Opinión

Gobierno y administración

Beatriz Sarlo

Periodista, escritora y ensayista

La estructura actual es símbolo de cómo piensan y actúan nuestros dirigentes políticos. La continuidad en la administración es inimaginable y parece que todo debe cambiar de una gestión a otra

domingo 16 de febrero de 2020 - 9:40 am

Columna publicada originalmente en Perfil

Alberto Fernández asumió el 10 de diciembre de 2019, hace poco más de dos meses y, según todas las noticias, se ocupó intensamente de las designaciones.

Parece lógico, puesto que en ministerios y secretarías se reemplaza a los responsables de políticas llevadas a cabo por el frente macrista, que perdió las elecciones en gran parte por el fracaso de sus actos de gobierno.

La Argentina no se caracteriza por la continuidad, sino por hacer cambios bajo cada nuevo presidente, que reza, al mismo tiempo, la homilía de que esos cambios son indispensables, porque nos pondrán en el buen camino.

Nuestras instituciones administrativas tienen, con agobiante frecuencia, una quebrada continuidad que recomienza cada cuatro u ocho años. No cambian solo los ministros y sus equipos, sino más abajo, en la estructura burocrática del Estado. Esta no es la regla en otros países, cuyas administraciones admiramos por la solidez y la experiencia. En general, no toquetean excesivamente los organismos que no sean instrumentos políticos propiamente dichos y definidos.

Pongo un ejemplo: la Library of Congress de Washington, la mayor biblioteca de Estados Unidos, fue fundada en 1800 y tuvo, desde entonces hasta hoy, 14 directores. Conocí a James Billington cuando lo nombraron, en 1987, y allí se quedó hasta su retiro, en 2015. Casi treinta años. Son cargos del más alto nivel de la administración cultural y técnica del Estado, no cargos políticos. Investigué sobre literatura argentina en la Biblioteca del Congreso, entre colecciones completas de revistas y primeras ediciones de libros rioplatenses. Los subsuelos son tan extensos que es posible desplazarse en carritos similares a los que se usan para transportar valijas en los aeropuertos.

El acceso a los anaqueles es libre para quienes demuestren ser investigadores, así como es libre el acceso a los anaqueles en las bibliotecas de todas las universidades a quien posea la credencial de alumno. La Biblioteca Nacional de Francia tuvo 15 directores entre 1840 y 1993. Son muchos, pero no habría que olvidar que, en ese período, sucedió la Comuna, el cambio de régimen político, dos guerras mundiales y la ocupación alemana.

Sigan leyendo, por favor, en vez de insultarme por elitismo cosmopolita, ya que no estoy pasando datos de difícil acceso sino de lo que cualquiera puede enterarse en un folleto o la página web de esas instituciones. Cosa parecida sucede con los teatros nacionales, donde sus directores no duran un período presidencial, como hoy sucede en Argentina, donde Alejandro Tantanian, director del Teatro Nacional Cervantes, acaba de presentar su renuncia y nadie en el Ministerio de Cultura intentó disuadirlo. La Biblioteca Nacional cambió de director cada vez que hubo cambio de presidente. Cuando llega el nuevo ministro o secretario, la historia empieza de nuevo. Repartija.

En otros países, la administración cultural y técnica no está inexorablemente definida por la repartija de cargos; en consecuencia, no todos los funcionarios son reemplazados con cada cambio de gobierno. Por eso, hay administración y no ocupación temporaria del Estado. El problema argentino no es que el número de funcionarios sea elevado, ya que es levemente menor que en otros países de la OCDE, sino si esos funcionarios tienen los antecedentes que prueban su preparación para el cargo y, una vez allí, se les concedan plazos razonables para desarrollar un proyecto.

En la Argentina, los cargos de la administración se convierten en botín político porque hay que darles algo a los compañeros o correligionarios. Hoy, la cuestión es más grave porque, además, es preciso responder a los pedidos o las órdenes de la vicepresidenta Cristina Kirchner, que no piensa privar a ninguno de los suyos de un lugar bajo el sol. El doble comando ha instalado su ventanilla de nombramientos.

