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Economía

Alberto Fernández: “Voy a mandar una ley que permita la despenalización del aborto”

Tras reunirse con Macron, el presidente argentino disertó en el Instituto de Estudios Políticos de París y dio definiciones sobre la pobreza, el aborto y la desigualdad

El presidente Alberto Fernández disertó esta tarde en el Instituto de Estudios Políticos de París luego de almorzar con Emmanuel Macron en el marco de su gira por Europa.

En la Sciences Po, histórica universidad fundada en 1872, el jefe de Estado aseguró que mandará una ley “que permita la despenalización del aborto”. “El problema del aborto y de sus riesgos depende de la clase social. No podemos poner en peligro la vida de una mujer que no tiene recursos. Voy a mandar una que permita la despenalización del aborto”, dijo Fernández, quien de esta forma puso fin a los rumores sobre un posible cambio de opinión en cuanto a despenalizar la interrupción del embarazo, que estuvo en el foco de las redes sociales esta semana cuando se conoció que el mandatario dialogó sobre el tema con el Secretario del Vaticano.

“En la Argentina el aborto es un delito. Es un extraño delito donde casi nunca se condena a ninguna mujer por aborto pero todos sabemos que existe. ¿Cuál es el problema de que exista? Que todo aborto se vuelve clandestino y en la clandestinidad el riesgo de vida y de salud de la mujer aumenta. El problema es más agudo de acuerdo a la clase social de quién practica el aborto. Si es de clase alta, lo hará en un centro de salud adecuado, en condiciones adecuadas y el certificado médico dirá que tuvo una aborto espontáneo y su salud estará garantizada”, siguió.

“Una mujer sin recursos toda su vida corre peligro. Y si zafa su vida, corre el riesgo de sufrir lesiones internas. Es parte de la discusión hipócrita que se tuvo con el divorcio, durante años discutimos si se podía volver a casar”, continuó.

Economía

Qué es el dólar Senebi y por qué está por llegar a los $200

El dólar libre que usan las empresas para mandar divisas al exterior alcanzó los 193 pesos y mantiene una brecha de 97 puntos respecto del oficial mayorista, que se ubica en $98.

Con una brecha cambiaria en proceso de superar las tres cifras, la divisa que se negocia en el Segmento de Negociación Bilateral (Senebi) alcanza los 193 pesos y no se descarta de que pueda superar los $200. Si bien en la jerga financiera este concepto ha adquirido una gran popularidad, una gran parte de la sociedad desconoce de qué se habla.

También llamado contado con liquidación libre, el dólar Senebi es el billete verde que se negocia entre privados a través de bonos, sin intervención del Gobierno ni límite de monto para la operatoria.

Para calcularlo, se toman los ADR más representativos (promedio de Galicia, Pampa, BBVA, YPF y Macro). Es más caro que el contado con liquidación que se realiza a través del AL30, subsidiado por el Banco Central (BCRA).

“Los agentes miembros de Byma operan por su propia cuenta, concertando las operaciones mediante tratativas directas. Las operaciones concertadas deberán ser para su divulgación, registro y publicación. Las operaciones concertadas y registradas en Senebi se consideran no garantizadas y, en consecuencia, no gozan del respaldo del Fondo de Garantía Obligatorio constituido por Byma”, revelan en la web de la entidad presidida por Ernesto Allaria.

A diferencia del Senebi que es libre, el MEP y el contado con liqui, que actualmente se transan a $173, son intervenidos por el Banco Central. Este tipo de cotizaciones tienen cupo, ya que sólo se pueden comprar 50.000 nominales semanales de AL30 y 50.000 de GD, lo que da un equivalente a u$s 38.000.

“Senebi es un mercado donde se ven muchas empresas haciendo MEP y sobre todo fondos del exterior. El BCRA interviene en CER para darle salida a los fondos sin dañar la tasa en pesos y luego en Senebi no hace de contraparte como en concurrencia, por lo que en Senebi no hay techo”, revelan en las mesas.

Con un dólar oficial próximo a rozar las tres cifras, vendiéndose a 98 pesos, la brecha cambiaria con el ccl “libre” está próxima a alcanzar los 100 puntos porcentuales, ubicándose actualmente en 97%.

