Opinión

Personas desplazadas por el cambio climático: no hay vuelta atrás

Ignacio Odriozola

Abogado (UBA). Investigador en la Red Sudamericana para las Migraciones Ambientales (RESAMA).

jueves 23 de enero de 2020 - 11:46 am

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) emitió el 20 de enero una decisión sumamente representativa con relación a las personas que buscan protección internacional basando su solicitud en el cambio climático. Pese a esto, no proporcionó precisiones sobre dónde se encuentra el punto de inflexión en la materia, sino más bien una serie de elementos que deberán ser ponderados por los Estados que se enfrenten a esta situación. Por lo tanto, a continuación, les propongo introducir algunas reflexiones para comprender la relevancia de este fallo.

El caso y el giro de la trama

El caso aborda la comunicación individual realizada en virtud del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), por Ioane Teitiota, ciudadano de Kiribati, una isla del Pacífico Sur, considerado mundialmente el primer “refugiado climático”. Teitiota afirmó que Nueva Zelanda violó su derecho a la vida previsto en el PIDCP, al devolver a su familia y a él a su casa en 2015 después de rechazar su solicitud de condición de refugiado.

En pocas palabras, Teitiota argumentó que los efectos del cambio climático y el aumento del nivel del mar lo obligaron a emigrar de la isla de Tarawa (Kiribati); que allí el agua dulce se ha vuelto escasa debido a su contaminación por el agua salada; que las tierras erosionadas se tornaron inhabitables resultando en una crisis habitacional con disputas de tierras mediante; y que la situación general en su ciudad, inestable y precaria debido a estos factores, está creando un ambiente violento para él y su familia.

 

Ioane Teitiota


Pese a ello, los tribunales de Nueva Zelanda no encontraron evidencia de que Teitiota hubiera estado en una disputa de tierras o enfrentara una posibilidad real de ser dañado en este contexto; tampoco que sería incapaz de cultivar alimentos, de encontrar alojamiento o de acceder a agua potable en este contexto; que de regresar a Tarawa enfrentaría condiciones ambientales que amenazarian su derecho a la vida; y que su situación era materialmente igual a la de otros residentes de Kiribati.

El CDH apoyó tanto la medida adoptada respecto de Teitiota como los argumentos para respaldar tal decisión por parte de Nueva Zelanda.

No obstante, al considerar los méritos del caso, y a pesar de rechazar prácticamente todas las pruebas propuestas por Teitiota, el CDH reconoció expresamente que “sin esfuerzos nacionales e internacionales, los efectos del cambio climático en los Estados receptores pueden exponer a las personas a una violación de sus derechos, de conformidad con los artículos 6 o 7 del Pacto, lo que desencadena las obligaciones de no devolución de los estados emisores […] el riesgo de que un país entero se sumerja bajo el agua es un riesgo tan extremo que las condiciones de vida en dicho país pueden llegar a ser incompatibles con el derecho a la vida digna antes de que el riesgo se realice”(párrafo 9.11).

Este párrafo representa el giro de la trama de este caso y ha llamado la atención internacional. Para ser claros, el CDH no prohíbe expresamente el regreso de una persona a su hogar cuando solicite protección internacional debido a los efectos del cambio climático. Sin embargo, da un mensaje claro: si los Estados, individual y colectivamente, no colaboran para hacer frente a los efectos adversos del cambio climático, en un futuro mediato se les prohibirá potencialmente devolver a las personas a condiciones climáticas que amenazan la vida o, por el contrario, si no se analiza el contexto general del país o se descarta el riesgo que las condiciones climáticas tendrán sobre el derecho a la vida y expulsan a la persona, incumplirán una fuerte obligación internacional como la prohibición de no devolución.

 


¿Decisión histórica o una tormenta pasajera?

El fallo del CDH es relevante y significativo, pero es importante ser cautelosos al analizar sus efectos inmediatos. Como dije previamente, da un mensaje fuerte, pero no da una guía explícita de cómo debe practicado el análisis estatal de estas solicitudes de protección internacional. Aun así, algunas deducciones podrían extraerse del documento para arrojar luz al respecto.

Pero antes de avanzar, en términos generales puede decirse que esta decisión es histórica ya que representa la primera que toma un Comité de la ONU y que aborda el reclamo concreto de una persona que solicita asilo con base en los efectos del cambio climático. También es importante, ya que refuerza la idea de que la degradación ambiental, el cambio climático y el desarrollo no sostenible pueden comprometer el disfrute efectivo del derecho a la vida, como el CDH indicó anteriormente en la Observación General No. 36 (2018) y en el caso Portillo Cáceres et al. vs. Paraguay (2019). Además, a pesar de no ser legalmente vinculante, esta decisión se basa en las obligaciones legales internacionales asumidas por los 172 Estados Parte del PIDCP y los 106 Estados Parte del Protocolo Facultativo, que permite reclamos individuales contra el CDH como el de Teitiota. A modo de ejemplo, todos los Estados sudamericanos ratificaron ambos tratados internacionales, viéndose obligados a cumplirlos. 

