Opinión

Kirchnerismo 2020: volvieron por todo

Mariana Stilman

Diputada nacional por la Coalición Cívica ARI, Juntos por el Cambio

viernes 28 de febrero de 2020 - 6:11 pm

Pensamos que estamos viviendo un deja vú, pero no es así: está pasando de verdad.

Vemos al presidente Alberto Fernández protagonizando algo así como un “spot” publicitario en el que sostiene que en la Argentina hay detenciones arbitrarias; mientras en un videograph al pie de la imagen puede leerse que habla de lawfare y vulneración sistemática del Estado de derecho mediante “tácticas de persecución”.

Y en el curso de una semana nos enteramos de que el Gobierno pretende desarticular el Programa de protección para testigos e imputados colaboradores, para lo cual empieza filtrando información sensible de los protegidos y luego deroga el decreto que le había dado mayor autonomía al funcionario a cargo del Programa, senadores oficialistas presentan un proyecto de ley para dejar sin efecto prisiones preventivas en causas de corrupción y otro para intervenir la Justicia de la provincia de Jujuy. Como si fuera poco, el Poder Ejecutivo envía a la Cámara de Diputados un proyecto de reforma del régimen previsional del Poder Judicial, que está provocando la renuncia de una gran número de jueces y fiscales, por temor a perder derechos jubilatorios.

No podemos dejar de recordar a Cristina Fernández de Kirchner en un acalorado discurso hacia fines de 2012, sobre la necesidad de “democratizar” la Justicia. Recuerdo eso y las medidas que se sucedieron después, como la fallida creación de las Cámaras de Casación federales, por la cual intentó imponer una alzada a todos los fueros federales para que las causas de particular interés pudieran ser resueltas por jueces designados por el Gobierno y la nueva reforma del Consejo de la Magistratura; iniciativas todas aprobadas por las mayorías oficialistas en el Congreso de la Nación en el año 2013.

Las formas y los medios son otros, pero el objetivo es el mismo: lograr lo que el kirchnerismo siempre anheló, pero no pudo conseguir pese a sus denodados esfuerzos, control absoluto de la Justicia y garantía de impunidad.

Desde el mismo momento en que ingresó a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que ayer nos tocaba debatir, se produjeron decenas de renuncias de jueces y de fiscales, y nos enfrentamos a un panorama alarmante: existen hoy entre 200 y 280 jueces que están en condiciones de acogerse inmediatamente a la jubilación antes de que entre en vigencia la reforma que propone el oficialismo, lo que sumado a las 250 vacantes existentes permitiría al Gobierno dirigir la selección del 50% de los jueces federales. Similar panorama se avizora para el caso de los fiscales que integran el Ministerio Público.

El bloque de Juntos por el Cambio intentó por todos los medios que en el despacho a tratarse en el recinto de la Cámara fuera incluida una cláusula transitoria para dar seguridad jurídica y evitarlo; pero, como era de esperar, los diputados oficialistas se negaron de forma terminante, echando mano de todo tipo de excusas.

Ni Carlos Saúl Menem se animó a tanto. Sin embargo, la estrategia y la motivación coinciden en los tres casos.

Hacia fines de la década del 80 y principios de la del 90, cuando el país sufrió uno de los más graves procesos inflacionarios de la historia, el poder adquisitivo de los salarios disminuyó drásticamente, incluso en el caso de los funcionarios judiciales; lo que sumado a la falta de equiparación salarial reconocida por el decreto 1770/1991 provocó la renuncia de una gran cantidad de jueces del Poder Judicial Nacional; lo que generó un gran número de vacantes que debieron ser suplidas. Circunstancias que el ex Presidente aprovechó para designar en los tribunales a jueces “cercanos” y carentes de la independencia requerida para la magistratura, pero permeables a sus voluntades.

A eso se sumó la designación de los 13 jueces que integraron la primer composición de la Casación Penal, creada durante su presidencia y que, según trascendió entonces, tuvo como consecuencia nada menos que la renuncia del entonces ministro de Justicia.

Lo cierto es que ese hecho mantuvo sus efectos hasta la actualidad, cuando, por ejemplo, uno de esos magistrados designados por el ex Presidente resolvió absolver a Menem en la causa de ventas de armas a Croacia y Ecuador en octubre de 2018; es decir, 23 años después.

Como vemos, los gobiernos del PJ no se destacan por la originalidad de sus recetas. Frente a ese panorama, el resto, los ciudadanos, los legisladores representantes de los ciudadanos, ¿podemos seguir asistiendo “impávidos y gentiles”, como dice el poeta?

Sin dudas quedó en evidencia que las reales intenciones del oficialismo, el nuevo kichnerismo, no son otras que controlar la Justicia detrás de un discurso de “solidaridad” que no existe. Luego de la gravedad de lo ocurrido en la sesión de este jueves, la que se llevó adelante sólo gracias a que el Frente de Todos consiguió quórum para sesionar habiendo transcurrido el tiempo reglamentario, y gracias a que el presidente de la Cámara de Diputados permitió que se sentara en una banca el designado embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, lo que viola las incompatibilidades establecidas por la Constitución Nacional en ese sentido.

Desde la Coalición Cívica jamás estuvimos por los privilegios, sino que, por el contrario, promovimos decenas de juicios políticos a jueces por mal desempeño o corrupción, reclamamos el pago de ganancias por parte de los magistrados y el 82% móvil para todos los jubilados. Sin embargo, en este caso no estamos ante una ley que termina con los privilegios jubilatorios, tampoco ante una receta que resuelve el déficit y la inequidad en el sistema previsional; mucho menos que les mejore la situación apremiante a los jubilados del régimen general que no llegan a veinte mil pesos.

Menos aún cuando como resultado de las renuncias masivas buscadas, que ya se han dado y las que se darán a partir de la media sanción de la ley, se producirá en lo inmediato una mayor carga en el sistema; a raíz de la obligación de afrontar una cantidad sin precedente de jubilaciones solicitadas al unísono, las que de otra forma se hubieran producido años más tarde.

Otra vez nos impusieron el tratamiento exprés de una ley; una norma que, además, lleva al colapso al sistema judicial nacional y federal y atenta directamente en contra de la independencia del Poder Judicial.

Y lo volvieron a hacer con un recurso similiar al “diputrucho” de los 90, sin que les dé vergüenza, con evidente desesperación por llevar adelante sin miramientos el plan de impunidad trazado desde la conformación de la alianza electoral que los devolvió al gobierno nacional.

No podemos asistir ingenuamente a otro engaño disfrazado de ventaja, nuestro deber es advertir a nuestros representados que vienen otra vez por la Justicia y la República, en desmedro de los derechos esenciales de todos. No es un deja vú, está pasando.

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