Opinión

Por una política integral de adicciones y de combate al narcotráfico

Maia Volcovinsky

Candidata a diputada nacional de Consenso Federal en la ciudad de Buenos Aires.

jueves 8 de agosto de 2019 - 4:47 pm

Cada año mueren en el mundo más de 200.000 personas por razones vinculadas al consumo de drogas. El problema de las adicciones no reconoce fronteras, clases sociales ni edades y perjudica a países desarrollados y subdesarrollados, ricos y pobres y a jóvenes, adultos y ancianos. El narcotráfico vincula a redes delictivas internacionales, a funcionarios públicos y a miles de personas que trafican y que consumen. Este negocio es inmenso y las organizaciones criminales lavan suntuosas cifras de dinero año tras año.

Según datos oficiales del Sedronar, en la Argentina viene aumentando de manera alarmante el consumo de marihuana, cocaína, paco y otras drogas nocivas para la salud mental y física de la población.

En el año 2017 se produjeron 47.655 delitos encuadrados en la ley de estupefacientes 23.737/89. En el país, la infracción a esta norma es la tercera causa de encarcelamiento, luego de los delitos de robo y de homicidio. El índice de detenidos por la ley 23.737 cada 100.000 habitantes se duplicó en una década, pasando de 9,5 en 2005 a 18,5 en 2015. El 65% de las personas privadas de la libertad por esta causa son jóvenes y tienen entre 25 y 45 años, el 80% de ellos estaba desocupado o sub-ocupado al momento de la detención y solamente un 15% tenía estudios secundarios. En las barriadas humildes, el menudeo y la venta aparecen como una salida laboral para los miles de caídos del sistema que son descartados por la actual política económica.

Si bien la gran mayoría de detenidos por este delito era de origen humilde, es bueno remarcar que en la Argentina uno de cada cinco presos con estudios superiores lo estaba por infligir esta norma.

En el año 2015, el 86% de los detenidos era hombre y una de cada tres mujeres privadas de la libertad en el país se encontraba por un delito tipificado en la ley 23.737.

El consumo de drogas es un problema de Salud Pública y el Estado debería garantizar el tratamiento del adicto y la contención de su familia. El Gobierno tiene que impulsar una educación pública de doble turno que forje una conciencia y nuevos valores. Además debería abrir centros de rehabilitación y de apoyo a los adictos y sus familias. Y a la vez, el Poder Público debe combatir a los narcotraficantes y tiene la obligación de castigar con dureza el comercio a los menores que hoy se desarrolla con impunidad a plena luz del día.

El Estado y las organizaciones de la comunidad deben marchar juntos. Debemos ofrecer a los jóvenes un colegio, una capilla y un club para evitar que caigan en las redes de la droga que los conducen a la calle, a la cárcel o al cementerio. Frente al flagelo y a la ausencia del Estado, actualmente las iglesias y las organizaciones de la comunidad son muchas veces las que protagonizan la atención del adicto. Hay que acompañar a estas instituciones y al adicto para que recupere su salud mental, su dignidad y su trabajo si es que lo perdió.

La ciudad de Buenos Aires y la Argentina requieren de manera urgente políticas de salud pública, de contención social, de concientización y de erradicación del narcotráfico, porque son un flagelo que avanza silenciosamente y principalmente sobre la generación de jóvenes que ni estudia ni trabaja. Y con su avance destruye familias enteras que son, ni más ni menos, el corazón y futuro de la Argentina.

COMENTARIOS