Opinión

Cristina, poder e impunidad

Eduardo van der Kooy

Periodista argentino, editor y columnista del diario Clarín

Zannini tendrá una misión prioritaria: retirar al Estado como auspiciante de causas de corrupción durante la década kirchnerista

domingo 24 de noviembre de 2019 - 1:55 pm

Columna publicada originalmente en Clarín

El nuevo sistema de poder que está por instaurarse en la Argentina empieza a exhibir rasgos salientes. Casi todos tienen que ver con el vínculo entre Alberto Fernández, el presidente electo, y Cristina Fernández, su vicepresidenta. Se destacan en principio dos cosas. La autonomía que Alberto pretende preservar en materia económica, aún cuando su rumbo resulte incierto. La desproporción evidente entre el silencio y el segundo plano de la ex presidenta y la maquinaria que, pieza por pieza, va construyendo, sobre todo, en el Congreso.

Cristina enhebró movimientos que contaron con la anuencia de Alberto. Destrabó la división de los bloques peronista y K en el Senado con una carambola. El presidente se llevaría al senador cordobés Carlos Caserio al gabinete. Resistía la conducción de la ex presidenta. La mujer pudo ungir así a un hombre que le garantiza disciplina y cohesión. Se inclinó por el formoseño José Mayans, que ofrece los mejores pergaminos. Considera a Cristina víctima de una persecución judicial. Vitupera cada vez que puede al juez Claudio Bonadio.

Mayans tendría otra virtud. Responde al vitalicio gobernador de Formosa, Gildo Insfrán. Ha sido en todo el tiempo pasado un incondicional de los Kirchner. Se prestó también a la foto de los gobernadores con Alberto. Pero nunca será un militante entusiasta de ese espacio peronista con que cuenta el presidente electo para equilibrar la balanza en el Frente de Todos.

La unción de Mayans tampoco debería ser interpretada como una claudicación de Cristina en el afán por consolidar la fuerza en el Senado. Es cierto que había pensado en la senadora mendocina, Anabel Fernández Sagasti, de su propia cuna, para comandar el bloque K. Privilegió la posibilidad de la unidad con sentido estratégico. La historia, sin embargo, podría tener otro capítulo. Fernández Sagasti quedaría como presidenta provisional del Senado. Un cargo de talla. Puertas afuera y adentro del recinto. Integra la línea sucesoria presidencial. Participa del comando de las sesiones cuando la vicepresidenta se ausenta. Tiene derecho a intervenir en las reuniones de labor parlamentaria.

La novedad ha sido el fortalecimiento objetivo de Cristina también en Diputados. Máximo Kirchner, su hijo, será el titular del bloque. Para consumar el objetivo se recurrió a un gambito. También en este caso la salida fue facilitada por Alberto. Ofreció a Agustín Rossi ─igual que a Caserio─ un lugar en el futuro gabinete. Las pistas indican que recalará de nuevo en el Ministerio de Defensa, donde estuvo hasta el 2015.

Allí pueden surgir dudas acerca de hasta dónde toda la articulación agrada al paladar del presidente electo. Alberto viene sobreactuando hace tiempo la figura de Máximo. Casi en el estándar de un posible estadista. Pero la entronización del hijo de los Kirchner implicará también un desafío para el próximo titular de la Cámara de Diputados. Sergio Massa​ es una pieza clave en el armado que imaginó el presidente electo. Una suerte de contrapeso respecto de la influencia kirchnerista. También el ex alcalde de Tigre ha revalorizado a Máximo. Luego de una época (2013-2017) en que consideró que lo más conveniente era meter presos a los muchachos de La Cámpora. Ahora dicen ser todos buenos amigos. Metamorfosis del poder y la política.

Otro punto oscuro, si se ausculta la historia reciente, correspondería al regreso de Rossi a Defensa. Alberto supo criticarlo cuando andaba en el llano por haber mantenido y defendido como jefe del Ejército al entonces general César Milani. Bendecido por Cristina. El militar fue absuelto en un juicio de lesa humanidad. Pero está afrontando otro por la desaparición del soldado Alberto Ledo en La Rioja, durante la dictadura. Los problemas para el potencial ministro de Alberto no terminarían con eso. Arrastra denuncias de su gestión anterior por sobreprecios para abastecer las bases en la Antártida (la causa está en manos del juez Rodolfo Canicoba Corral). Además, por la desaparición de un cohete con cabeza inteligente en el Escuadrón de Caballería Blindado 1. Y la reparación del submarino ARA San Juan​, que se hundió en noviembre del 2017 dejando 44 muertos.

Seguramente el caso de Rossi no forma parte de las batallas más importantes que le aguardan al presidente electo en el campo judicial. Primero están las causas de corrupción que acechan a Cristina y su familia. La ex presidenta dio otro paso en búsqueda de su impunidad. Lo habló con el presidente electo. Carlos Zannini, el ex candidato y secretario general, ocupará la Procuración del Tesoro. Será el jefe de los abogados del Estado. Podrá hacer su aporte para ayudar a la jefa: retirará a todos los organismos estatales que auspiciaron causas de corrupción de la década pasada. En especial, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF).

