Economía

A 20 días de asumir, Aníbal Fernández echó a 417 trabajadores en Río Turbio

"Me molesta tener que tomar una decisión que implica la cesantía de 417 personas, pero ninguna fue convocada por mecanismos públicos sino elegidas arbitrariamente a dedo por el propio interventor", justificó el ex jefe de Gabinete

jueves 20 de febrero de 2020 - 2:16 pm

El nuevo interventor de Yacimiento Carbonífero de Río Turbio (YCRT), Aníbal Fernández, ordenó echar a 417 trabajadores en Santa Cruz que habían sido nombrados por su antecesor en el cargo.

Tras la decisión del ex jefe de Gabinete del kirchnerismo, los trabajadores se manifestaron quemando este jueves cubiertas en señal de protesta frente a las sedes de la empresa, en Río Turbio y en Río Gallegos.

Lo curioso es que los despedidos no fueron apoyados por los gremios ni por el sector político del Frente para la Victoria.

Según informó este jueves La Nación, los despedidos son hombres y mujeres de distintas áreas. La lista incluye a personal administrativo de las oficinas que la empresa estatal tiene en Buenos Aires, en la calle Cabildo; a empleados de la sede de Río Gallegos y a trabajadores del yacimiento.

Anoche, un grupo de ellos le reclamaban al coordinador general de la empresa, José Lucas Gaincerain, por los despidos. Gaincerain les pidió que formaran una comisión para seguir discutiendo.

La explicación de Fernández

En su cuenta de Facebook, Fernández explicó que el 29 de noviembre de 2019, “días antes del cambio de gobierno, el entonces interventor de YCRT, Omar Zeidán, efectuó la contratación de 417 agentes en planta permanente” y explicó que esas designaciones se fundamentaban “en supuestas ‘inversiones programadas’, las ‘inmejorables condiciones creadas por el gobierno’ de Macri y la necesidad de contar con mayor personal”.

Para Fernández, esos argumentos eran “todas falacias”, ya que “las actividades del complejo se encontraban virtualmente paralizadas por medidas de fuerza del personal y por el estado de crisis de la empresa”.

En ese marco, anunció que procedió a “la revocación de la resolución (que ni siquiera fue firmada por la autoridad de aplicación de Trabajo) por la ilegitimidad de las contrataciones” y anunció que instruyó “la correspondiente denuncia penal contra el interventor saliente por franca desviación de poder y por delitos de acción pública en perjuicio de YCRT”.

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