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Judiciales

Quiénes son los nuevos funcionarios de Cristina Kirchner para protegerla en la Justicia

La ex presidenta tiene 9 procesamientos y un juicio por supuesta corrupción en la obra pública. Además, tiene otros 8 juicios orales con fecha de inicio aún indefinida

Tras la victoria y asunción de la coalición del Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner se aseguró de colocar a sus allegados y personas de confianza en lugares estratégicos como funcionarios y dirigentes en áreas específicas del sector judicial.

En el Ministerio de Justicia puso a Juan Martín Mena, un abogado que ya trabajó junto a Cristina cuando era presidenta. Fue subsecretario de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) cuando el titular era Oscar Parrilli y uno de los que ayudó a confeccionar el código procesal penal que pone en funcionamiento el sistema acusatorio que le da más poder a los fiscales.

Juan Martín Mena

En la Oficina Anticorrupción (OA), es el ex fiscal Félix Crous quien estará a cargo. Crous es uno de los miembros fundadores de Justicia Legítima, el espacio que aglutina a jueces, fiscales y abogados que comulgan con el kirchnerismo. La OA es querellante en varias causas que investigan a la ex presidenta y puede impulsar los expedientes o dejar de hacerlo.

Félix Crous

El ex secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, asumió el pasado diciembre como Procurador del Tesoro. Su equipo de letrados tiene representación en todos los ministerios. Zannini es amigo y confidente de la vicepresidenta y uno de los hombres de mayor confianza. Está procesado en la causa del Pacto con Irán donde estuvo detenido con una preventiva por más de 100 días.

Carlos Zannini

Otra de las que se suman a la lista es la ex fiscal Cristina Caamaño, que fue nombrada interventora de la AFI. Es la actual presidenta de Justicia Legítima y ahora se encargará de reordenar el mundo del espionaje. El nombre de Caamaño lo propuso Daniel Rafecas, el juez que es candidato a quedarse con la Procuración General y contó con la aprobación de la ex presidenta.

Cristina Caamaño

Por último, la ex presidenta puso como consejero en representación del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura a Gerónimo Ustarroz, allegado de Eduardo “Wado” De Pedro, ministro del Interior. El Consejo se encarga de la selección, el control y castigo de los jueces.

Gerónimo Ustarroz

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Corrupción en la Obra Social del Poder Judicial: “afiliados VIP” y llamativas contrataciones

El titular de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación, Aldo Tonón, se encuentra investigado por presuntos desmanejos de la caja multimillonaria de la Obra Social; en las últimas horas, NEXOFIN tuvo acceso a nuevas denuncias que rodean la gestión de este hombre del riñón de Juan Carlos Maqueda

Los allanamientos de este lunes realizados por la Policía Federal Argentina (PFA) en la sede central de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación sacudió al estamento judicial.

Se trata de una caja que maneja de manera indirecta la Corte Suprema de la Nación y, en particular, Juan Carlos Maqueda, a través de su brazo ejecutante Aldo Tonón, quien hoy se encuentra investigado por la jueza federal María Eugenia Capuchetti por desmanejos financieros en su gestión.

La existencia de la causa contra el hombre de confianza de Maqueda fue revelada en exclusiva por NEXOFIN la semana pasada y este lunes ya tuvo su primer coletazo público tras la orden de la magistrada a cargo de la investigación.

Terremoto en la Corte: allanan la Obra Social del Poder Judicial por presunta corrupción

Tal como explicó este medio, el expediente 5666/2021 se encuentra bajo siete llaves en Comodoro Py y son muy pocos los que lograron acceder al contenido del mismo. Sin embargo, fuentes internas de la propia Obra Social contaron a este medio algunas de las irregularidades que se le achacan a la gestión de Tolón al frente de la misma.

¿Una obra social con “VIP”?

“En la OSPJN funciona una suerte de ‘VIP’ al cual sólo acceden aquellas personas cercanas a Maqueda. Hay casos de asociados que acceden a tratamientos que la obra social no cubre, e incluso afiliaciones que no corresponden”, revelaron a NEXOFIN desde adentro de la Obra Social. Al consultar por los nombres detrás de este presunto funcionamiento VIP, la misma fuente acotó: “Para que te des una idea, la Tesorera de la OSPJN se llama María Guadalipe Burgos y es la sobrina de Maqueda; no hay afiliado VIP que no cuente con el OK de ella o de Federico Morando, yerno de la Secretaria de Maqueda y ex directora de la Obra Social”. 

