Opinión

El “mecanismo”: el plan para excarcelar 6.000 presos en Provincia

Héctor Gambini

Editor del diario Clarín

Quieren hacer lugar en los penales para poner camas de atención sanitaria. Y hay un camino “marcado” para los habeas corpus masivos

miércoles 29 de abril de 2020 - 9:00 am

Columna publicada originalmente en Clarín

No es una decisión judicial, ni política, ni sanitaria, ni de seguridad. Es todo eso junto.

La decisión de sacar presos de las cárceles bonaerenses masivamente es un plan organizado por el gobierno de Axel Kicillof para reducir la población carcelaria drásticamente en poco tiempo. Tiene objetivos claros, un propósito y un mecanismo de implementación cuyo engranaje ya se puso en marcha.

El “mecanismo” cumple objetivos del Ministerio de Salud provincial, se hace con participación de los ministerios de Seguridad y de Justicia, se motoriza en las cárceles a través de la Comisión Provincial por la Memoria y se instrumenta en la práctica por la Cámara de Casación Penal bonaerense.

Tomó forma concreta hace tres semanas, cuando desde el Ministerio de Salud provincial plantearon que el contagio masivo del coronavirus en las cárceles bonaerenses podría hacer colapsar todo el sistema sanitario de la Provincia. “Concretamente, nos dijeron que había que bajar el número de presos en un 15 por ciento”, reveló a Clarín una fuente que participó de aquella reunión de bautismo.

En las cárceles bonaerenses hay poco más de 40.000 presos. El 15 por ciento es 6.000. El propósito es sacar gente para poner camas donde poder hacer atenciones masivas si el virus se dispara intramuros.

“Habíamos pensado desalojar un Penal entero y transformarlo en hospital penitenciario directamente, pero en Salud no estuvieron de acuerdo. Nos dijeron que preferían uno o dos pabellones enteros con camas en cada cárcel en lugar de una cárcel completa y dejar a las otras con la infraestructura inútil que tienen ahora”, contó la fuente.

Para eso, la Comisión Provincial por la Memoria recorre penales instando a los presos a presentar recursos de amparo y habeas corpus masivos alegando ser grupo de riesgo ante el virus o haber cometido delitos “leves” o “no graves”.

Eso en la teoría, porque en la práctica las condiciones se cruzan: hay internos que “figuran” en grupos de riesgo sanitario que sí cometieron delitos graves, pero entonces salen igual.

La primera etapa -conseguir la excarcelación de algo más de 2.000 presos- ya se cumplió y se completó con un habeas corpus colectivo firmado por el juez de Casación Víctor Violini para darle la prisión domiciliaria inmediata a 700 internos, todos juntos.

El fiscal Carlos Altuve apeló la medida, pero el presidente de Casación Ricardo Borinsky -aliado de Violini en ese tribunal- no sólo le rechazó la apelación sino que instó a los jueces penales a que procedieran a las liberaciones de inmediato.

El fiscal aún puede recurrir en queja a la Corte bonaerense, pero es difícil que tenga suerte: el presidente de ese organismo, Eduardo De Lázzari -ex secretario de Seguridad de Duhalde-, fue precisamente quien había dado instrucciones para sacar gente de las cárceles a fines de diciembre pasado, cuando todavía el coronavirus ni siquiera se conocía.

El “mecanismo” fue diseñado para atenuar la responsabilidad política directa del gobernador Kicillof en la liberación de presos, luego de que un grupo de defensores oficiales de todos los distritos judiciales de la Provincia -encabezados por el defensor de La Plata, Omar Ozafrain, y la defensora de Mar del Plata, Cecilia Boeri- le pidieran una conmutación de penas masiva.

La figura, contemplada en la Constitución de la Provincia, tenía dos problemas: no todos los defensores oficiales adherían a esa medida tajante y, además, en el entorno de Kicillof la consideraban de alto riesgo político.

“Hay que encontrar una manera para hacerlo, pero donde la decisión final aparezca como de la Justicia”, comentó en la intimidad alguien allegado al ministro provincial Julio Alak.

Para eso, el juez de la Corte provincial Eduardo De Lázzari ya había firmado, antes de dejar la presidencia provisional del cuerpo, una resolución para habilitar a los tribunales colegiados a sesionar y firmar fallos en forma unipersonal.

Como la medida de excarcelaciones masivas tenía la oposición de muchos jueces de Ejecución Penal y de tribunales de primera instancia -los responsables naturales de otorgar las prisiones domiciliarias-, el lugar elegido para abrir la puerta de las cárceles fue la Cámara de Casación Penal.

El presidente y el vicepresidente del cuerpo tienen vínculos políticos aceitados con el gobierno provincial. El presidente Ricardo Borinsky había sido denunciado por la ex gobernadora María Eugenia Vidal luego de otorgar la excarcelación a tres comisarios de La Plata imputados por armar un sistema que cobraba coimas en la ciudad.

