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Política

Gobierno ratificó ante UIA régimen que obliga a empresas a brindar datos “sensibles”

Pese a haber recibido reclamos dentro del sector empresarial, Augusto Costa ratificó este miércoles el mecanismo de vigilancia del Gobierno hacia las empresas

El secretario de Comercio, Augusto Costa, ratificó este miércoles ante dirigentes de la Unión Industrial Argentina (UIA) que para el Gobierno “es importante la puesta en marcha” del nuevo régimen informativo sobre precios cuya vigencia comienza el martes próximo, a pesar de los reclamos de los empresarios, que cuestionaron aspectos de la medida que vulneran la confidencialidad.

Los industriales le reprocharon al funcionario lo que denominan “aspectos jurídicos” de la norma, por lo que algunos de ellos no descartan recurrir a la Justicia para evitar dar a conocer los datos, ya que consideran que en los requerimientos de la secretaria de Comercio hay información “sensible y confidencial” sobre planes de negocios.

Costa recibió hoy al vicepresidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja; al director Ejecutivo, Martín Etchegoyen y a representantes de cámaras industriales que integran la central fabril.

Según informaron a DyN fuentes empresarias, los industriales le cuestionaron a Costa aspectos vinculados a la seguridad de la información que deberán presentar las empresas y la complejidad de los datos requeridos. [pullquote position=”right”]Gobierno ratificó ante UIA régimen que obliga a empresas a brindar datos “sensibles”[/pullquote]

El nuevo régimen obliga a las industrias que hayan facturado el año pasado como mínimo 183 millones de pesos y a distribuidoras que hayan facturado desde 250 millones de pesos a informar de modo obligatorio precios y cantidades de los productos vendidos, datos sobre costos y personal empleado, desde diciembre del 2013 hasta marzo de este año, en formato digital.

Pese a las prevenciones empresarias, Costa justificó en la página web de su dependencia que el régimen tiene por objetivo facilitar al Estado la planificación de inversiones en sectores donde la oferta de productos sea escasa.

A pesar de ello, los industriales consultados dijeron que se trató de una reunión “positiva, abierta y constructiva” y acordaron formar comisiones de trabajo con cada cámara que integra la UIA para analizar una forma de reelaboración del régimen que contemple especificidades de cada sector.

Según la Resolución 29 firmada por Costa, el primer vencimiento para la entrega de la información operó el 7 de abril, pero el funcionario otorgó 10 días hábiles de prórroga ante el reclamo empresario.

Ese primer plazo opera el 22 de abril, por lo que a partir de ese momento comenzarán a correr 5 días hábiles para la presentación, de modo que la fecha final es el 29 de abril.

Capital Federal

Legislatura porteña: los tres proyectos que Larreta buscará aprobar antes que ingresen los nuevos diputados

Buscan que se apruebe la urbanización de Costa Salguero, el nuevo régimen de licencias de conducir y el Presupuesto 2022, que no promete grandes hazañas

Los próximos 2 y 9 de diciembre la legislatura porteña asistirá al debate de tres proyectos clave para el Gobierno de la Ciudad por su impacto político y social, que buscará aprobar antes del ingreso de los nuevos diputados a la Cámara el día 10.

El calendario prevé dos sesiones ordinarias para las fechas mencionadas y en el medio, el 7, es cuando jurarán los legisladores ingresantes cuyas funciones comenzarán oficialmente tres días más tarde. Con los resultados electorales, el oficialismo de Capital no pierde la mayoría de bancas, pero sí sus 38 se reducen a 34.

El proyecto que urge al Gobierno es un tema que despierta los más calientes cruces con la oposición. Se trata de la iniciativa de poblar los predios verdes de Costa Salguero y Punta Carrasco en Costanera Norte con edificios de lujo, así como 11 nuevas torres en diferentes barrios incluida la ex Ciudad Deportiva Boca y una “regularización” de obras ya terminadas. Es que el viernes pasado, tras casi siete horas de exposiciones, el oficialismo logró el dictamen de las comisiones de Planeamiento Urbano y de Presupuesto en aquellas propuestas. Mientras tanto, desde el Frente de Todos denunciaron que no sería posible tratarlas el próximo jueves porque los dictámenes se habían realizado fuera de plazo.

En la sesión del 9 se prevé tratar los cambios en el régimen de licencias de conducir, que entre otros puntos, inhabilitará a quienes superen los niveles de alcohol permitidos mientras circulan. Con el objetivo de su aprobación, en la jornada de hoy se reunieron los asesores de los diputados que integran las comisiones de Transporte y Tránsito, la comisión de Justicia y la comisión de Asuntos Constitucionales.

