Política

Qué introduce la modificación que el Gobierno publicará sobre la Ley de Inteligencia

La nueva ley establece la creación de una mesa de diálogo en la Jefatura de Gabinete para “procurar transparencia y eficacia en la recolección, tratamiento y difusión de la información estatal sobre el atentado" a la AMIA

miércoles 4 de marzo de 2020 - 10:12 pm

El Poder Ejecutivo publicará este jueves en el Boletín Oficial los decretos para modificar la Ley de Inteligencia y desclasificar testimonios de la causa AMIA, como anunció el domingo Alberto Fernández durante su discurso ante la Asamblea Legislativa.

Estos DNU implican que la AFI dejará de auxiliar a la Justicia,  a la que solo podrá asesorar en temas de terrorismo o en el que se vea alterado el orden constitucional, y se pasará a carácter de “público” los archivos desclasificados de la AMIA.

En el caso de la Ley de Inteligencia, la modificación principal es sobre el inciso que establece una excepción que permite a los organismos de inteligencia participar como auxiliares de la justicia en las investigaciones criminales.

“Corresponde limitar de forma urgente ese resquicio legal, que permitió generar y retroalimentar vínculos espurios desarrollados entre organismos de inteligencia y algunos sectores del sistema de justicia, franqueando la participación de aquéllos en funciones totalmente ajenas a sus verdaderas áreas de incumbencia”, indica el decreto, según informó Infobae.

El texto agrega: “Dicha inadecuada intromisión ha afectado en múltiples casos la necesaria independencia judicial, actuando como un componente corrosivo frente a la legitimidad institucional de nuestra democracia”.

Bajo estos argumentos, acorde al artículo de la modifica ley, ningún organismo de inteligencia podrá “realizar tareas represivas, poseer facultades compulsivas, ni cumplir funciones policiales o de investigación criminal” u “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

Otras de las limitaciones es que no tendrán permitido “influir de cualquier modo en la situación institucional, política, militar, policial, social y económica del país, en su política exterior, en la vida interna de los partidos políticos legalmente constituidos, en la opinión pública, en personas, en medios de difusión o en asociaciones o agrupaciones legales de cualquier tipo”.

Por último, sostiene que tienen prohibido “revelar o divulgar cualquier tipo de información adquirida en ejercicio de sus funciones relativa a cualquier habitante o a personas jurídicas, ya sean públicas o privadas, salvo que mediare orden o dispensa judicial.”

Con respecto al decreto por la desclasificación de los archivos de la AMIA, desde el Gobierno dan cuenta de que fue un pedido de los familiares de las víctimas del atentado. La normativa refiere a los archivos secretos que hasta ahora solo tenían acceso las partes vinculados a la causa AMIA y a la investigación por el encubrimiento del atentado.

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