En aquel momento, Borinsky dijo que renunciaría y comenzó los trámites para su jubilación. Pero luego del triunfo del kirchnerismo en las PASO se quedó en su puesto y ahora es el presidente de la Cámara.

El actual vice del cuerpo, Violini, buscó ser intendente de La Plata por el Justicialismo.

Él fue quien firmó el primer habeas corpus masivo en su sala unipersonal que le había facilitado la resolución de De Lázzari.

El juez Violini dijo a Clarín que los 700 presos que ordenó liberar fueron propuestos por los ministerios de Justicia (600) y de Seguridad provincial (los 100 restantes).

En la reunión en la que acordaron la medida hubo representantes de ambas carteras. Por seguridad estuvo Darío Ruiz -mano derecha de Berni desde que estaban en Seguridad de la Nación-, y, por Justicia, Lisandro Pellegrini, representante del ministro Alak.

El ministro de Justicia Alak negó “categóricamente” que exista un plan del Poder Ejecutivo: “Las detenciones y libertades sólo pueden ser dispuestas a pedido de un defensor público o privado resueltas por un juez y sin que hayan sido apeladas por un fiscal. La defensa pública asiste a la gran mayoría de los internos de la Provincia y, junto a los fiscales que puedan apelar estas resoluciones, dependen de la Procuración General de la provincia”, dijo.

“A Berni esto no le gusta nada. Se limitó a escuchar el plan que llegaba desde otros de sus colegas ministros y mandó a la reunión crucial a su segundo”, dijo una fuente judicial que habla a diario con el ministro de Seguridad por cuestiones operativas. Berni salió a distanciarse públicamente del “mecanismo”, pero fuentes judiciales insisten en que su Ministerio participó en las listas proponiendo cien nombres para el habeas corpus masivo.

Cuando las condiciones operativas estuvieron dadas, el juez Violini firmó.

“Consulté con el resto de mis pares de la Cámara de Casación y decidimos que el habeas corpus colectivo correspondía porque era necesario para salvar vidas”, justificó Violini a Clarín.

-¿Fue por unanimidad?

-No, de los 8 jueces, 5 estuvimos de acuerdo, 1 planteaba hacerlo de otro modo y dos se abstuvieron.

-Pero, ¿por qué firmó usted solo?

-Porque es una potestad que nos dio el presidente de la Corte en su momento. En nuestra sala estamos el juez Borinsky y yo, y él ahora es el presidente de Casación y yo quedé solo.

-¿No es un riesgo liberar a tantos presos de golpe sin mayores controles ni tobilleras electrónicas para todos?

-Los controles los hacen los tribunales de cada jurisdicción. Ellos son los que van a resolver finalmente sobre el domicilio donde cada preso debe seguir con la pena. Y en cuanto a las tobilleras, es cierto que no hay para todos por una cuestión presupuestaria.

-¿Y cómo los controlan?

-Se decidió nombrar un garante por cada uno que salga sin tobillera…

-¿Qué sería un garante?

-Es alguien que se hace responsable por la persona que está yendo a su casa. Alguien que debe responder si el detenido que va a cumplir prisión domiciliaria luego se fuga.

-Pero, si va a vivir con un familiar… ¿cómo la esposa, el marido, los hijos o el hermano van a denunciar que la persona se fugó? Además, aunque lo hicieran, no tendrían responsabilidad penal porque no están obligados a declarar en contra de un pariente…

-Sí… bueno, habría que ver en cada caso. Es la única manera en que se podía hacer sin los recursos de una tobillera…

-¿Usted comparte este mecanismo de dar prisiones domiciliarias masivas?

-En estas circunstancias, sí. Sino no hubiera firmado el habeas corpus. Hay decisiones que no son gratas pero nosotros, como jueces, tenemos la responsabilidad y la obligación de salvar vidas. La indicación sanitaria es que los presos están en peligro y mi convicción es que la vida humana está primero. Es el papel que nos toca y debemos asumirlo.

-¿No había otras alternativas? Por ejemplo, ¿armar un hospital de campaña como otros que hay en el conurbano pero sólo para los presos?

-Por cuestiones presupuestarias, no. Se pensó en enviar presos a otras provincias pero nadie aceptaba tampoco. Y ¿cómo hago yo para decirle a un preso “a vos no te puedo proteger”? Yo tengo que proteger la vida, no le puedo decir a nadie que lo van a condenar a muerte. Yo soy católico…, yo no puedo mirar para otro lado y dejar a la gente que se muera. Con esta pandemia llegamos a esta posición desgraciada.

El “mecanismo” tiene, sin embargo, algunas fisuras internas. El juez Violini estuvo la semana pasada en uno de los penales con presos amotinados y les pidió a los detenidos que estaban en huelga de hambre que dejaran la medida de protesta porque sus casos iban a ser revisados.