Y aquí viene mi interrogante: ¿necesitamos más cargos porque la militancia partidaria está sostenida por la promesa de un lugar en la administración del Estado? ¿Los partidos existen porque, además de los cargos electivos, se juramentan a repartir la administración? ¿Hasta qué nivel de la administración el acceso a cargos es casi puramente político y no técnico? Elites de todo pelaje. Los países europeos tienen extensas administraciones, pero sus reglas de acceso y permanencia son diferentes: los cargos de la administración no se vacían ni se llenan según los períodos presidenciales.

Son administraciones y no botines de guerra. A esos cargos se accede según normas cuyo carácter estricto llega incluso a ser cuestionado, porque tienden a consolidar elites sociales y educativas. Lo que no sucede es que se renueven según el subterráneo oleaje de los compromisos electorales, ni que el nuevo presidente deba pagar deudas contraídas durante la campaña que lo llevó a la victoria. La burocracia conserva una relativa continuidad suprapartidaria. Algunos países europeos crean elites administrativas (Oxford y Cambridge son el caso en Gran Bretaña; las grandes Ecoles, en Francia).

La Argentina ha renunciado a esa selección académica y meritocrática porque, una vez más, justificamos nuestra débil calidad administrativa con el cantito de que no somos elitistas. Las buenas causas. Declararse feminista, solidario con los de abajo, obsesionado por la pobreza, etc., etc., solo certifica una opción ideológica. Como la de alguien que se declarara católico o antiimperialista. No compensa la falta de preparación específica ni las sobreactuaciones. Los ministros Daniel Arroyo o Ginés González García han demostrado que la experiencia y el conocimiento son cualidades indispensables para que las convicciones ideológicas no armen un cepo al funcionario y al gobierno.

El caso contrario fue, en estos días, el de Elizabeth Gómez Alcorta, ministra de Mujeres, Género y Diversidad. Ella cree que puede seguir emitiendo sus opiniones como si estuviera en una organización social y no en el Estado. No diferenciar entre uno y otro espacio resulta de una ignorancia provocadora. Gómez Alcorta parece no saber que, en un sistema presidencialista, es el presidente quien marca la dirección fundamental y decide los debates.

Apoyada por Cristina, agita el estandarte de Milagro Sala para convertirla en símbolo y prueba de que en Argentina hay presos políticos. Se ve que no le informaron sobre los años en que hubo presos verdaderamente políticos y desaparecidos de la misma especie. Es probable que esto sea resultado de la democracia desordenada que todos conocemos. Sin que se le cayeran los anteojos, Gómez Alcorta contradijo al jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, que expresa las ideas de Alberto Fernández. Dijo Gómez Alcorta: “A veces hacemos eje en cuestiones semánticas e intentamos poner diferentes posiciones, pero cuando vos tenés a una persona a la que se le hace un proceso judicial con la única finalidad de detenerla por cuestiones políticas, eso es un preso político”.

Fernández ha repetido que su gobierno no tiene presos políticos. Gómez Alcorta interpreta que “la finalidad de la detención de Milagro Sala es política”. Son opiniones. Pero es grave que sea el propio Presidente quien quede incluido en el juicio de la muy progresista ministra, que está haciendo sus primeras armas en el aparato del Estado, después de militar en organizaciones de la sociedad civil. En un reportaje de Página/12 afirmó que es la primera universitaria de su familia, como para disolver sospechas sobre el segundo apellido que ella misma elige usar. Si le pesa el apellido, podría llamarse tranquilamente Elizabeth Gómez y no despertar suspicacias, diría algún gracioso con prejuicios sociales.

La tensión entre el monopolio de las elites (sean de universidades reconocidas mundialmente como de grandes escuelas de administración) y la ampliación democrática no se resuelve con la incorporación de ideólogos que pasan por alto las complejidades del gobierno y creen que sus creencias son las únicas verdaderas. Se equivocan, aunque defiendan buenas causas. Dejémosle la pedantería a Cristina, su dirigente táctica y estratégica.

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