Opinión

Prisión domiciliaria: lo que hay que saber

Juan Manuel Garay

Abogado (UBA) especializado en Derecho Penal (UTDT)

sábado 11 de abril de 2020 - 10:57 am

La cuestión acerca del otorgamiento de las prisiones domiciliarias es un tema que siempre se encuentra latente en la sociedad y que ha cobrado mayor auge a partir de la emergencia declarada por la aparición de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Pero, ¿qué dice la ley al respecto? ¿En qué casos procede su concesión?

Lo primero que hay que señalar es que la prisión domiciliaria consiste en la posibilidad de que una persona condenada cumpla su pena en el interior de un domicilio, del que no podrá salir sin requerir autorización judicial y debiendo observar una serie de reglas determinadas por el juez competente. También se puede conceder la prisión domiciliaria a las personas que se encuentren en prisión preventiva.

El tiempo en que la persona se encuentre bajo arresto en su domicilio se computará como cumplimiento de pena -en el caso que se encuentre condenado con sentencia firme- o como tiempo de detención preventiva –si no lo está. Esto es así ya que la prisión domiciliaria es una modalidad de cumplimiento de pena.

El Código Penal en su art. 10 establece cuáles son las causales por las que el juez podrá otorgar la prisión domiciliaria:

1. “El interno enfermo cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario le impide recuperarse o tratar adecuadamente su dolencia y no correspondiere su alojamiento en un establecimiento hospitalario”; 

2. “El interno que padezca una enfermedad incurable en período terminal”;

3. “El interno discapacitado cuando la privación de la libertad en el establecimiento carcelario es inadecuada por su condición implicándole un trato indigno, inhumano o cruel”;

4. “El interno mayor de setenta (70) años”;

5. “La mujer embarazada”;

6. “La madre de un niño menor de cinco (5) años o de una persona con discapacidad a su cargo”.

Las causales establecidas por la ley responden a principios de humanidad y dignidad de las personas consagrados en diversos tratados internacionales y receptados en nuestra legislación nacional. Como puede observarse, los supuestos responden a situaciones excepcionales para ciertos grupos vulnerables dentro de la población carcelaria.

Ahora bien, para la concesión del arresto domiciliario no basta con la mera comprobación de que el sujeto que la solicita se encuentre comprendido en algunas de las causales establecidas. Ello queda a criterio del juez, que puede denegarla si entiende que existen circunstancias que así lo justifiquen. Esto es así ya que la ley establece que, de comprobarse alguna de las causales, el juez podrá otorgar la prisión domiciliaria. Su concesión, entonces, no es automática.

En este punto, juegan un papel muy importante los informes médicos de los peritos, pues el juez habrá de valerse de ellos para determinar cuál es la situación de salud del interno, el riesgo de que siga detenido en un establecimiento penitenciario y las posibilidades con las que cuenta el servicio penitenciario para tratar su dolencia.

Además, revisten especial relevancia otros informes, como por ejemplo, los socio ambientales, los que también serán considerados por el juez a fin de conocer la situación de quien peticiona su arresto en un domicilio.

En este sentido, en lo que refiere a la causal 4 –interno mayor de 70 años-, la ley de Ejecución de la pena privativa de la libertad (ley 24.660) establece en su artículo 33: “El condenado mayor de setenta años o el que padezca una enfermedad incurable en período terminal, podrá cumplir la pena impuesta en detención domiciliaria, por resolución del juez de ejecución o juez competente, cuando mediare pedido de un familiar, persona o institución responsable que asuma su cuidado, previo informes médico, psicológico y social que fundadamente lo justifique”.

Bajo este supuesto, hay quienes interpretan que sí procede la concesión de la prisión domiciliaria de forma automática. Es decir, que todo detenido de 70 años de edad o más debe cumplir su condena o detención preventiva en un domicilio.

Con relación al supuesto 6 –madre de un niño menor o con discapacidad a su cargo- corresponden hacer algunas aclaraciones. Existe una interpretación que podría llamarse “más amplia” sobre el precepto legal que considera que el arresto domiciliario también debería concederse al padre cuando la madre no pueda hacerse cargo. Es que lo que resulta relevante para otorgar la concesión bajo este supuesto es el interés superior del niño pues lo que busca la ley es que la detención del sujeto no afecte al desarrollo y crecimiento del menor. Es decir, el foco está puesto sobre lo que resulte más beneficioso para este último y por ello también pueden hallarse comprendidos bajo este caso otros familiares distintos a la madre u el padre.

Para esta línea de interpretación “amplia” lo que debe evaluarse es la existencia de un vínculo real y afectivo entre el menor y el familiar (o quien lo tenga a cargo) y que la detención de este último –o su presencia en el hogar- no perjudique al niño o a la niña.