Pero detrás suyo entró el secretario de la Comisión Provincial por la Memoria, Roberto Cipriano García, y arengó a los presos, diciéndoles que ellos los apoyaban en todas las medidas que tomaran, incluyendo la huelga de hambre. García envió un audio a familiares de los detenidos llamando a los presos amotinados en Melchor Romero “compañeros pro-libertad”.

El “peligro” del doble discurso oficial se vio el miércoles en la cárcel de Florencio Varela. Los presos se amotinaron alentados a presentar sus pedidos de prisión domiciliaria, pero durante el motín los guardiacárceles dispararon contra un grupo que había tomado el Penal. Uno de los internos, de 23 años, quedó muerto en los techos de la cárcel con tres balazos.

“Es una completa locura incitar al motín y luego matar a los amotinados, y es completamente contradictorio con la idea de que se busca salvar vidas”, dijo un juez penal del conurbano que se opone a las liberaciones masivas.

Con el “mecanismo” se llevan liberados alrededor de 2.000 presos. Para cumplir el objetivo, hace falta liberar a cuatro mil más.

“Es algo incómodo para decir en los medios, pero el objetivo es evitar que el virus se propague en la cárcel y empezar a inundar los hospitales con presos. Hay que entender que hay un dilema muy grande: o mandamos a muchos presos a las casas o los hospitales se llenan de presos y se quedan sin camas para el resto de la población… Y hay que decidir en este contexto”, justificó una fuente que está al tanto de las conversaciones oficiales sobre el tema en la Provincia.

Otro grupo de jueces se opone a ese método. “Nosotros creemos que hay alternativas para cuidar a la población carcelaria sin liberaciones masivas. La Provincia tiene 56 penales y en 16 de ellos hay menos de 200 presos. En el interior ni siquiera circula el virus y nos mandan a todos a correr para liberar gente y hay penales con espacios cerrados como salones de visitas o escuelas internas donde se pueden poner internos o las camas que necesitan, sin liberar a tantos presos a toda velocidad”, evaluaba uno de esos jueces, a cargo de una de las zonas más difíciles del conurbano.

En este grupo precisaban: “En las cárceles de la Provincia hay 41.109 internos al día de hoy, y desde que se decretó la pandemia ya salieron 2.286. De esos, 1.940 no eran pacientes de riesgo”.

La maniobra fue advertida por la jueza de Ejecución Penal Nº1 de Quilmes, Julia Márquez, quien hace 10 días envió un oficio a la Corte bonaerense: “Se está violentando el Código Penal de la Nación al disponer libertades condicionales sin verificar el cumplimiento de los requisitos que exige la normativa”, escribió. Y agregó: “Resultan extraños los mecanismos que se implementan desde los tribunales superiores para resolver dichas presentaciones”.

Se refería al “mecanismo”. Nunca le contestaron.

Las cárceles de la Provincia alojan al doble de presos de su capacidad, y a su vez a más de la mitad de los presos de toda la Argentina.

Fuera de la Provincia, la Cámara de Casación Federal instó a los jueces a resolver rápidamente las causas con detenidos para detectar a quienes puedan salir, pero allí no creen en la masividad de la medida.

“En la jurisdicción federal hay 1.300 detenidos en situación de riesgo y hasta ahora salieron solamente 110. No va a salir nadie sobre el que no haya plena seguridad de que va a estar controlado y en un ámbito seguro”, dijo un juez de esa cámara.

Allí también experimentan la acumulación de expedientes. “En esta feria judicial por la pandemia hay un 170% más de casos y pedidos presentados que en una feria judicial común. El aumento es por detenidos que piden la libertad lisa y llana o la prisión domiciliaria”.

Un camarista no comparte la negociación por la excarcelación masiva. “Hay presos con los que no podés sentarte a negociar, porque la exigencia va a ir en aumento hasta que no liberes a todos, y como al mismo tiempo saben que no podés liberar a todos, te van corriendo el arco y a veces eso se transforma en un camino sin retorno”.

Ahí creen en una estrategia de excarcelaciones por goteo, en lugar de la catarata que eligió la Provincia. Desde La Plata retrucaban: “Nosotros tenemos tres veces más cantidad de presos que ellos, y menos recursos”.

En el penal de Devoto la cuestión aún no estaba resuelta. Tras la revuelta del viernes habían acordado que el lunes a las 8 de la mañana irían funcionarios de Salud para optimizar las medidas higiénicas y sanitarias y hasta bien entrada la tarde no había aparecido nadie.

“El jueves se vence el plazo del acuerdo. Hay muchos que ya están de huelga de hambre y muchos otros que quieren volver a amotinarse. Hay una decisión de los presos de hacer motines masivos este fin de semana sino empiezan las excarcelaciones rápido”, contó a Clarín una fuente que trabaja con los detenidos en el CUD, el pabellón universitario de la cárcel.

Allí reconocen que la decisión bonaerense es una trampa y un dilema para todos. Si en la Provincia finalmente se van a ir a la casa 6.000 presos, en los penales de otras jurisdicciones no esperan que los demás se queden con los brazos cruzados.

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