Dentro de la Obra Social, además, trabajan personas relacionadas de manera indirecta al miembro de la Corte Suprema: dos hijas de ordenanzas del juez del Máximo Tribunal y el hijo de su chofer personal también se desempeñan en la Obra Social ahora investigada.

Contrataciones llamativas

La llegada de Tolón al frente de la Obra Social se dio aparejada a la aparición de nuevos operadores a cargo de prestar los servicios médicos que el organismo a cargo de la salud de los empleados y magistrados requiere para su funcionamiento.

Una de las contrataciones que cambió de manos con la llegada de Tolón a la Obra Social es la empresa Emergencias Médicas Integrales S.A., que se quedó desde el 2008 con la prestación de servicios de emergencia para los afiliados del interior del país.

Desde el interior de la Obra Social no ven con buenos ojos el origen de los empresarios a cargo de esta compañía“Se la conoce como EMI a esta empresa, pero lo más curioso es que los dueños son cordobeses, coprovincianos de Maqueda”.

Y agregaron: “No estamos hablando de monedas, sino que se queda con licitaciones por 100 millones de pesos anuales desde el mismo año en que entró Tolón como Director”.

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Terremoto en la Corte: allanan la Obra Social del Poder Judicial por presunta corrupción

Es por una denuncia contra el titular de la Obra Social, Aldo Tonón, un hombre muy cercano a Juan Carlos Maqueda, a quien investigan por presuntos desmanejos financieros de la multimillonaria caja; en la mañana del lunes, la Policía Federal allanó la sede central de la OSPJN

Efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron en la mañana del lunes la sede central de la Obra Social del Poder Judicial de la Nación (OSPJN) en una causa que investiga a su titular, Aldo Tonón, por presuntos desmanejos de la caja multimillonaria.

Fuentes de la PFA confirmaron a NEXOFIN que el allanamiento se dio en el marco de la investigación revelada en exclusiva por este medio días atrás.

La misma afecta directamente al núcleo de la Corte Suprema, en especial, a uno de sus integrantes, Juan Carlos Maqueda, quien fue el encargado de poner en su cargo a Tonón, hace más de una década.

La causa judicial -cuyo expediente 5666/2021 se encuentra bajo siete llaves- está en el juzgado de la jueza federal María Eugenia Capuchetti, quien asumió su cargo en mayo de 2019. Actualmente, Capuchetti ocupa el juzgado N°5, que años atrás había dejado libre el recientemente fallecido Norberto Oyarbide. El fiscal a cargo de investigar a Aldo Tolón es Carlos Rívolo.

Sorpresa y llamados cruzados, tras denuncia por malversación que jaquea a Maqueda

NEXOFIN reveló la semana pasada la existencia de esta denuncia que tiene como principal señalado a Tolón por presuntos desmanejos.

“Los engranajes judiciales comenzaron a ponerse en funcionamiento luego de que se hiciera pública la denuncia, sino iba a seguir durmiendo el sueños de los justos”, comentó una fuente con acceso al expediente a este medio.

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Caso Marcela López: cómo sigue la causa que salpica a los Kirchner en Santa Cruz

Lleva desaparecida hace ya más de 100 días. El suceso judicial recayó en el juzgado Nro. 2, a cargo de Valeria López Lestón, una jueza que casualmente es prima de la ex familia presidencial

Uno de los casos más resonantes del año, en la provincia de Santa Cruz, hasta el momento no tiene desenlace: se trata de la desaparición de Marcela López; no se sabe de ella desde el pasado 22 de mayo.

Hasta el momento, la causa judicial recayó en el juzgado Nro. 2, a cargo de Valeria López Lestón, una jueza que casualmente es prima de la familia Kirchner.

Según detalla el sitio Realpolitik, las decisiones que tomó la magistrada parecieran haber encontrado más interrogantes que respuestas.

Se baraja la hipótesis de un secuestro “por haber visto algo que no debía ver”. El abogado de la familia, Jorge Trevotich, presentó un pendrive con pruebas que apuntarían a ese hecho.

También se pidió la separación de la magistrada por haberse negado a continuar con los allanamientos y por estar vinculada a la ex familia presidencial.

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