Judiciales

Polémica decisión del Poder Judicial: instruyó a defensores a exigir prisiones domiciliarias

La Defensora General de la Nación dio esa orden a todos los defensores públicos del país; puntualmente, lo solicitó en los casos de personas de riesgo o condenados a penas leves, por delitos no violentos o a punto de cumplir la sentencia

miércoles 29 de abril de 2020 - 3:02 pm

La defensora General de la Nación Stella Maris Martínez, de quien dependen todos los abogados de oficio que defienden a los detenidos sin recursos de la Justicia Nacional y Federal, recomendó a los letrados que renueven los pedidos de libertad que ya realizaron en beneficio de sus defendidos o que insten a los jueces a que los agilicen, siempre y cuando estén entre los grupos de riesgo de contagio del coronavirus, o que estén condenados a penas leves, por delitos no violentos o a punto de cumplir la sentencia.

Los alcanzados por la resolución de Martínez son los defensores de presos federales y no de aquellos alojados en cárceles bonaerenses, que están en el centro de la controversia.

El pedido de Martínez pretende reducir el hacinamiento carcelario como medida de prevención ante la pandemia.

La instrucción de la Defensora General se suma así a la polémica generada en la política nacional por la decisión de algunos jueces de liberar detenidos por el riesgo de un incremento de los casos de Covid-19 en las cárceles. 

Los presos que están en condiciones de pedir la morigeración de su encierro son los que recomendó la Cámara Federal de Casación Penal. Se tratan de las personas incluidas en el grupo de riesgo ante la pandemia, personas en prisión preventiva por delitos de escasa lesividad o no violentos, aquellos presos que no representen un riesgo procesal o los casos en los que está vencida la prisión preventiva.

La instrucción también alcanza a personas condenadas por delitos no violentos que estén próximas a cumplir la pena impuesta; personas condenadas a penas de hasta 3 años de prisión; personas en condiciones legales de acceder al régimen de libertad asistida, salidas transitorias o libertad condicional; y mujeres embarazadas o encarceladas con sus hijos e hijas.

La resolución firmada por Martínez insiste en la gravedad que conlleva el hacinamiento carcelario y en que “exige una actuación coordinada de todos quienes son parte en el proceso penal y un esfuerzo conjunto de todas las autoridades públicas, del Poder Ejecutivo Nacional, del Congreso de la Nación y de los órganos jurisdiccionales”.

COMENTARIOS