Por último, el mismo día se espera la aprobación del Presupuesto 2022, que no incluirá obras de gran envergadura porque, según argumenta el Gobierno, se trata de un presupuesto de “contingencia” por el recorte de coparticipación que se les aplicó en 2020. De acuerdo a las estimaciones del Ejecutivo porteño la pérdida por quita de “copa” en 2022 rondará los $ 120.000 millones, el 13% de los recursos totales.

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Judiciales

Piden 8 años de prisión para Jaime y 4 para De Vido por la compra de trenes chatarra

La fiscal Gabriela Baigún pidió que los ex funcionarios kirchneristas cumplan condenas en la cárcel y además paguen millonarias cifras para resarcir al Estado por la compra de trenes en condiciones paupérrimas

En el marco de la causa por la compra de trenes “chatarra” durante el gobierno de Néstor Kirchner, la fiscal Gabriela Baigún pidió hoy que el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime y el ex ministro de Planificación Julio De Vido, acusados por “administración fraudulenta y cohecho”, sean condenados a ocho y cuatro años de prisión respectivamente. Pide también que Jaime cargue con una multa de casi 16 millones de pesos.

La fiscal argumentó que, por un lado, el negocio con las ferroviarias de España y Portugal fue un fiasco en tanto los trenes que se adquirieron eran inútiles y su acondicionamiento en los talleres locales, como se había especulado, nunca se realizó. Por el otro, que Jaime cobró un soborno de casi un millón de dólares a través de una consultora de Manuel Vázquez, considerado su testaferro.

Este último tampoco queda limpio en la causa, ya que Baigún pidió cinco años y ocho meses de cárcel, más un castigo civil por el que tendría que resarcir al Estado con una multa de 11 millones de pesos.

La fiscal sostuvo: “Se encuentra acreditado que Julio Miguel De Vido, en su carácter de Ministro de Planificación, Inversión Pública y Servicios de la Nación, y Ricardo Jaime, en su calidad de Secretario de Transporte, es decir, máximas autoridades del transporte ferroviario, llevaron adelante una serie de actos jurídicos que, violando los deberes a su cargo, obligaron y comprometieron abusivamente al patrimonio del Estado Nacional”.

Los ex funcionarios están acusados por “administración fraudulenta y cohecho” por un monto que ronda los cien millones de euros, según estimaciones de la Auditoría General de la Nación.

Para la representante del Ministerio Público, con la compra de coches en malas condiciones que no se ajustaban al sistema ferroviario argentino, ambos violaron las obligaciones del “buen administrador”.

Baigún asimismo investiga por enriquecimiento ilícito a Ricardo Jaime, que se encuentra detenido desde 2016 en el penal de Ezeiza por estrago culposo después de la tragedia ferroviaria de Once. Antes había sido condenado por peculado e instigación al falso testimonio. Mientras que De Vido se encuentra libre, a la expectativa de una definición sobre la condena por el fatídico episodio en la estación de trenes aquel 22 de febrero de 2012.

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Política

Provincia de Buenos Aires: instituto estatal lanza colonia de vacaciones gratuita para los hijos de los funcionarios

El llamado a contratación está destinado a 85 personas, entre las que se encuentran agentes e hijos de agentes del OPDS. El monto estimado de la contratación asciende a 4.331.430 pesos

El despilfarro estatal continúa generando polémica en el ambiente de la política. En esta ocasión, sin ser la primera vez que ocupa el centro de la polémica, el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible utilizará millones de pesos de las arcas públicas para montar una colonia de vacaciones destinada a hijos de funcionarios.

El llamado a contratación trascendió a partir de una investigación realizada por el sitio RealPolitik. Según la información publicada, el proyecto estaría previsto para 85 personas, entre agentes e hijos de agentes del OPDS y entrará en funcionamiento entre el 3 de enero y el 25 de febrero de 2022.

El monto estimado de la contratación asciende a 4.331.430 pesos, a un promedio de más de 2 millones de pesos mensuales. El servicio será dirigido a niños entre cuatro y doce años, divididos en grupos compuestos por un profesor y quince participantes mixtos por espacio, e incluirá actividades deportivas, recreativas y merienda.

No es la primera vez que el organismo que dirige Juan Brardinelli queda envuelto en una serie de polémicas económicas. En el último tiempo, fue acusado de haber “presentado una cuenta de almacenero” para incluir militantes kirchneristas de forma indiscriminada en el organismo.

En este sentido, fue duramente criticado no sólo por la superpoblación de empleados sino también por el pésimo ambiente laboral que se generó tras la masiva contratación. Escaso herramental de trabajo y oficinas sin las condiciones de higiene y oxigenación adecuadas fueron algunas de las causas que llevaron a los reclamos en contra de Brardinelli.

“Los militantes tienen que ir a parar a algún lado”, aseguró al respecto el especialista ambiental Juan Luis Peri en un reciente diálogo con RADIO REALPOLITIK FM (www.realpolitik.fm): “El OPDS se transformó en una agrupación camporista, aprovechando el estado de la pandemia”.

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