Esa necesidad política objetiva empezó a ser advertida por los presos K que aspiran a sacar provecho de los nuevos vientos políticos que soplan. La irrupción memorable, por su impudicia, correspondió a Lázaro Báez. Luego de tres años de detención en silencio, el empresario K habló en el juicio por la malversación de fondos en la obra pública. Denunció ser víctima de una persecución de parte de Mauricio Macri y de un sistema de espías. Reivindicó su amistad con Néstor Kirchner aunque renegó de su condición de testaferro. Advirtió que fue presionado para que implicara a Cristina. No lo hizo, según sus palabras, por honestidad y gallardía. ¿Aguardará alguna compensación cuando asuman los Fernández?

Las argumentaciones de Báez no difieren demasiado de las que el kirchnerismo aplica a Cristina y su familia. Se trató de un alegato político que no refutó ninguna prueba. Entre tantas, los US$ 60 millones que Suiza descubrió en una cuenta suya. Tampoco, palabras propias o de sus hijos. El empresario dijo ─en un recordado audio desde la cárcel─ que todo lo que tenía “pertenece al que está arriba”. ¿Refería a Dios o a Néstor? Sus hijos admitieron en un testimonio ante el fiscal Guillermo Marijuan que, en verdad, era testaferro del ex presidente.

Probablemente aquellos esfuerzos de Báez y De Vido resulten estériles. Hay quienes asimilan sus figuras a la condena simbólica de época que, por caso, representó María Julia Alsogaray para la década menemista. Gran parte del resto de la corrupción fue barrida bajo la alfombra del olvido. El núcleo del dilema es para Alberto la ex presidenta y sus hijos. En especial Florencia​, a quien su madre pretende repatriar desde Cuba donde desde el verano está siendo sometida a un tratamiento debido a una compleja enfermedad.

Los tres están implicados en las causas Los Sauces y Hotesur. Sospechas de lavado de dinero. Sociedades dedicadas a la administración de inmuebles y hoteles cuyos inquilinos eran casi siempre los mismos. Austral Construcciones, el emprendimiento de Báez, y las empresas de Cristóbal López. Uno de los investigadores del caso, aún hoy, se manifiesta sorprendido por la transparencia delictiva con que se realizó la maniobra.

La causa unificada fue elevada a juicio. No tiene fecha de inicio. Pero esa situación complica los planes de la ex presidenta. Porque el juicio no puede anularse. Aún cuando, en hipótesis, el Tribunal Oral Federal 5 declarara a los tres libre de culpa y cargo no podrían evitar que todos los hechos fueran ventilados. Una incomodidad pública para la vicepresidenta y el diputado.

El plan enfilaría hacia otro puerto. La dilación. El alargamiento de los plazos. Se pueden detectar huellas. El TOF 5 recibió de las defensas el pedido de medio centenar de nuevas pericias antes de habilitar el juicio. Debe analizar su factibilidad. Evaluar si las acepta o las rechaza. En ese caso, los acusados podrían recurrir a la instancia de la Corte Suprema.

El máximo Tribunal representa un ariete al que recurrirá Alberto en su porfía con el mundo judicial. Posee buena llegada con tres de sus miembros: Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Elena Highton. Con Horacio Rosatti​ quedó resentido por el modo en que dimitió como ministro de Justicia en el tiempo “nestorista”. Lo hizo develando corrupción. Ese juez no anda de buenas: le acaba de caer una denuncia por supuesto enriquecimiento ilícito. La tienen Bonadio y el fiscal Gerardo Pollicita.

El objetivo de Alberto sería reponer a Lorenzetti como titular del cuerpo. Hace rato que convenció a Cristina sobre las bondades del abogado de Rafaela. Contaría con el aval de Maqueda y Highton. Pero ambos no querrían acelerar los tiempos para no dañar la imagen del Tribunal, que dista de ser la mejor. Carlos Rosenkrantz​, actual titular, deberá dejar su cargo recién en octubre del 2020. Demasiado lejos para las urgencias kirchneristas. Quizás podría existir otro desenlace si el magistrado decide renunciar. No lo tiene previsto. Ignora también cuán turbulentos serán los tiempos venideros. Como a Rosatti, aunque por otros motivos, podría caberle también alguna desventura imprevista.

Macri presta atención a ese paisaje babélico. El Presidente desea oficiar inicialmente como jefe de la oposición fiscalizando el manejo kirchnerista de la Justicia. Se trata del andarivel que le queda para no enlodarse con la economía que lo condujo a la derrota. El ingeniero, a propósito, tiene a medio integrar una mesa de entendidos. Figuran el ministro de Justicia, Germán Garavano, Miguel Angel Pichetto y el fiscal Raúl Pleé, próximo a jubilarse.

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