También con fundamento en el interés superior del niño se ha ampliado el supuesto para el caso de menores edad pero mayores de 5 años. Así, la edad del niño o la niña no impide la concesión de la prisión domiciliaria cuando el interés de aquellos se encuentre comprometido pues frente a una distinción etaria rígida se podría incurrir en un trato desigual frente a casos iguales o similares.

En definitiva, lo que deberá analizarse en estos casos es si el niño o la niña se encuentra en una situación de desamparo o vulnerabilidad tal que resulte aconsejable que la detención de la persona se lleve a cabo en su domicilio para poder cuidar del mismo, aun cuando el menor involucrado sea mayor de 5 años.

En caso de incumplimiento injustificado de la permanencia en el domicilio, el juez deberá revocar el arresto domiciliario y, si lo considera, ordenar la detención carcelaria. Ello lo establece el art. 34 de la ley 2.4660 en cuanto dice: “El juez de ejecución o juez competente revocará la detención domiciliaria cuando el condenado quebrantare injustificadamente la obligación de permanecer en el domicilio fijado o cuando los resultados de la supervisión efectuada así lo aconsejaren”.

Por último, también cabe mencionar que la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Nuevo Código Procesal Penal Federal dispuso por medio de la resolución Nº 2/2019 (B.O. n° 88603/19, publicada el 19/11/2019) la implementación para todo el territorio nacional de los artículos 210, 221 y 222 del Código Procesal Penal Federal. En lo que a la prisión domiciliaria respecta, debe destacarse el art. 210 del Código Procesal Penal Federal en tanto detalla de forma taxativa las medidas de coerción y cautelares que a pedido del fiscal o de la querella, podrán ser otorgadas por el juez con el objetivo de asegurar la comparecencia de la persona sometida a un proceso penal o para evitar el entorpecimiento de la investigación. Dentro de las medidas el artículo prevé el arresto domiciliario.

Precisamente, dice: “El representante del MINISTERIO PÚBLICO FISCAL o el querellante podrán solicitar al juez, en cualquier estado del proceso y con el fin de asegurar la comparecencia del imputado o evitar el entorpecimiento de la investigación, la imposición, individual o combinada, de […] j. El arresto en su propio domicilio o en el de otra persona, sin vigilancia o con la que el juez disponga”.

Su implementación anticipada responde a la iniciativa de incorporar medidas alternativas a la privación de la libertad en un establecimiento penitenciario, de modo tal que la prisión preventiva sea la última opción. En efecto, el inc. k del artículo en cuestión dispone que la prisión preventiva, se dicte solo “en caso de que las medidas anteriores no fueren suficientes para asegurar los fines indicados”.

La novedad del arresto domiciliario según art. 210 CPPF radica en que su otorgamiento no se limita a la edad del imputado, su estado de salud o condición de madre de menores o personas a cargo, sino su ámbito de aplicación se ve ampliado, aunque siempre sujeto a la obligación de permanecer en su vivienda o en la de otra persona “de acuerdo a las condiciones que fije el tribunal”.

Finalmente, el artículo dispone que “El control sobre el cumplimiento de las medidas indicadas en los incisos a) a j) del presente artículo estará a cargo de la Oficina de Medidas Alternativas y Sustitutivas…”.

¿Qué incidencia tuvo la pandemia del Coronavirus en los pedidos de arresto domiciliario?

El 25 de marzo del 2019 mediante Resolución Nro. 184/2019 el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró la Emergencia Carcelaria. Allí se señaló que uno de los principales problemas que atraviesa el Sistema Penitenciario es el incremento de la población y la consecuente saturación de la capacidad operativa de alojamiento.

La sobrepoblación carcelaria es uno de los principales problemas frente a la propagación del virus, ya que impediría llevar a cabo las medidas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud; tales como mantener condiciones básicas de higiene y cumplir con el distanciamiento social.

En este contexto, y frente a la posibilidad de que el virus se propague dentro de las cárceles, muchos detenidos, sobre todos aquellos que se encuentran dentro de la llamada población de riesgo, han solicitado cumplir con su detención en su domicilio, con fundamento en el primero de los supuestos previstos por la ley (art. 10, inciso a, del Código Penal). Principalmente se ha puesto el foco en aquellos detenidos con mayor riesgo para la salud, como adultos mayores y mujeres embarazadas o que presentan condiciones crónicas como enfermedades coronarias, diabetes, enfermedad pulmonar y VIH, entre otras.

El Sistema Penitenciario Federal ha realizado un informe de la población alojada con respecto al Covid-19, en el que se realizó una nómina de internos que por sus condiciones de salud, presentan un mayor riesgo frente al virus. En cada caso, para determinar si procede o no el arresto domiciliario se deberá evaluar si es posible proteger la salud de las personas detenidas y las consecuencias que el contagio del virus podría tener para cada una, entre muchos otros factores.

COMENTARIOS