Opinión

La trama política detrás del plan Vicentin

Luciano Laspina

Economista. Diputado Nacional por Cambiemos, presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda

"La reacción social y política que siguió al anuncio oficial demuestra que hay una profunda discusión de valores y visiones del país que atraviesan la decisión de expropiación"

domingo 14 de junio de 2020 - 8:58 pm

Columna publicada originalmente en Infobae

El plan de apropiación del conglomerado de empresas del Grupo Vicentin SAIC terminó de pulverizar el mito de la “esperanza blanca” que personificó Alberto Fernández para amplios sectores de la sociedad y del establishment económico. La puesta en escena del “policía bueno” y el “policía malo” que hábilmente desplegaron Alberto y Cristina Fernández desde la campaña electoral de 2019 es cada vez más indisimulada.

Hay que inscribir dentro de esta lógica la posición “dialoguista” que inició Alberto Fernández con un llamado telefónico al CEO de la empresa Vicentin, un día después de anunciar su expropiación y el mismo día en que la UIF pedía ser querellante en una causa por “lavado de activos” contra sus accionistas y solicitaba la inhibición de todos sus bienes. Así logró frenar una incipiente rebeldía social del interior productivo y, por un momento al menos, descolocar a la oposición.

A cambio de ese diálogo, exigieron que la empresa acatara -con la anuencia del juez de la causa- la intervención ilegal dispuesta por el decreto del Poder Ejecutivo. Esta concesión de los directivos de la compañía –a mi juicio forzada por la coerción política y judicial desplegada desde el poder- constituyó una gravísima falta jurídica con severas implicancias políticas e institucionales. ¿Cómo oponerse a la inconstitucionalidad del decreto si éste es avalado por la empresa y el juez del concurso, haciéndolo pasar por legal en la práctica? ¿Cómo defender desde la oposición el avance sobre la propiedad privada y el orden jurídico si los propios accionistas ceden a la presión política y sientan a los funcionarios del Poder Ejecutivo –ni siquiera del Banco Nación- en la mesa de negociaciones?

La reacción social y política que siguió al anuncio oficial demuestra que hay una profunda discusión de valores y visiones del país que atraviesan la decisión de expropiación. Primero, la defensa del rol de la empresa privada como motor del desarrollo; y segundo, una alianza muy arraigada entre empresas y trabajadores en muchas ciudades del interior.

Me detengo por un minuto en este punto. Quien haya recorrido el interior de nuestra patria debe saber que la mayoría de los pueblos y ciudades nacieron y crecieron de la mano de una alianza fructífera entre empresarios y trabajadores. No todas las localidades o empresas sobrevivieron a la destrucción de la infraestructura promovida por las décadas de desidia del Estado nacional. Muchas languidecieron o desaparecieron. Así lo dijo el intendente de Avellaneda a la hora de defender la propiedad privada de la empresa: “Aquí todo lo que hizo el Estado Nacional, lo hizo mal. Destruyó el tren, el puerto y las rutas. ¿Por qué no destruiría ahora también a la empresa?”.

Podríamos hablar dos horas sobre la historia nefasta de ineficiencia y corrupción del “Estado empresario” aquí y en el mundo y de cuánto nos sigue costando hoy día a los argentinos. Aerolíneas Argentinas consumió más de USD 6.000 millones en subsidios enjuagados con el 21% de IVA que pagan los más pobres. AYSA recibirá este año en concepto de subsidios prácticamente lo mismo que le ingresa en concepto de facturación. En 2019, la YPF mixta perdió 30.000 millones de pesos.

En el año 2015, los subsidios a las empresas del Estado alcanzaron el 1,5% del PIB. Costó sangre, sudor y lágrimas (y muchísimos paros sufridos por los usuarios) bajarlos apenas un 0,6% del PIB entre 2016 y 2019. El Ministro Guzmán debería estar preocupado porque este año la cuenta de subsidios a empresas públicas va camino a superar largamente el 1% del PIB, una cifra que si fuese ahorrada sería un antes y un después en sus ajustadísimos ejercicios de sustentabilidad de la deuda.

El Gobierno seguramente dirá, como tantas otras veces, que “esta vez será diferente”. Es lo que dijo Alberto Fernández en la campaña y acá estamos.

Lo que no se dice es que los accionistas de la empresa están sumamente atomizados y que los errores gerenciales de unos pocos no justifican expropiar a tres generaciones de argentinos e inmigrantes que ayudaron a construir desde sus cimientos la ciudad de Avellaneda, llamada así en honor al Presidente Nicolás Avellaneda quién en 1879 remitió ayuda alimentaria a los habitantes de la zona. Los directivos deben responder por sus acciones -si fuesen contrarias a la ley- y los accionistas sin responsabilidades ejecutivas deben responder ante los acreedores. Mezclar a todos en una misma bolsa y arrancarle lo que les corresponde por derecho propio constituye una enorme injusticia.

La supuesta “vocación de diálogo” duró menos de veinticuatro horas y el gobierno ratificó su voluntad de avanzar con el trámite de expropiación y confirmó que toda esta comedia de enredos es puramente anecdótica ya que nada -salvo una votación en contrario en el Congreso de la Nación- cambiará el objetivo final de la cuarta administración kirchnerista: vertebrar el poder político con una buena dosis de poder económico, que no se quedará aquí y seguramente tratará de ir en aumento. Esto me recordó la célebre frase de Néstor Kirchner: “Para hacer política se necesita plata”. Algunos estarían tentados a decir que si es plata blanca mucho mejor. Quizá haya sido una lección aprendida en estos años.

La expropiación de Vicentin no es políticamente comparable con la ruinosa estatización de YPF que fue siempre una empresa estatal -pésimamente gestionada- y que fuera privatizada en los ’90. Aquí el gobierno se queda con una empresa privada que, aún con dificultades financieras, está operativamente en marcha dentro del sector más dinámico y competitivo de la economía argentina. Es un antes y un después. Un serio error estratégico de Alberto Fernández a muy poco de iniciada su administración.

Visto a la distancia, Argentina es un país con problemas de la década del ’80 que aplica soluciones de la década del ’70. ¿Qué podrá salir bien de este experimento?

 

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