Opinión

Si hacen una ley para que nos callemos, hablaremos más

Darío Lopérfido

Darío Eduardo Lopérfido es un político argentino. Fue Secretario de Cultura y Medios de Comunicación de la Nación, director artístico del Teatro Colón, presidente de Ópera Latinoamérica y Secretario y Ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires.

lunes 10 de febrero de 2020 - 1:38 pm

Columna publicada originalmente en Infobae

 

En su gira por países europeos el presidente Fernández se reunió en París con los representantes de una asociación llamada ACAF (Asamblea de ciudadanos argentinos en Francia) y estos le propusieron una ley para “penalizar a los que nieguen o relativicen los crímenes cometidos en la dictadura”. Fernández se comprometió a seguir el tema y María Laura Stirnemann (de la asociación HIJOS) le propuso adaptar la norma francesa contra los negacionistas del Holocausto a la realidad argentina.

Apenas surgió la temática, se produjo en las redes sociales una andanada de opiniones en contra y algunos referentes del tema salieron a opinar en oposición a la iniciativa. Graciela Fernández Meijide calificó de “sorpresivo e injustificable” al proyecto y dijo que en la Argentina no hay negacionismo dado que nadie niega los crímenes de la dictadura (sentido común puro). Alertó, además, sobre los planteos revisionistas: “Eso fue una cosa típica del kirchnerismo duro. Cuando ingresó Néstor Kirchner a la (ex) ESMA anunció que por primera vez el Estado había entrado en ese lugar. Nosotros nos habíamos cansado de hacer inspecciones ahí con la Conadep. Fernández Meijide da en el clavo, ya que fue en ese momento cuando los fanáticos empezaron a no tolerar al que pensaba distinto. Fue allí también que la violencia del discurso del montonerismo residual envenenó el discurso político. Y es muy acertada la mención a la Conadep ya que, debemos recordar, el peronismo se negó a integrarla cuando la democracia recién arrancaba. El justicialismo era coherente con su postura: ellos creían que no había que juzgar a nadie, ni a terroristas ni a militares. Por ende, no querían que se supiera lo que había pasado con los desaparecidos.

El tema es descabellado por donde se lo mire. Para empezar, no corresponde una comparación de la Shoá con la dictadura argentina. Es una falta de rigor histórico absoluto esa comparación. El fanatismo y la manipulación histórica que fabricó el kirchnerismo llevó a que cualquiera que tenga una idea vinculada al rigor histórico en los 70 sea vilipendiado y humillado por intentar defender la verdad. Para algunos, salir del discurso de la secta implica soportar agravios y agresiones por parte de los cultores del discurso único. Tuve que soportar desde escraches y pedidos de dinero para parar el hostigamiento hasta amenazas de muerte por decir que la cantidad de desaparecidos está fijada oficialmente por el Estado argentino y que no decir 30 mil no le quita gravedad al tema. Y que si se tratara de una sola persona desaparecida sería gravísimo igual. Dado mi carácter humanista, mi interpretación es que cada persona que desapareció tenía una historia y una identificación, y que esconder eso detrás de un “número simbólico” le quita la debida condición de tragedia a cada una de las personas que desapareció. Cada desaparecido es una tragedia individual. Por eso es importante que no se lo masifique detrás de cifras simbólicas y colectivas. También afirmé que las muertes y desapariciones no habían empezado en la dictadura sino en el gobierno justicialista del 73 al 76 y que las organizaciones terroristas Montoneros y Triple A (que provenían del justicialismo) junto a otras como el ERP habían atacado en democracia y se habían cobrado muchas víctimas. Asimismo aclaré, una y otra vez, que nada de lo que afirmaba bajaba mi nivel de condena a lo que había pasado en la dictadura. Pese a todo eso, fui hostigado como es hostigado cualquiera que no esté de acuerdo con el discurso oficial sectario de los 70 y, para mí, los 70 no tuvieron nada de “románticos” ni de “épica militante”. Fueron años de tragedia donde murió demasiada gente. Años espantosos, dicho de otra manera. Para algunos los 70 se deben contar de una sola manera: la de ellos.

