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Judiciales

Condenan por enriquecimiento ilícito a ex ministro de La Pampa, padre del presidente de Télam

La Justicia de La Pampa condenó a 4 años y medio de prisión al ex ministro de Bienestar Social de la provincia Santiago “Patucho” Alvarez

La Justicia de La Pampa condenó a 4 años y medio de prisión al ex ministro de Bienestar Social de la provincia Santiago “Patucho” Alvarez, al hallarlo culpable de “enriquecimiento ilícito” durante su gestión, en un fallo en el que sostuvo que es “un delito despreciable que debe ser erradicado de la sociedad en que vivimos”.

La sentencia, que contiene duras consideraciones contra el acusado, fue impuesta por la Cámara en lo Criminal 1 de Santa Rosa, que además ordenó que Alvarez indemnice al Estado por 550.000 pesos -más intereses desde septiembre de 2002-, informó el diario pampeano La Arena.

El tribunal también resolvió que, en caso de que la condena quede firme, el ex funcionario condenado vaya a la cárcel. [pullquote position=”right”]Condenan por enriquecimiento ilícito a ex ministro de La Pampa, padre del presidente de Télam[/pullquote]

Los jueces Elvira Rossetti de González, Miguel Angel Gavazza y Miguel Angel Vagge rechazaron la prescripción del caso pedida por la defensa de Alvarez, quien es padre del actual presidente de la agencia estatal de noticias Télam y fue ministro de Bienestar Social de la provincia de La Pampa durante el Gobierno de Rubén Marín.ð Tras ello, los jueces lo condenaron a “la pena de cuatro años y seis meses de prisión e inhabilitación absoluta por el término de ocho años” por el delito de “enriquecimiento ilícito”.

Y luego de establecer que debe pagar una indemnización al Estado pampeano, el tribunal ordenó que en caso de que el fallo quede firme, “procédase a la detención de Santiago Eduardo Alvarez”.

El fallo publicado por La Arena dice que el imputado “no ha demostrado capacidad económica que justifique los bienes que integran su patrimonio. Ha tenido reiteradas oportunidades de hacerlo y con evasivas y distracciones hacia los órganos de control, trató de eludir la responsabilidad de acreditar como ingresaron a su patrimonio y con qué dinero pudo hacer frente los gastos que estos demandaban”.

Asimismo, advirtió que el enriquecimiento ilegal “es un delito de características sociales que cala en lo más hondo de la población” que es cometido por “funcionarios y empleados que (…) toman del Estado lo que no les corresponde sin entrar a analizar que lo que toman está destinado a otras cuestiones importantes que tienen que ver con la solidaridad, el trabajo, la salud”.

“Es un delito despreciable que debe ser erradicado de la sociedad en que vivimos”, sostuvieron los camaristas.

Y afirmaron que “en este escenario fue donde Santiago E. Alvarez fue acumulando su riqueza, a través de no se sabe que método, que le permitió desarrollar una vida sin problemas con las comodidades propias de un hogar donde entraba dinero y con posibilidades de realizar viajes a otros destinos del mundo, como lo hizo”.

“Mientras tanto y del lado de los gobernados, estos se hallaban cumpliendo con su trabajo, los de menores recursos tratando de buscar trabajo que les permitiera subsistir y la clase media en su lugar, aportando todos para el funcionamiento del Estado a través de los impuestos y tasas que se recaudan”, dijeron.

Y resumieron: “En una palabra la gravedad del delito cometido está en el aprovechamiento de la situación que le permitió ser funcionario provincial y en las ventajas que obtuvo para llegar a un patrimonio que excedían sus normales posibilidades”.

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Fiesta VIP en Olivos: rechazan pedido de Alberto para cerrar la causa

El mandatario había reclamado que la investigación se archivara por “inexistencia de delito”, pero el magistrado Lino Mirabelli lo desestimó

Durante las últimas horas, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó el planteo del presidente Alberto Fernández para cerrar tempranamente la causa por el “Olivos Gate” por inexistencia de delito.

Por medio de una resolución de 21 páginas, el magistrado dispuso la continuidad de la investigación por violación a las disposiciones de prevención por la pandemia de coronavirus.

Fernández está investigado por la realización en la Quinta de Olivos de la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena estricta.

Según consta en la resolución, Mirabelli planteó que “el objeto procesal comprende múltiples hechos hipotéticamente constitutivos prima facie del delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal, entre otras figuras invocadas en las respectivas denuncias, a raíz de presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19″.

“Corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández, a la cual adhirieron las defensas de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Severina Sofía Elizabeth Pacchi”, señaló el juez.

