por acompañar a aquellos que más difícil la tienen”, expresaba Figueiras.

La cuenta oficial del PRO señaló: “Una semana después de las elecciones, la Municipalidad de General Rodríguez regala cocinas, garrafas y heladeras. ¿Por qué? Porque hay dos formas de hacer política: comprando votos y subestimando a la gente, o escuchando, trabajando, y construyendo un país con futuro“.

Quien tomó la palabra desde la oposición fue el diputado por la provincia de Buenos Aires, Alex Campbell, quien afirmó que lo sucedido es “clientelismo político”.

“Es lo que está haciendo el kirchnerismo, luego de la derrota del domingo. Esto es en General Rodríguez, esta semana, saliendo a comprar votos con la plata que pagamos con nuestros impuestos. Digámosle basta al clientelismo político en la provincia de Buenos Aires”, agregó el vicepresidente del bloque bonaerense de Juntos por el Cambio.

El resultado de las PASO en General Rodríguez determinó un triunfo de Juntos con el 45,8% de los votos. La interna dentro de ese espacio se la quedó el ex intendente Darío Kubar. Mientras que el candidato del Frente de Todos, Manuel Anigstein, quedó segundo con el 30,71%.

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Política

Aníbal Fernández: “Argentina no está preparada para el uso de pistolas Taser”

El ministro de Seguridad desestimó el uso de las armas electrónicas incorporadas durante la gestión de Patricia Bullrich.

El flamante ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, afirmó que no tiene en mente incorporar las pistolas Taser debido a que “Argentina no está preparada”. Desde la oposición le respondieron que él es quien “no está preparado para garantizar la seguridad de los argentinos”.

Ante la consulta de si evaluaría incorporar a su gestión el uso de las armas electrónicas, el nuevo ministro fue contundente: “No, no, la Argentina no está preparada para eso ni por casualidad. No, decididamente no”.

Durante su paso como ministra de Seguridad, Patricia Bullrich había adquirido una cantidad de pistolas Taser que quedaron guardadas sin utilizar. Ante la pregunta de qué hará con esas armas, Fernández dijo en La Red: “¿Sabés que pregunta horrible? Porque la única respuesta que se me ocurre es horrible”.

En mayo de 2019, durante el gobierno de Mauricio Macri, Argentina había reglamentado el uso de las Taser por parte de las fuerzas policiales. Además se había elaborado una capacitación de personal para su utilización. Se adquirieron 300 pistolas a un precio de 3 mil dólares cada una.

Meses después, tras el triunfo del Frente de Todos, la ex ministra Sabina Frederic derogó el protocolo que disponía el uso de las armas electrónicas.

El candidato a diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, le respondió al ministro de Seguridad: “El que no está preparado para garantizar la seguridad de los argentinos es Aníbal Fernandez”.

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