Opinión

Apuntes sobre Vicentín

Jose Luis Milessi

Profesor Titular en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral (UNL)

jueves 11 de junio de 2020 - 11:02 am

1.

Hace 8 años el Diario El Litoral de Santa Fe publicó un artículo con este mismo título sobre la expropiación de las acciones de REPSOL en la firma REPSOL-YPF. Ante la nueva estatización, me permito repetir estos apuntes para el caso VICENTIN SAIC.

2.

Los últimos balances conocidos de la firma VICENTIN S.A.I.C. indicaban una desmejora en su estructura de financiamiento, esto es: cuánto de sus activos están financiados con capital propio y cuánto con préstamos. En nuestro país, además, importa mucho en qué moneda están los activos y pasivos de la empresa, pues las recurrentes devaluaciones suelen descalzarlos significativamente.

3.

Los bancos prestamistas son estatales y privados (algunos de estos últimos con el Estado Nacional, como accionista). El análisis de riesgo de los bancos era convergente y, por alguna razón, les asignaron créditos que resultan ahora calificados con “alto riesgo de insolvencia”, y camino a ser –parcialmente al menos- incobrables. Hasta fin de año pasado, los préstamos a VICENTIN estaban en Situación Normal para los Bancos.

4.

¿Fue el proceso que generó la cesación de pagos de la firma “iliquidez súbita”, para saltar de normal a alto riesgo en un mes? ¿Los bancos en su conjunto hicieron una ineficiente calificación de riesgo? Ningún fenómeno de iliquidez, en general, aparece de un día para otro. Si bien dicha regla ha sido desmentida en algunos casos, por el coronavirus, donde empresas sólidas sufrieron problemas de iliquez inesperados. No parece ser ese el caso de VICENTIN, que dejó de pagar con regularidad a principios de Diciembre de 2019.

5.

Ya en cesación de pagos, la empresa se presenta en Concurso Preventivo en febrero pasado, el que se encuentra tramitando con síndicos designados acorde la ley. Este concurso está afectado en su proceso por la feria provocada por la pandemia y la natural lentitud de la justicia en nuestro país. La iliquidez que sufrió la empresa en diciembre de 2019 seguramente tuvo causas diversas; las analizarán los Síndicos Concursales e informarán las mismas en el juzgado al presentar su informe.

6.

El Directorio y sus Síndicos societarios, siguen en funciones, con un contralor de la Sindicatura Concursal y del Juzgado que tramita el Concurso. Dicho proceso se encuentra en funcionamiento, sin otras urgencias que las que los acreedores suelen tener en casos similares ya que la inflación produce licuación de deudas, pues la Ley concursal manda suspender el curso de los intereses.

7.

La empresa tiene domicilio en la Provincia de Santa Fe, sus balances se encuentra auditados por una firma internacional e intervenidos por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe. Bajo indudable jurisdicción provincial, de la Inspección General de Personas Jurídicas provincial y el Registro Público de Comercio, ambos organismos dependientes del Poder Ejecutivo y Judicial de la provincia de Santa Fe. Por tal razón, su Concurso tramita bajo la jurisdicción judicial santafesina.

8.

La Fiscalización estatal permanente que la ley general de sociedades asigna a VICENTIN S.A.I.C lo es “durante su funcionamiento, disolución y liquidación” mediante la Inspección General de Personas Jurídicas de Santa Fe, la que además podría extender su vigilancia bajo razón justificada en el orden público o a pedido de accionistas.

9.

La intervención realizada con el Decreto 522/2020, ¿pasa por encima de la Provincia de Santa Fe? Sin duda alguna. No me refiero a la política. Me refiero al orden jurídico. Es uno de los tantos atropellos que nuestro principal deudor, el Estado Nacional, tiene con nuestra provincia.

10.

