Cristóbal López y su socio Fabián De Sousa dejaron el Penal de Ezeiza, donde permanecieron detenidos en el marco de la causa donde se los acusa de haber defraudado al Estado en más de 8.000 millones de pesos al no pagar a la AFIP el Impuesto a la Transferencia a los Combustibles (ITC) que recaudaban en todas las estaciones de servicio de su empresa Oil Combustibles.
Sin embargo, el juez Claudio Bonadio los indagó en otro expediente donde están imputados, una vez más, por defraudación.
Según detalla el diario Clarín, si el magistrado encontrara elementos para hacerlo, en esa causa podría volver a dictarles la prisión preventiva.
Los dueños del Grupo Indalo fueron denunciados por la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) por el delito de defraudación al Estado por una obra que su empresa CPC recibió en Chubut, su provincia de origen.
El Gobierno de Mauricio Macri la denunció por percibir fondos injustificados en el marco de la licitación y por no concluir la obra.
Por lo pronto, las defensas ya habían pedido una eximición de prisión que fue rechazada, y sobre la cual aún debe expedirse la Cámara federal porteña.