En las últimas horas, la autoridad de aplicación de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública de la Ciudad de Buenos Aires, respondió a la solicitud realizada por la ONG Ciudadanos Libres, para publicar las declaraciones juradas de los funcionarios correspondientes al año 2018.
Entre los 300 funcionarios que adeudan su DDJJ, se encuentra el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Fernando Martín Ocampo, quien fue desplazado tras el fallido operativo de seguridad en la frustrada final de la Copa Libertadores entre Boca y River, del año pasado.
El dato no es menor, ya que las declaraciones juradas son el principal insumo con el que cuentan los organismos anticorrupción para detectar incumplimientos por parte de los servidores públicos. Es por ello que el Código Penal entiende que su falta implica un delito si el Estado intima previamente al funcionario moroso y este persiste en su actitud.
Sin embargo, por el momento, el área anticorrupción del GCBA aún no intimó a Ocampo.