Corrupción

España: el régimen chavista y Zapatero en Venezuela desvió más de USD 38 millones de PDVSA

Esta causa contra el que fuera embajador español en Venezuela con el régimen de Chávez y el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en España tiene relación con el expolio a la petrolera estatal venezolana, investigado por España

domingo 19 de enero de 2020 - 8:04 pm

El diario El Mundo reveló este fin de semana que el esquema de corrupción de la petrolera Estatal de Venezuela movía más plata de la que se pensaba: la causa por desvío de fondos que involucran al entonces embajador de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela no es de 5 millones de dólares, sino de 38.

Según el diario, el ex embajador de España en Venezuela, Raúl Morodo, su hijo Alejo, y dos socios de nacionalidad venezolana afincados en España se apropiaron presuntamente de más de esa suma millonaria y los introdujeron en España a través de cuentas bancarias en Suiza y Panamá

Uno de los socios venezolanos era Juan Carlos Cabrera Marques, ex director de PDVSA, quien se ahorcó después de declarar ante el juez en julio del año pasado.

Según la investigación, el dinero lo fueron lavando mediante contratos ficticios y facturas falsas y lo ingresaron a territorio español en trasferencias desde Suiza y Panamá para la compra de inmuebles de lujo.

A los investigados en esta causa se les atribuye un delito de blanqueo de dinero procedente de corrupción en las transacciones comerciales internacionales, así como falsedad documental y delito fiscal, por hechos ocurridos entre los años 2012 y 2015.

El saqueo a PDVSA está siendo investigado por Portugal, Andorra y España, además de Estados Unidos, que tienen en el punto de mira a decenas de ciudadanos venezolanos por lavar cientos de millones de dólares obtenidos de sobornos cuando ostentaban cargos en empresas públicas bajo la presidencia de Chávez.

Los desvíos de PDVSA, que se considera el mayor caso de corrupción que se ha hecho público del gobierno chavista, se investigan también en Venezuela y casi un centenar de funcionarios de la empresa pública, entre ellos dos exministros y directivos de varias filiales, han sido detenidos o están siendo buscados.

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