Dentro del escrito presentado ante la Justicia, el jefe de Estado señaló que “sin perjuicio de que los hechos aquí investigados han tomado dimensión pública, los mismos tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar”, e indicó que “el tiempo de pandemia donde la acción de gobierno se trasladó íntegramente al predio y mi trabajo no tuvo días ni horarios determinados”.

Mirabelli entendió que los argumentos del Jefe de Estado “adolecen de las condiciones necesarias para su procedencia en el caso” para determinar la inexistencia del delito.

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Revés para CFK: un juez de la causa Cuadernos fue designado en Hotesur-Los Sauces

Fue elegido por sorteo por la Cámara Federal de Casación Penal, en lugar del anterior subrogante, Adrián Grunberg, quien finalizó su reemplazo en el Tribunal Oral Federal número cinco el último día de noviembre

Novedades en el ámbito judicial. Uno de los jueces que integra el tribunal oral que se encargará del juicio por la Causa Cuadernos fue designado como subrogante en lo que queda todavía en pie del expediente por la explotación de las empresas hoteleras de la familia Kirchner, Hotesur y Los Sauces.

Se trata de Fernando Canero, un ex secretario de la Corte Suprema que fungió también como secretario de un tribunal oral penal ordinario.

Fue designado por sorteo por la Cámara Federal de Casación Penal, en reemplazo del anterior subrogante, Adrián Grunberg, quien finalizó su reemplazo en el Tribunal Oral Federal número cinco el último día de noviembre.

Según detalla el diario Clarín, el lugar sobreseyó a todos los imputados por las causas Los Sauces y Hotesur, pero ese fallo será apelado en las próximas horas y será la propia Cámara de Casación la que deberá resolver si lo confirma o lo revoca. En el caso de revocarlo, deberá volver a la instancia anterior, probablemente con el mandato de realizar el juicio oral.

En esa instancia, ya no podrá estar el otro juez que conformó mayoría con Grunberg, Daniel Obligado, porque él ya opinó que no hubo delito, de modo que emitió una opinión definitiva previa a la eventual celebración del debate. La tercera jueza es Adriana Palliotti, quien falló en contra de la mayoría en Los Sauces y Hotesur y se inclinó por la realización del juicio.

A propósito de Obligado, también fue designado (por sorteo( para subrogar en el Tribunal Oral Federal número seis, en reemplazo de Rodrigo Giménez Uriburu.

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Procesaron a Mauricio Macri por presunto espionaje ilegal a los familiares de las víctimas del ARA San Juan

El ex Presidente de la Nación tiene prohibido salir del país y fue embargado por la suma total de 100 millones de pesos.

Tras una decisión del juez Martín Bava, Mauricio Macri quedó procesado en la causa que lo investiga por presunto espionaje ilegal a las familias de las víctimas del ARA San Juan, el submarino en el que viajaban 44 tripulantes y que estuvo desaparecido entre noviembre de 2017 y fines del 2018.

“El Gobierno Nacional que el imputado encabezaba espió ilegítimamente a los protagonistas de una de las mayores tragedias que se vivió en su gestión. Ello se hizo, entre otras cosas, con el objetivo de anticiparle a Mauricio Macri, cuáles eran los movimientos y los reclamos que existían en ese colectivo de familiares”, sostuvo el juez Federal de Dolores en su resolución.

Según Bava, está demostrado que la AFI macrista hizo seguimientos ilegales contra parientes y amigos de los tripulantes del ARA San Juan y que Macri fue quien los autorizó. Por eso, lo encontró “penalmente responsable del delito de realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de autor” en “concurso ideal con el delito de abuso de autoridad de funcionario público”.

Además de prohibirle salir del país y embargarlo por la suma de 100 millones de pesos, el magistrado dispuso que Macri no podrá “ausentarse de su lugar habitual de residencia por un término mayor a los diez días sin previo aviso al tribunal”. El expresidente tendrá que informarle a Bava, asimismo, “cualquier cambio de domicilio”.

Para quien fue ratificado al frente de la causa por la Cámara Federal de Mar del Plata, “las más altas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia estaban en pleno conocimiento de las acciones ilegales que realizaban en Mar del Plata” y “le retransmitían estas acciones al Presidente de la Nación”. Y se aseguró que por más que imputados hayan intentado “justificar la legalidad del informe” sobre los familiares de las víctimas del ARA San Juan, “estas personas no implicaban de ninguna forma una amenaza a la seguridad presidencial, por lo tanto, la confección de este informe es ilegal”.

“Desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018, (Macri) ordenó y posibilitó la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia, y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos”, dijo el juez al describir la imputación a Macri.

Actualmente, el ex mandatario argentino se encuentra en Chile. El juez dijo que la veda de los viajes al exterior empezará a regir “a partir de su reingreso a la República Argentina”. La causa ya tenía once procesados, entre los que se encontraban los exjefes de la AFI macrista, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

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