Economía

La lista de expropiaciones K que prometieron “costar nada” y terminaron saliendo caras al Estado

Desde YPF, por la que el Estado ya pagó un valor muchísimo mayor al que ahora tiene en el mercado y aún resta un juicio pendiente, hasta Aguas Argentinas, compañía expropiada por la que se debieron pagar 250 millones de dólares tras denuncia ante el CIADI

martes 9 de junio de 2020 - 11:47 am

“Nadie seriamente puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con las empresas privadas. Esencialmente porque no creo en eso”, dijo este martes el presidente, Alberto Fernández, en diálogo con Radio Con Vos, al referirse al proyecto de expropiación de la cerealera Vicentín. Y acotó: “No está en la cabeza de ninguno de nosotros andar expropiando empresas”.

Sin embargo, la historia reciente cuenta con varios casos de empresas privadas que fueron expropiadas por el Estado argentino durante el kirchnerismo y por las cuales el país terminó pagando miles de millones de dólares tras reclamos judiciales o acuerdos con los dueños originales. En los últimos 15 años, los gobiernos expropiaron siete empresas a nivel nacional, incluida la compra del 51% de las acciones de YPF, que le dio al Estado nacional el control de la principal petrolera del país, cuyo valor hoy está muy por debajo de lo que pagó el Estado argentino para quedarse con la mayoría accionaria.

A los pocos meses de haber asumido como presidente, Néstor Kirchner estatizó Correo Argentino a la empresa Socma. Se trataba de la primera de una extensa lista de empresas que los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner pasarían a manos del Estado, pagando en muchos casos altos costos en dólares.

“Aguas Argentinas: expropiada. Suez nos llevó al Ciadi. Nos costó USD 250 millones”, resumió en un mensaje de la red social Twitter el analista financiero Sebastián Maril, al referirse a la expropiación realizada en 2006, también bajo el gobierno de Néstor Kirchner.

Maril luego recordó: “Aerolíneas Argentinas: expropiada. Marsans y Burford nos llevaron al Ciadi. Nos costó USD 340 millones”. El Estado nunca logró volver superavitaria a la aerolínea de bandera, en muchos casos, argumentando que su función es la de promover el turismo en diferentes regiones del país y asegurar vuelos directos hacia esas zonas donde empresas privadas no llegan.

Quizás el caso más emblemático de expropiaciones que le salieron caras al Estado sea el de YPF. En 2012, se avanzó con la expropiación del 51% que tenía Repsol que también fue aprobada en el Congreso Nacional luego de que la empresa fuera intervenida por el ministro de Planificación, Julio de Vido. El por entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, prometió que la expropiación “no va a costar nada” a la Argentina. Nada más lejos de la realidad.

Meses después de ese anuncio, el actual gobernador bonaerense pagó u$s5.000 millones en bonos a Repsol por el 50% de YPF. Hoy, el valor accionario del 100% de YPF está por debajo de los 3.000 millones de dólares.

A esto se suma un reclamo judicial millonario contra el Estado argentino: el último viernes, la jueza del Segundo Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra de la Argentina al decidir que el juicio por la expropiación de la petrolera YPF llevada adelante en 2012 seguirá en los tribunales de los Estados Unidos. Ahora, los fondos de inversión Burford Capital y Eton Park, que compraron los derechos de litigio contra la Argentina por el caso YPF, podrían pedir que la jueza ordene a la compañía y al gobierno argentino abonar un resarcimiento por presuntos daños económicos estimados que podrían alcanzar los nueve mil millones de dólares.

Pero la lista no termina ahí e incluye también a Tandanor, Belgrano Cargas y Logística, y Fábrica Argentina de Aviones (FADEA).

Otro caso que generó un posterior escándalo judicial y por el que se debieron pagar millones de pesos -pese a la promesa del por entonces ministro de Economía, Hernán Lorenzino, de que la estatización “no le costaría un peso” al Estado- fue la de Ciccone Calcográfica. En 2012, Cristina Kirchner decidió estatizar la empresa Ciccone Calcográfica de la familia Ciccone, medida que también fue aprobada en el Congreso. Años más tarde, la Justicia ordenó al Estado pagar más de $ 350 millones de Lorenzino. La expropiación de la empresa se produjo en medio del escándalo por el involucramiento del entonces vicepresidente Amado Boudou en la compañía. 

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