En la reunión del Presidente con los representantes de la ACAF se pidió también por la libertad de Milagro Sala sin pensar un momento en las víctimas de la señora en cuestión. Tampoco se tomó en cuenta que la libertad de las personas condenadas depende de la justicia, no de los presidentes. Parece increíble tener que aclararlo, pero Milagro Sala cumple penas que le fijó el Poder Judicial, un poder distinto al Ejecutivo. Este último, por su lado, no debería opinar sobre los actos de la Justicia. Es notable el desprecio por la institucionalidad que se maneja en nombre de los “derechos humanos”. En esa reunión se pudo probar, una vez más, el cinismo de Fernández y la hipocresía de los demás. Fernández integró el gobierno de Menem y estuvo de acuerdo con el indulto a militares y terroristas que dictó ese gobierno. Como afirmó esta semana el intelectual Fernando Pedrosa en una extraordinaria síntesis: “El partido que puso como jefes de las FF. AA. a Videla y Massera y que luego los indultó, quiere una ley que castigue a quien niegue los hechos. El presidente que la impulsa integró el gobierno indultador, compartió lista con negacionistas y es apoyado por el ex presidente indultador”. El cinismo peronista no tiene fin.

También se han expresado cuantiosos juristas al decir que una ley así viola la Constitución nacional y algunos de los pactos internacionales que Argentina suscribió y que están integrados a la Constitución. Incluso estaría en oposición a lo que plantea el Comité de Derechos Humanos de la ONU, que sostiene que no se puede dictar leyes que limiten la libertad de expresión sobre hechos históricos. Eso sería gravísimo, por supuesto. Yo quiero poner el acento en lo que pasaría con una ley así en el país de CFK, Hebe de Bonafini, La Cámpora y tantos otros que el peronismo ha generado o prostituido con su idea violenta de la política: sería una organización dedicada a perseguir al que piensa distinto o al que puede entorpecer sus planes hegemónicos y autoritarios. Como también son corruptos, me imagino una situación: no faltará el funcionario que se ofrezca a gestionar el certificado y poner el sello de “libre de pensamientos malos” a cambio de una suma módica que le permita mudarse a Puerto Madero. A fin de cuentas, esa es la manera en la que siempre han resuelto todo los peronistas.

Mientras sucedía todo esto, el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, dijo que en el país no hay “presos políticos” y prefirió hablar de “detenciones arbitrarias”. Nora Cortiñas (Madre de Plaza de Mayo) le respondió: “Me duele que quieran minimizar la situación de los detenidos por razones políticas. Es algo triste y molesto”. Llegamos al punto en que un grupo de millonarios que están presos por delitos de corrupción sean considerados “presos políticos”. En un país donde murieron tantas personas por violencia política llegamos al extremo de que gente presa por delitos vinculados a lo económico sean vistos como “presos políticos”.

Los desacuerdos sobre el pasado requieren de más dialogo y más política, no de leyes que cercenen libertades. Lo que sucede es que los fanáticos que creen que hay sólo una visión del mundo no quieren debatir. Actúan como comisarios políticos. Se escuchan sólo a ellos mismos y piensan que los demás son enemigos.

Es menester que la oposición vea los riesgos de un tema así y tenga una actitud decisiva. Hay, a menudo, una posición pasiva en la oposición en lo que respecta a las pérdidas de libertades. No es tiempo de tener esa postura naif y un tanto frívola que han tenido sectores de Cambiemos frente a estos temas y que ha desdibujado muchas cosas que hicieron bien. Deberían observar el modelo venezolano y entender que se puede caer mucho más bajo aún. El autoritarismo avanza y va desmembrando las relaciones democráticas en los países. Es hora de que la oposición se comporte como algo más que un club de amigos. Yo les recomendaría, en estos tiempos, menos bailecitos con música de Gilda, más discusión seria y abierta y más libros de historia.