El Decreto 522/2020 firmado por todo el Gabinete en carácter de Decreto de Necesidad y Urgencia, remueve los Directores, asignando a los Interventores sus tareas. No produce efectos sobre Síndicos societarios que siguen en funciones y deben velar el cumplimiento de la legalidad societaria y que representan el interés de los accionistas (a quienes deberían convocar inmediatamente). Tampoco sobre el Juez ni los Síndicos Concursales que deben velar por el cumplimiento riguroso de las normas que protegen a los acreedores, a los trabajadores, a los que tienen contratos en curso de ejecución con la empresa y también con los accionistas.

11.

¿Podría el Juez Concursal no reconocer el Decreto 522/2020? En mi opinión el juez debe constatar y expedirse sobre la legalidad de cualquier destitución de los administradores societarios, sea por decisión de los accionistas o por un Decreto del Poder Ejecutivo Nacional. Dado que la empresa mantiene su administración durante el Concurso, el juez concursal debe tener plena seguridad de la legalidad de quienes la desempeñan. Debemos esperar su pronunciamiento.

12.

Aún si el Directorio removido aceptara su sustitución por el interventor (cosa que durante la mañana del 10/06/2020 algunos mencionaban) ello será necesario que lo trate la Asamblea de Accionistas de la empresa.

13.

Si se sanciona una ley de expropiación deberá cumplirse con un procedimiento reglado, con intervención del Tribunal de Tasaciones, que se encuentra previsto en nuestra legislación. Es posible y es un acto legislativo protegido por el derecho de propiedad que puede ceder ante una indemnización justa, que seguramente si los accionistas no están conformes se judicializará.

14.

No tengo autoridad para dar consejos, pero sí puedo peticionar a las autoridades. Pido entonces a nuestros legisladores, que en lugar de una directa expropiación, autoricen al Poder Ejecutivo a presentarse con ofertas acorde el art. 48 de la ley concursal, si los dueños de Vicentin no logran el acuerdo de sus acreedores. Está previsto en la Ley concursal, en un marco que se utilizó muy poco en nuestro país, que preserva el derecho de propiedad de los accionistas, pero pone por encima la preservación de la empresa, favoreciendo incluso soluciones cooperativas tan afines al populismo. Tal norma protege el interés de todos los intervinientes en una situación de falencia, a la que no le encuentran solución los empresarios que la llevaron a tal situación.

15.

Me provocó emoción, pero no sorpresa, ver la gente de Avellaneda y Reconquista resistir lo que entiende un atropello. Quienes quieran difamar esos habitantes dirán que defienden a los capitalistas de VICENTIN. Yo creo que defienden el modelo productivo que los llevó a progresar, basado en el trabajo y que cualquier dificultad que pasen las empresas de la región se solucionen sin llevarse por delante el marco legal, que sin duda los protege mucho mejor que acciones improvisadas. Incluso si hubiera algo que decir sobre los directivos de la empresa, el procedimiento judicial lo pondrá en claro en el proceso concursal o en la justicia penal si se trata de delitos.

16.

No pude si no recordar un productor con campos en la cuña boscosa santafesina, que en mis años de trabajo profesional en el norte de Santa Fe y cuando se escuchaban quejas sobre los gobiernos, él, de pocas palabras, se retiraba casi siempre diciendo: “Contador no se preocupe…. a mí no me fundió ningún gobierno….”. Fallecido hace 20 años quizá no imaginó algunos gobiernos y eso que pasó varios malos entre 1950 y 2000.

17.

Finalmente y tal cual me pasó con la estatización de YPF, luego de aclarar que tengo una ideología totalmente adversa a este tipo de soluciones, y que creo que la aplicación de la ley concursal defiende mejor el interés público que la proyectada ley de expropiación, repito –resignadamente- lo de hace 8 años publicado en el Diario El Litoral: “Debo respetar, la voluntad de una mayoría de ciudadanos que eligió un Gobierno que no esconde su ideología, cuyo proceder es conocido desde 2003 y cuyos aciertos o desaciertos no serán imputables a nadie más que a nosotros, los argentinos.” Los desaciertos de aquella estatización se están aún juzgando en Nueva York, y los recordó estos días el ex ministro Lavagna.

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