Judiciales

Gils Carbó dictaminó a favor de la “muerte digna”

El paciente quedó en estado vegetativo irreversible como consecuencia de un accidente de tránsito en 1994, y permanece internado en una institución provincial desde hace 11 años

jueves 10 de abril de 2014 - 1:14 pm

La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, respaldó el pedido de la familia de una persona que hace dos décadas está en estado vegetativo para que se le autorice la desconexión de los aparatos que lo mantienen con vida.

“El retiro, cese y abstención de todas las medidas de soporte vital que lo mantienen con vida en forma artificial pertenece a su zona de reserva, garantizada por el derecho a la autonomía personal”, sostuvo la jefa de los fiscales, en un dictamen remitido a la Corte Suprema.

El paciente quedó en estado vegetativo irreversible como consecuencia de un accidente de tránsito en 1994, y permanece internado en una institución provincial desde hace 11 años.

En el caso, el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén había avalado el pedido de las hermanas del hombre enfermo para suspender “la supresión de la hidratación y la alimentación”, pero el curador judicial y el representante del Ministerio Público de Incapaces –en representación del paciente- apelaron la medida.

Así, el expediente llegó a la Corte Suprema, que le pidió opinión a la procuradora Gils Carbó, quien se apoyó sobre un informe del Cuerpo Médico Forense que indica que “de acuerdo con los estudios de resonancia nuclear magnética, el daño cerebral es irreversible”.

La procuradora recordó que en 2012 fue sancionada la denominada “ley de muerte digna”, que “recepta el derecho del paciente a aceptar o rechazar determinadas terapias o procedimientos médicos o biológicos”. Ante un caso de imposibilidad de manifestarse del paciente, la ley determina la posibilidad de que éste sea otorgado por una serie de personas, entre las que se encuentran los hermanos y representantes legales.

“La norma no efectúa un juicio moral, ético o religioso sobre cómo deben afrontar los individuos los asuntos vinculados a la enfermedad y, eventualmente, la muerte; sino que reconoce que los individuos tienen un derecho a decidir por sí mismos esas cuestiones a partir de sus propias y profundas convicciones personales”, subraya el dictamen.

La opinión de la procuradora no es vinculante, es decir que la Corte Suprema podría, en su fallo, coincidir o no con ese criterio.

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