Y el oficialismo actual, por su lado, debería pedir disculpas para empezar a tener un diálogo serio. Fueron ellos quienes en el 75 sacaron un decreto donde le ordenaban a los militares “aniquilar” a la subversión. Las desapariciones empezaron en un gobierno justicialista. Fueron ellos quienes crearon estructuras asesinas como Montoneros y Triple A, responsables de la muerte de muchísima gente, y fueron ellos también quienes a la vuelta de la democracia en 1983 apoyaban la autoamnistía de los militares y los que en los años de Alfonsín se negaron a integrar la Conadep. Fuimos nosotros, los que pertenecimos siempre a los espacios democráticos, los que trabajamos por la justicia. Si el peronismo hubiera ganado las elecciones en el 83 no se habría juzgado a nadie y no se habrían investigado las desapariciones. No es mi opinión: es un dato histórico. Dejen de inventar la historia. Reconozcan sus errores y que han sido siempre violentos y lo siguen siendo. El reconocimiento de los errores históricos es un paso adelante. Los derechos humanos nunca fueron de interés para los peronistas hasta que encontraron que podían hacer política con ellos y obtener más poder. Es un disparate malicioso que nos digan a los que condenamos siempre la violencia que se “minimiza” una tragedia por tomar como referencia de las víctimas a la lista oficial de la Conadep. Ahí figuran casi 9.000 personas (es dantesco que el Estado haya hecho eso). Si le sumamos la cantidad de gente asesinada por las organizaciones armadas como Montoneros, ERP y Triple A, entre otros, estamos hablando de una tragedia enorme. No se la minimiza por no sostener un número “simbólico”. Una posición humanista es tener una actitud de recogimiento ante la brutalidad de la violencia política. La altanería, el desprecio por el otro y el intento de callar al que no sigue los discursos sectarios no contribuyen a salir del pozo en el que está la Argentina inmovilizada hace años.

Hay un magnífico documental que se llama El Diálogo, dirigido por Pablo Racioppi y Carolina Azzi. Es un análisis de los 70 que realizan Graciela Fernández Meijide y Héctor Ricardo Leis, un ex Montonero que se definía “no como un arrepentido sino como alguien que entendió que había estado equivocado”. Lo encuentran completo en YouTube. Ahí se entienden muchas cuestiones porque los protagonistas no quieren ganar una discusión sino que miran el pasado con espíritu crítico y ánimo constructivo. Ayuda a entender muchas cosas si queremos tener un diálogo para ponernos de acuerdo. Si lo que quiere el gobierno es eso, ahí estaremos con diferencias. Si quieren que les asfaltemos el camino para ser Venezuela no contarán con muchos de nosotros.

Tzvetan Todorov se dedicó mucho a analizar estos temas y era un humanista crítico con los totalitarismos de cualquier signo. Fue invitado a ver el Parque de la Memoria y la ESMA en 2010 y como lo que expresó luego no fue del agrado de los dirigentes de organismos de DDHH y del gobierno K que lo habían invitado, estos silenciaron su visita. Cuando el aclamado lingüista, filósofo e historiador analizó el tema argentino afirmó: “La Historia no se hace con un objetivo político (o si no, es una mala Historia), sino con la verdad y la justicia como únicos imperativos. Aspira a la objetividad y establece los hechos con precisión; para los juicios que formula se basa en la intersubjetividad, en otras palabras, intenta tener en cuenta la pluralidad de puntos de vista que se expresan en el seno de una sociedad”.

De eso se trata. Se respetan todos los puntos de vista o nos gobernarán autoritarios y mentirosos. Y ya sabemos, por la historia, lo mal que terminan esos experimentos. Y si hacen una ley para que no hablemos de algunas cosas generarán exactamente lo contrario: hablaremos más. La libertad de expresión es sagrada. No jueguen con fuego.

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