Economía

La CGT y un pedido a Alberto Fernández que promete generar ruido en empresarios

La CGT pedirá al Gobierno Nacional extender la prohibición de los despidos, pero desde el sector empresario ya advierten que esa medida pone en serio riesgo la supervivencia de las compañías que vieron frenadas sus facturaciones por causa del aislamiento social y obligatorio

viernes 15 de mayo de 2020 - 11:33 am

En el marco de una situación económica preocupante para todos los argentinos, este jueves se reunió la cúpula de la CGT y acordaron proponer al Gobierno la creación de un comité de crisis en conjunto con el sector empresarial, las organizaciones sociales y la Iglesia, para coordinar alternativas dirigidas a reactivar la economía, y además pedir una extensión del decreto que prohíbe los despidos y suspensiones.

Esta última medida promete generar ruido, en un contexto en el que las empresas están asfixiadas entre la falta casi total de ingresos durante estos meses de aislamiento y la imposibilidad de realizar despidos.

En una reunión de la “mesa chica” con dirigentes del Consejo Directivo, pero ampliada a la participación de sindicalistas invitados, y que duró -aproximadamente- cuatro horas, se debatió la situación socioeconómica y se lograron superar las tensiones internas que se habían generado por el acuerdo logrado con la UIA para suspender trabajadores y el reparto de fondos de las obras sociales.

Este último punto generó un contrapunto entre algunos dirigentes gremialistas que cuestionaron el criterio elegido por la CGT a la Superintendencia de Servicios de Salud para distribuir a fines de abril $4.000 millones del Fondo de Redistribución, una parte de lo que el Estado le debe a las obras sociales en concepto de reintegros por tratamientos de alta complejidad.

Obras sociales, otro eje de polémica

El reparto dispuesto por la Superintendencia beneficiaba a la obra social de los Camioneros en desmedro de otras que pertenecen a sindicatos más grandes o a obras sociales chicas que han crecido porque hicieron acuerdos con prepagas y sirven de “vehículo” para que los trabajadores deriven hacia allí sus aportes. Pero a fines de abril, la CGT se quejó ante Eugenio Zanarini, titular de la Superintendencia, y le propuso un criterio más equitativo de distribución. Esa propuesta fue la que varios dirigentes cuestionaron en la reunión de ayer, en la UOCRA, en avenida Belgrano al 1800.

“Es cierto que existe enojo y bronca por la distribución de los fondos de las obras sociales y hoy hubo una fuerte discusión al respecto”, señalaron fuentes de la CGT a Télam. En la central hablan de “favoritismo” del gobierno con el gremio de Hugo Moyano.

“El gobierno está pagando la deuda que desde hace años todas las administraciones tienen con las obras sociales. Ese dinero no es de ningún dirigente sino de los trabajadores, que en su momento realizaron sus aportes. Es plata de ellos y se retiene indebidamente. En la actual situación de pandemia ello genera una crisis insalvable. De allí la exigencia de inmediato pago”, dijeron los voceros.

En menos de un mes quedaría sin efecto el decreto del presidente Alberto Fernández que dispuso el 13 de diciembre pasado, la doble indemnización para los despidos sin causa justa. La “mesa ampliada” de la central (el Consejo Directivo más aliados) advirtió esto, y además remarcaron que el 1° de junio vence el decreto que prohíbe los decretos y suspensiones por causa de fuerza mayor.

Teniendo en cuenta que la cuestión del coronavirus está lejos de mejorar, y más cerca de empeorar, los sindicalistas pedirán una prorroga de 60 o 90 días. Desde la central, creen que podría llegar a haber unos 600 mil nuevos desocupados en el sector privado, consecuencia directa de la crisis económica que atraviesa el país, agravada por la pandemia del Covid-19.

Sin embargo, esta intención generará cortocircuitos con el sector empresario, asfixiado por la falta de facturación que se ve extendida a la par de la vigencia de la cuarentena social y obligatoria. “No podemos seguir con las mismas estructuras. Entendemos la necesidad de los trabajadores, pero si no podemos flexibilizar nuestras plantillas, corremos riesgo de fundir y de que todos los puestos laborales se pierdan”, comentó a Nexofin una fuente empresaria.

Además de Daer, participaron el otro secretario general, Carlos Acuña, el local Gerardo Martínez, Andrés Rodríguez (UPCN), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Seguros), Omar Maturano (La Fraternidad), Julio Piumato (Judiciales), Mario Calegari (UTA), Sergio Romero (UDA), Abel Frutos (Panaderos) y Víctor Santa María (Suterh), todos parte del Consejo Directivo.

También dirigentes que no lo integran pero en el último tiempo se acercaron como Antonio Caló (UOM), Sergio Sassia (Unión Ferroviaria), Juan Carlos Schmid (Dragado y Balizamiento), Norberto Di Próspero (Legislativos), Guillermo Moser (Luz y Fuerza), Oscar Mangone (Gas) y Argentino Geneiro (Gastronómicos).

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