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Economía

“Platita” en los bolsillos: los nuevos anuncios económicos que prepara el Gobierno de cara a las elecciones de noviembre

Jubilaciones adelantadas, blanqueamiento del personal doméstico y el cepo a la carne; las medidas que preparan en Casa Rosada para esta semana

Tras la derrota en las PASO, el Gobierno analizó los resultados en clave económica y concluyó que los magros números obtenidos en los comicios se debían a la escasez de dinero que viven miles de familias en el país. Es por ello que desde Casa Rosada, han estado avanzando con medidas económicas para poner plata en el bolsillo de los argentinos confiados de que ello logrará revertir el resultado en las elecciones generales.

A las medidas anunciadas la semana pasada, se espera que en estos días se comunique un acuerdo con la Mesa de Enlace y otras entidades del campo para bajar o suspender las restricciones y el levantamiento, al menos parcial, del cepo a las exportaciones de carne. Pese a que a lo largo de las restricciones el Gobierno defendió la medida, puertas adentro saben que los efectos negativos fueron superiores a los positivos y ahora preparan una salida “elegante” para evitar tener que asumir grandes costos por haberla implementado en un principio. Para ello será clave el acuerdo que pueda lograr el nuevo ministro de Agricultura, Julián Domínguez, con los representantes del campo.

Según consigna La Nación, otra de las medidas en carpeta es la jubilación anticipada a aquellos hombres de 60 años y mujeres de 55 que estén desocupados y se les abonaría el 80 por ciento de sus haberes hasta que transcurran los cinco años que les faltan para obtener su jubilación.

La segunda iniciativa, en tanto, tiene que ver con otorgar “facilidades” desde el Estado para favorecer el blanqueo del personal doméstico, ayudando de ese modo a los empleadores para que cumplan con sus obligaciones impositivas.

Estas nuevas medidas se suman a las ya anunciadas como la suba del piso de Ganancias a $175.000 pesos y el aumento del salario Mínimo Vital y Móvil a $32.000 pesos a partir de octubre.

Para poder financiar estos gastos, en el Gobierno ya calculan que precisarán de más de $400.000 millones, una cifra similar a la que se gastó en el primer semestre de 2020 cuando regían las medidas más restrictivas por la pandemia. El principal financiador seguirá siendo el Banco Central que continúa asistiendo al Tesoro emitiendo pesos sin ningún respaldo: el 15 de septiembre se produjo una nueva transferencia de utilidades hacia el Tesoro de la Nación, en este caso por $ 60.000 millones.

La asistencia BCRA al Ministerio de Economía ya asciende a los $ 910.000 millones en lo que va del año con un dato que evidencia la estrategia del Gobierno: de ese número, solo $ 510 mil millones fueron enviados en el segundo semestre. Lo que demuestra una clara aceleración en la segunda parte del año, al que todavía le quedan 3 meses para finalizar.

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Negocios

AFIP: cuáles son las maniobras que favorecieron a empresarios y funcionarios kirchneristas

Según Mercedes Marcó del Pont y sus máximos colaboradores, hicieron lo correcto. Todas sus decisiones en el organismo apuntaron a corregir arbitrariedades de las gestiones de Alberto Abad y Leandro Cuccioli

Durante las últimas semanas, la directora de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, le comunicó a la Justicia que el organismo ha desistido de seguir acusando a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa y a su antecesor al frente del puesto durante el gobierno de Cristina Kirchner, Ricardo Echegaray.

Un informe del diario La Nación detalla diferentes maniobras que hicieron ruido: la gestión de Marcó del Pont dispuso el reintegro o el ascenso de determinados funcionarios y técnicos del organismo, y el apartamiento o castigo de otros, de acuerdo a su afiliación partidaria o su actuación funcional y sus declaraciones en tribunales durante los últimos años.

Desde la AFIP sostienen, sin embargo, que las decisiones adoptadas durante los últimos años no apuntan a beneficiar a la actual vicepresidenta, Lázaro Báez, Cristóbal López o Ricardo Echegaray, entre otros, sino a “ordenar” y “corregir” decisiones adoptadas durante el gobierno de Mauricio Macri, al que le endilgan “hostigamiento” y “lawfare administrativo”.

Se nombró al frente de la Dirección General Impositiva (DGI) a la ex cuñada de Máximo Kirchner, Virginia García. También se desarticuló del grupo de trabajo que respondió los oficios con pedidos de información que la Justicia envió en la “causa Cuadernos”.

Se convalidó (y, por tanto, no se apeló), el fallo de la Cámara Federal de Bahía Blanca que benefició a Lázaro Báez, al excluirlo como presunto jefe de la asociación ilícita destinada a la evasión y el lavado que se investiga en esa jurisdicción

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