Luego de tomarse unos días de licencia, el magistrado Luis Rodríguez anunció su retiro como titular de uno de los juzgados federales de Comodoro Py. Con la salida del juez, ya son tres quienes dejan su cargo, en el fuero que lleva adelante las causas por delitos de corrupción, entre otros.

Actualmente, de los 12 juzgados federales que hay en Comodoro Py 2002, tres están vacantes, uno de ellos lo ocupaba el fallecido juez Claudio Bonadio; otro, el renunciado juez Rodolfo Canicoba Corral, y el tercero, el juez Sergio Torres, quien pasó a ocupar una de las vocalías de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

Con la jubilación de Rodríguez una cuarta silla quedará libre, en el emblemático tribunal. “No se sabe cuándo, pero para abril ya no estará más. Quizás antes”, indicaron fuentes cercanas al funcionario judicial, que al parecer tomó la decisión por un grave problema familiar.

Si bien el desembarco de Rodríguez a la justicia federal, en 2012, generó una fuerte controversia, ya que su concurso quedó envuelto en un escándalo político, el magistrado bajó su perfil y se ocupó de pocas tareas, y desde la pandemia dejó de acercarse a los tribunales y de presentarse a concursos de subrrogancia.

Vale destacar que sin el apoyo de PRO, el magistrado no hubiera logrado los votos necesarios para pasar de ser un juez de instrucción a convertirse en juez federal tras el concurso 140, tildado de irregular. Además, Rodríguez contaba con el apoyo determinante del auditor general Javier Fernández, cercano al entonces jefe operativo de los servicios de inteligencia, Jaime Stiuso.

La polémica se dio cunado circuló la versión de que el juez había accedido a las preguntas de las pruebas que se tomarían en el examen, ya que había solicitado acceso a uno de los casos que entrarían en el temario, finalmente el funcionario obtuvo 90 sobre 100 en el resultado del análisis.

Entre los casos más resonantes en los que se involucró el juez, se encuentran las causas por amenazas de muerte que había recibido el fiscal Alberto Nisman, también elevó a juicio una causa por antisemitismo contra el dirigente Luis D’Elía y sobreseyó por enriquecimiento ilícito a Carlos Liuzzi, el ex subsecretario de Legal y Técnica.

También procesó al periodista de Clarín Daniel Santoro, en sintonía con las sucesivas denuncias judiciales motorizadas por el kirchnerismo, aunque luego fue sobreseído.

La Justicia rechazó un pedido de anulación presentado por las defensas de ocho ex funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, en el marco de la causa que investiga el intento del empresario venezolano Guido Alejandro Antonini Wilson, de introducir unos 800 mil dólares a la Argentina en un vuelo privado en 2007.

De este modo, el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 1, desestimó una medida introducida por el ex titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, para declarar prescripta la causa que lo involucra.

A través de un fallo unipersonal, el juez Luis Losada dispuso “diferir el tratamiento de la extinción de la acción penal solicitada a favor del imputado Ricardo Echegaray por lesión al plazo razonable para ser juzgado a las resultas del próximo debate”.

Es que Echegaray, deseaba que se le otorgue la proscripción antes del inicio del juicio oral, que tiene fecha para el próximo 8 de marzo, en donde deberá enfrentar los cargos que se le computaron en 2018.

La investigación estuvo a cargo del juez Pablo Yaradola, quien fue recusado ante el Consejo de la Magistratura, por haber participado del viaje secreto de magistrados y funcionarios porteños a la estancia del magnate británico Joe Lewis, en Lago Escondido.

Por su parte, el tribunal que juzgará a Echegaray y a los demás imputados, entre los cuales estarán Antonini Wilson y el ex ministro de planificación federal, Julio de Vido, estará integrado además de Losada, Diego García Berro e Ignacio Fornari, y el fiscal será Marcelo Agüero Vera.

“Siendo inminente la celebración del debate no resulta razonable su tratamiento con antelación, atento a no resultar evidente la existencia de tal extinción, sino sujeta a amplia contradicción entre las partes”, indica el fallo que ratificó el inicio del juicio.

Vale recordar que el caso sucedió en la madrugada del 4 de agosto del 2007, cuando Antonini Wilson intentó ingresar una valija con 790.550 dólares disimulados como libros en su equipaje de mano, que traía en un avión contratado por la empresa Energía Argentina SA (ENARSA), proveniente desde Caracas, Venezuela.

Tras la sentencia que recibieron los ocho rugbiers por el asesinato de Fernando Báez Sosa, ahora resta definir donde cumplirán sus condenas. Durante los últimos tres años, los por entonces acusados pasaron sus días entre la Alcaldía N°3 de Melchor Romero y la Unidad N°6 de Dolores.

Luego de que se diera el veredicto del juicio, los rugbiers regresaron al penal de Melchor Romero a la espera de la resolución del Servicio Penitenciario Bonaerense. Allí se quedarán de manera provisoria hasta que se defina su destino carcelario.

“La cárcel conlleva celda, pabellón, escuela, talleres, iglesia, campo de deportes, encuentro familiar, visitas. Un montón de cosas que en la alcaidía no tiene, ya que están encerrados todo el día y solo salen al recreo“, explicó una fuente a Infobae.

Los padres de Fernando Báez Sosa se expresaron tras la condena a los rugbiers: “Estamos muy conformes”

“Pueden quedarse algunos días, semanas o un mes. Están evaluando a dónde enviarlos, si van juntos o separados, de a dos, de a cuatro… Pero sí o sí van a alguna cárcel”, agregaron las autoridades al mencionado sitio. Según datos oficiales, las cárceles bonaerenses tienen una capacidad para 30.000 detenidos y hoy en día hay más de 50.000.

Sea cual sea el destino de los rugbiers, sufrirán las condiciones de hacinamiento y superpoblación del sistema penitenciario bonaerense. Una de las opciones que se barajan es la del penal de Campana, ya que es el más cercano a Zárate, lugar donde viven los familiares de los condenados.