Opinión

Evo Morales y su status de refugiado político

Sergio Berensztein

Politólogo. Presidente, IPS LATAM, Tar Heel

¿Cuál es la diferencia entre asilado y refugiado político? Qué derechos y obligaciones implica. ¿Puede el expresidente boliviano dirigir la campaña del MAS desde la Argentina?

domingo 22 de diciembre de 2019 - 8:30 am

Columna publicada originalmente en Todo Noticias

Si bien la atención en la pasada semana estuvo acaparada por el tratamiento en ambas cámaras del proyecto de Ley de Solidaridad Social y Reactivación productiva, también hubo espacio para que el presidente Alberto Fernández ratifique el status de refugiado del que goza quien fuera presidente de Bolivia por casi 14 años hasta el 10 de noviembre último, Evo Morales, cuando fue obligado a salir del país y recibido como asilado político en México.

En un contexto de crisis en varios países en la región, especialmente la boliviana abrió una grieta respecto de la interpretación de los acontecimientos allí ocurridos. Dicha división llegó al Congreso, donde la bancada peronista logró imponer la tesis de “golpe de Estado”, mientras que el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro y el de Estados Unidos, Donald Trump, rechazaban esta calificación, abriendo un foco de conflicto entre ambos mandatarios y el presidente electo Alberto Fernández.

Recordemos que Fernández fue uno de los dirigentes que más tratativas hizo para que Morales pudiera ser recibido por el presidente López Obrador en México, declarando que: “Gracias a Dios existe la solidaridad de presidentes y de pueblos latinoamericanos que fueron en socorro del agredido, que se llama Evo Morales”.

Luego de estar allí asilado un mes, el 12 de diciembre, a tan solo dos días de la asunción de Fernández, Argentina le abrió sus puertas y ese mismo día Morales solicitó que se lo considere un refugiado político, otra figura internacional de protección.

Pero ¿cuál es la diferencia entre asilado y refugiado político? Básicamente, se circunscribe a que el primero no está reglamentado por una ley, no tiene normas. El asilo es generalmente un instrumento de carácter político, otorgado por un Estado a un individuo, sin necesidad de justificar la decisión y en corto tiempo para proteger su integridad física. En cambio, la Ley General de Reconocimiento y Protección al Refugiado, N°26.165, sancionada en 2006, establece que el refugio debe solicitarse dentro del territorio argentino, entendiendo al asilo como la petición que da lugar el refugio, y se basa en los principios ratificados en la Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados y su protocolo de New York de 1967.

Según Amnistía Internacional, no todos los solicitantes de asilo alcanzarán el carácter de refugiados, “pero inicialmente todos los refugiados son solicitantes de asilo”. El estatuto de refugiado es más amplio, tiene carácter humanitario, debiéndose argumentar las razones para otorgarlo y el organismo encargado de dar curso a estas peticiones es la Comisión Nacional de Refugiados de Argentina (CONARE), que sigue normas internacionales en acuerdo del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

La CONARE define como refugiado a “una persona que se encuentra fuera de su país debido a fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, y no puede o no quiere, debido a dichos temores, acogerse a la protección de su país”. También alcanza a la definición de refugiado a quien huyó de su país de nacionalidad o de residencia habitual porque su vida, seguridad o libertad han sido amenazadas por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público.

Derechos y obligaciones del refugiado
Además, la Ley 26.165, especifica las condiciones para ser beneficiario de la protección de refugiado, normando sus derechos y obligaciones. Así, entre los derechos del refugiado se encuentran el no ser devuelto, expulsado o extraditado al país donde su vida, integridad, libertad o seguridad estén en peligro; la libre circulación en el territorio; la reunificación familiar; el acceso a los sistemas públicos de salud, educación y a trabajar legalmente; a no ser discriminado por ninguna razón y a practicar libremente su religión.

En cambio, estará obligado a respetar la Constitución Nacional abarcando a las leyes nacionales, provinciales y municipales; a las personas, entidades, organismos públicos y privados; deberá decir la verdad y ayudar a esclarecer los hechos invocados y los motivos personales en que se basa su solicitud; mantener el domicilio actualizado y el certificado provisorio renovado e informar su intención de viajar al exterior. El plazo desde la presentación de la documentación y la realización de la entrevista por parte de un funcionario de la CONARE y la recepción del certificado que acredita que la solicitud de refugio está en trámite de 20 días hábiles. Si finalmente es otorgada, los solicitantes obtendrán la residencia temporaria y podrán tramitar un Documento Nacional de Identidad argentino.