Ahora, enfocándonos en la decisión, y contrario a lo declarado por los medios de comunicación como CNN o The Guardian, el CDH no se refirió a Teitiota como un “refugiado climático” si no de una manera más genérica. Se lo consideró una persona bajo la protección del PIDCP, cuya vida podría correr el riesgo de exponerse a tratos crueles, inhumanos o degradantes debido al impacto del cambio climático. Esto significa que el examen del Comité se basó en elementos y estándares destinados a considerar si existía una amenaza para la vida de Teitiota en Kiribati desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, una visión más amplia que la prevista por el Derecho Internacional de los Refugiados y, de hecho, más inclusiva ya que alcanza a “toda persona”. En otras palabras, su situación no fue examinada en virtud de la Convención sobre los Refugiados de 1951, donde parece poco probable incluir a los llamados “refugiados climáticos”.

Seguidamente, un punto relevante en esta decisión es que el CDH estableció que las personas que solicitan asilo no están obligadas a demostrar que enfrentarían un daño inminente si fueran devueltas a sus países. Esto, relaja y flexibiliza implícitamente el estándar probatorio exigido -daño inminente- para buscar protección internacional en el ámbito de los derechos humanos. El Comité argumentó que las personas podrían ser empujadas a cruzar las fronteras para buscar protección a raíz del daño relacionado con los efectos del cambio climático, ya sea un daño causado por eventos repentinos (como tormentas intensas e inundaciones) o por procesos lentos (como el aumento del nivel del mar, la salinización). y degradación de la tierra) (Párrafo 9.11). En este punto, el CDH se refirió en una nota al pie al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular y, específicamente, a sus Párrafos 18 (h), (i) y (j). Curiosamente, este último apartado insta a los Estados a “integrar al desplazamiento en las estrategias de preparación para desastres y promover la cooperación con los países vecinos y otros países relevantes […]”

Otro aspecto relevante de esta decisión es que el CDH elevó los estándares con relación al examen de las solicitudes de protección que, a partir de ahora, los Estados deberían llevar a cabo. El Comité hizo hincapié en que los tribunales de Nueva Zelanda examinaron cuidadosamente y en profundidad la situación de Kiribati y, particularmente, de Teitiota antes de proceder a deportarlo. De hecho, a lo largo de la decisión y en distintos apartados, el Comité señala específicamente las medidas adoptadas por el Estado al proporcionar “una evaluación individualizada de su necesidad de protección” y agrega que “[Nueva Zelanda] tomó nota de todos los elementos proporcionados por el autor al evaluar el riesgo que enfrentaba cuando el Estado parte lo regresó […] (Párrafo 9.13) “.

En línea con esto, y al abordar el contexto de Kiribati, el CDH también proporciona silenciosamente una serie de factores que no podrán escapar al análisis de casos futuros, independientemente del Estado al que la persona migrante arribe: las condiciones climáticas prevalecientes en el país de origen o emisor, los eventuales riesgos climáticos previstos allí, el tiempo restante para que las autoridades y la comunidad internacional intervengan para detenerlos y los esfuerzos ya en marcha para combatir el cambio climático (Párrafo 9.13). Más tarde, el Comité confirma esto diciendo que en los próximos casos Nueva Zelanda deberá considerar la situación de Kiribati “en el momento” en que evalúa la eventual deportación de una persona (Párrafo 9.14).

Entonces, el fallo del CDH significa un importante paso adelante y definitivamente es una decisión histórica de cara al futuro. Al establecer nuevos estándares de cómo abordar las eventuales solicitudes de protección internacional basadas ​​en el impacto del cambio climático que sucedan de aquí en más, des seguro, facilitarán el éxito de estas. Los Estados, a partir de ahora, deben examinar cuidadosamente y en detalle las condiciones climáticas y ambientales del país de origen del migrante, en el momento en que solicita asilo, bajo la posibilidad de incumplir la obligación de no devolución que surge del PIDCP llegado el caso en que el daño relacionado con el cambio climático ponga en riesgo el derecho a la vida. Como dijo el ex Relator Especial de la ONU sobre derechos humanos y medio ambiente, John Knox, “si la crisis continúa empeorando, un caso similar en unos años puede alcanzar un resultado muy diferente”

Distintas estimaciones proyectan que hacia el año 2050, entre 143 y 200 millones de personas se habrán desplazado por los efectos adversos del cambio climático. La atención internacional que cobró el caso de Teitiota representa sin duda un buen motivo para que la comunidad internacional redoble sus esfuerzos para mitigar los efectos que el calentamiento global visiblemente está generando, como es el desplazamiento interno y transfronterizo de personas. 

La situación es urgente: basta con imaginar que hoy día la ONU calcula que el 3,5% de la población mundial es migrante y, aun así, esto genera rispideces entre Estados, sobre todo en el Norte Global. Las tensiones que pudiesen surgir si el desplazamiento por motivos climáticos no se aborda a tiempo, son evidentes. 

De seguro, la CDH dejó un mensaje claro: no hay vuelta atrás.

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