Sindicalismo

¿Por qué Hugo Moyano no va preso?

Pese a que acumula al menos cuatro causas importantes en la Justicia, éstas no avanzan y el poder del sindicalista crece cada día más. La palabra del "Pata" Medina

miércoles 3 de junio de 2020 - 6:33 pm

“¿Por qué Hugo Moyano no va preso?”, se pregunta Hugo Alconada Mon en su libro La Raíz de todos los males.

Y es que al histórico sindicalista lo investiga la Justicia por al menos cuatro delitos: lavado de dinero, enriquecimiento ilícito,  administración fraudulenta y extorsión; y otros delitos vinculados a su hijo Pablo, a OCA y al club del que es Presidente, Independiente de Avellaneda.

Pese a todas las causas en su contra, el titular de Camioneros siempre evitó la cárcel. “A Moyano no lo meten preso”, sintetizó el exlider de la UOCRA de La Plata, Juan Pablo “Pata” Medina, quien recientemente obtuvo la prisión domiciliaria en medio de la pandemia del coronavirus.

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“No sé si Hugo Moyano puede ir preso, porque él tiene poder para paralizar el país. Yo no sé si están en condiciones la Justicia o el Gobierno de meterlo preso a Moyano”, dijo Medina cuando recién atravesaba los primeros diez meses de prisión en Ezeiza.

“A Moyano no lo meten preso”. Juan Pablo “Pata” Medina

Desde los años 70′ en adelante, Hugo Moyano acumula cientos de hechos polémicos en su carrera como líder sindical a la que acondicionó según el Gobierno de turno, pero con quien nunca se casó: con los Kirchner -recuerda Alconada Mon- logró conseguir la jugosa caja de las obras sociales y torcerle el brazo a Graciela Ocaña con la complicidad de Cristina; a los Kirchner los ayudó con el conflicto con el campo en 2008 y desplegó a 500 de sus camioneros por las rutas de Argentina para romper la protesta agropecuaria. Ya en 2012, tras la muerte de Néstor Kirchner, Moyano realizó el primer paro general en contra de CFK y les seguirían otros 30 bloqueos a los centros de distribución de la empresa Maxiconsumo, un paro general de Camioneros el 8 de julio de 2013 y otro paro general de todo el sindicalismo en 2014.

Ese mismo “poder de paralizar el país”, que describió el “Pata” Medina y que Moyano utilizó aquella vez para ayudar a los K contra el campo, pero que también usó para frenar el país en 2012 y ante el mismo Gobierno, es -de manera sintética- uno de los motivos, no menor, para que el camionero siempre evite la cárcel.

Las cuatro causas que más complican a Moyano

Lavado de dinero: el gremialista está imputado en una causa de lavado de dinero por la compra en 2013 de terrenos lindantes al hotel del Sindicato en la provincia de Córdoba por $ 6.000.000, cuando los vendedores lo habían adquirido tres meses antes por $ 310.000, describe Lucía Salinas, de Clarín. Esta diferencia en los precios la advirtió la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).

Enriquecimiento ilícito: esta causa está ligada a la compra irregular de dos propiedades en Parque Leloir, valuadas en un millón de dólares cada una, de cuya compra estarían encargadas empresas vinculadas a Moyano. En esta causa está imputado también su hijo Pablo y se investiga a la esposa del líder de Camioneros, Liliana Zulet y sus hijastros Valeria Salerno y Juan Manuel Noriega Zulet.

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Administración fraudulenta: el juez federal Claudio Bonadio arrastraba desde 2011 una pesquisa centrada en la supuesta adulteración de medicamentos, una presunta defraudación a la administración pública mediante el cobro de reintegros por la obra social de los camioneros (Oschoca) para su lavado a través de un holding de empresas liderado por su esposa, sobre la base de una denuncia que radicó Graciela Ocaña y que a principios de este año sumó aportes de la UIF; en mayo, la Cámara Federal rechazó un pedido de prescripción y ordenó continuar con la pesquisa.

Extorsión: esta causa que lleva adelante el juez se originó a raíz de la denuncia de la vicepresidenta de Expreso Pontevedra, una empresa transportadora de carga, a quien los acusados -la cúpula de Camionero y otros ocho integrantes del gremio- habrían extorsionado en reuniones, celebradas bajo presión, y mediante llamados telefónicos.

Según el fiscal de la causa, Martín López Perrando, los integrantes de Camioneros intimidaron a Pastorino durante diciembre de 2017 y mayo de 2018, “a través de amenazas y coacción moral, con la finalidad de que esta última entregara dinero y/o cheques a favor del Sindicato de Choferes de Camiones y del Club Social y Deportivo Camioneros, a través de una exigencia ilegítima que consistió en reclamar una deuda relacionada con la incorrecta liquidación de las planillas de kilómetros recorridos por los choferes de la empresa ‘Expreso Pontevedra S.A.'”.

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Extorsión II: el camionero fue denunciado por “extorsión” un año antes -en 2016- por una serie de empresas mineras de San Juan a quienes Moyano acusó de deberle $ 457.504.429,24 en concepto de ajustes salariales y aportes a la obra social y al sindicato”.

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