Política

Samid llegó a la Argentina y será trasladado a Comodoro Py por evasión

Fue detenido el viernes a la noche en San Pedro, ubicada en Cayo Ambergris, una de las islas del país centroamericano

martes 9 de abril de 2019 - 11:21 pm

Alberto Samid llegó a la Argentina tras su paso por Belice, de donde fue expulsado ayer, y será trasladado este miércoles frente al Tribunal Oral Penal Económico (TOPE) 1, que lo juzga por presunta asociación ilícita.

El “rey de la carne” deberá presentarse mañana a las 10 horas en los tribunales de Comodoro Py para comparecer ante el tribunal, como debería haberlo hecho antes de su fuga. En esa audiencia técnica, las defensas iniciarán lo que se conoce como “dúplicas”, la respuesta a las posturas de la Fiscalía y de la querella.

Se espera que la defensa de Samid, a cargo del abogado Vicente D´Attoli, pida la excarcelación del empresario y, en caso de que el TOPE deniegue la libertad, le den prisión domiciliaria. Para eso se basará en el estado de salud y en que Samid tiene más de 70 años -71-, la edad a partir de la cuál se puede pedir ese beneficio aunque no se otorga de manera automática.

El segundo pedido será insistir en la realización de una pericia psiquiátrica: “No lo hacemos para pedir la inimputabilidad de Samid. Pero creemos que puede ser útil para profundizar en su estado de salud”, aseguró el abogado.

El tercer punto es compartido por el resto de las defensas y es la prescripción de la causa. Entienden que el domingo pasado prescribió el caso y lo expondrán mañana. Su postura se basa en que desde la primera citación a juicio oral vencieron los plazos para juzgar el hecho. El tribunal tiene otro convencimiento. Antes del inicio del juicio resolvió que la causa vence recién el año que viene.

Samid y otras siete personas, entre ellas su hermana Alicia, están acusados de integrar una asociación ilícita a través de la cual evadían el impuesto al IVA en la comercialización de carne.

El fiscal Gabriel Pérez Barberá pidió que Samid sea condenado a seis años y medio de prisión y que junto con el resto de los acusados paguen una multa de 23 millones de pesos. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que actúa como querellante, pidió una condena de siete años.

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