La ley también establece los motivos por los que puede negarse este derecho: cometer un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad; cometer un grave delito común fuera del país de refugio antes de ser admitida en él como refugiado y cometer actos contrarios a las finalidades y principios de las Naciones Unidas.

El refugio queda sin efecto cuando la persona vuelve a estar protegida por su país; recobra su nacionalidad voluntariamente o adquiere una nueva; vuelve voluntariamente a su país o cuando ya no puede negarse a recibir la protección de su país porque terminaron las causas por las cuales fue aceptado como refugiado.

Junto con Evo Morales, solicitaron el estatus de refugiados su vicepresidente Álvaro García Linera, su excanciller, Diego Pary Rodríguez; la ex ministra de Salud, Gabriela Montaño; y el ex embajador de Bolivia ante la OEA, José Alberto Gonzáles, quienes justificaron su pedido de refugio en Argentina argumentando que numerosos parientes (los hijos de Morales llegaron a fines de noviembre) y amigos ya están viviendo en el país y destacando la cercanía geográfica con Bolivia. Es que en Argentina reside la comunidad boliviana más grande en el extranjero, que tiene un importante peso en el padrón electoral.

Además, otro factor que se tuvo en cuenta es que, en las elecciones del 20 de octubre, alrededor del 82% de los migrantes que viven en nuestro país optaron por votar al Movimiento Al Socialismo, MAS, siendo Morales el candidato político preferido por la comunidad boliviana en el país; la segunda más importante, después de la paraguaya, según datos de la Dirección Nacional de Migraciones.

El único pedido por parte del canciller Felipe Solá fue el “compromiso de Evo Morales de no hacer declaraciones políticas en la Argentina”, lo que lo puso en una encrucijada, porque ¿cómo hacer para reconstruir el regreso desde lo discursivo, para preparar el contragolpe, si no puede hacer declaraciones? Rápidamente el deseo de Solá fue eclipsado por las declaraciones del Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, quien lo contradijo argumentando que, en su carácter de refugiado, “Evo Morales tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera”.

Es que tanto la normativa argentina como la Convención Internacional del Estatuto de los refugiados contempla este punto ni tampoco lo prohíbe, por lo que no cometería ningún acto ilegal si lo hiciese. Así, con este aval y desestimando las sugerencias del canciller Solá, el exmandatario Evo Morales instala su bunker de campaña en Argentina para reactivar su poder político de cara a las próximas elecciones que probablemente se realicen en abril del 2020.

En su agenda estuvieron contempladas, además de su activa presencia en Twitter, desde charlas espontáneas con sus compatriotas frente a la casa donde fijó su residencia, en el barrio de Colegiales, o en otra, en el barrio de Liniers, donde se reunió con dirigentes del MAS para delinear la campaña electoral; hasta la participación en un partido de fútbol con el Ministro de Deporte y Turismo, Matías Lammens, o la cena en la quinta de Olivos con el presidente Fernández.

Mientras tanto, el reclamo de la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Añez, no se hizo esperar y a través de la Fiscalía de La Paz, el miércoles pasado se libró una orden de aprehensión de Evo Morales acusándolo por los delitos de sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo.

Ante este pedido, el gobierno argentino no dará curso a esta causa por considerarla fuera de lugar, ya que básicamente sigue sin reconocer el gobierno que encabeza Añez y hace valer un artículo del tratado de extradición vigente de ambos países, que establece que no se puede entregar un ciudadano a las autoridades de la otra parte si la persona es refugiada o asilada, ratificando así el apoyo brindado a Morales.

Habrá que seguir de cerca la evolución de los acontecimientos en Bolivia para saber cuál será el rol de Evo Morales, donde el gran interrogante es si mantendrá su postura de no presentarse como candidato y si encontrará un sucesor que de la talla y que pueda “garantizar el voto duro del movimiento indígena, pero también el voto de la clase media y sector empresarial”.

COMENTARIOS