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Judiciales

Con penas de entre 10 y 22 años, condenaron a todos los acusados por el caso Marita Verón

El tribunal designado para la revisión del escandaloso fallo que absolvió a todos los acusados dispuso además la prisión preventiva de los condenados

La justicia tucumana comenzó a emitir esta tarde las condenas contra los acusados por el secuestro y ocultamiento de María de los Angeles Verón. En ese marco, dispuso penas de entre 10 y 22 años de prisión para quienes ocultaron a la joven tras su secuestro.[pullquote position=”right”] Con penas de entre 10 y 22 años, condenaron a todos los acusados por el caso Marita Verón[/pullquote]

Los principales imputados por el secuestro de María de los Angeles Verón, José “Chenga” y Gonzalo Gómez, fueron condenados hoy a 22 años de prisión por el secuestro de la joven tucumana y su sometimiento a la prostitución.

En tanto, Daniela Milhein, acusada de mantenerla cautiva para su explotación sexual, fue condenada a 18 años de prisión en el nuevo fallo que la justicia tucumana dictó contra diez acusados tras la revisión ordenada por la Corte tras la absolución de los trece primeros imputados.

Por su parte, , Susana Trimarco, madre de María de los Angeles Verón, dijo que en su familia están “contentos porque algo de justicia hemos conseguido” con las sentencias emitidas hoy por el secuestro y sometimiento a la prisión de su hija.

“Esperaba mucho más, pero estoy conforme”, señaló la madre de Verón al término de la audiencia en que se leyeron las condenas contra los autores del secuestro de la joven.

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Hotesur-Los Sauces: uno de los jueces que sobreseyó a CFK fue “bochado” en la Facultad de Derecho

Se trata de Daniel Obligado; el presidente del TOF 5 no alcanzó el puntaje mínimo del concurso y no podrá seguir dando clases en la materia “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal” en la UBA

Daniel Obligado, el juez que firmó el sobreseimiento de Cristina Kirchner en la causa Hotesur-Los Sauces suena ahora como uno de los candidatos a ocupar una sillón en la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires.

Según detalla el sitio Infobae, meses atrás, el Consejo Superior de la UBA decidió no renovarle su cargo como profesor adjunto en la Facultad de Derecho.

¿El motivo? Un jurado de notables consideró que no estaba capacitado. Luego de una batalla administrativa que duró varios años, el Consejo Superior ratificó esa decisión.

El presidente del TOF 5 no alcanzó el puntaje mínimo del concurso y no podrá seguir dando clases en la materia “Elementos de Derecho Penal y Procesal Penal”.

“No renovar la designación de Daniel, Horacio Obligado como profesor regular adjunto, con dedicación parcial, de la asignatura Elementos de derecho Penal y Procesal Penal, del Departamento de Derecho Penal y Criminología”, dice la resolución que lleva la firma del rector Alberto Barbieri y del secretario general, Mariano Genovesi.

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Provincia de Buenos Aires: un fallo abre puerta a la reelección indefinida

La estrategia desplegada por los jefes comunales tiene varios frentes: de los pedidos de licencias al proyecto que busca volver a habilitar este mecanismo prohibido por una norma aprobada en 2016

Durante las últimas horas, un fallo judicial abrió la puerta a la reelección indefinida de los intendentes bonaerenses, prohibida por una ley de 2016 que impide más de dos mandatos consecutivos a los jefes comunales, concejales y consejeros escolares de la Provincia de Buenos Aires, así como de senadores y diputados.

Se trata de un amparo presentado en ese sentido por un concejal del partido de Malvinas Argentinas que recibió una resolución favorable de un Tribunal Contencioso Administrativo de San Martín.

El fallo, según consignó el diario Clarín, le permite al edil saltear la ley y presentarse como candidato en las próximas elecciones. Sin embargo, aún debe ser ratificada en Cámara.

Para evitar dejar el poder, varios jefes comunales ya encontraron la manera de burlar la norma. Al menos 17 intendentes ya se tomaron licencia y se aseguraron que podrán volverse a presentar en 2023.

¿El motivo? La ley habilita a postularse a los funcionarios que no estuvieron en el cargo más de dos años y un día. Pero el tiempo se les acorta: ese plazo vence este lunes.

Le ley entró en vigencia en los últimos comicios. Por lo pronto impidió la reelección de dos senadores, 10 diputados y decenas de concejales provinciales.

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Fiesta VIP en Olivos: rechazan pedido de Alberto para cerrar la causa

El mandatario había reclamado que la investigación se archivara por “inexistencia de delito”, pero el magistrado Lino Mirabelli lo desestimó

Durante las últimas horas, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli rechazó el planteo del presidente Alberto Fernández para cerrar tempranamente la causa por el “Olivos Gate” por inexistencia de delito.

Por medio de una resolución de 21 páginas, el magistrado dispuso la continuidad de la investigación por violación a las disposiciones de prevención por la pandemia de coronavirus.

Fernández está investigado por la realización en la Quinta de Olivos de la celebración del cumpleaños de su pareja, Fabiola Yáñez, durante la cuarentena estricta.

Según consta en la resolución, Mirabelli planteó que “el objeto procesal comprende múltiples hechos hipotéticamente constitutivos prima facie del delito contemplado en el artículo 205 del Código Penal, entre otras figuras invocadas en las respectivas denuncias, a raíz de presuntas transgresiones a las medidas instrumentadas por las autoridades nacionales con el objetivo de mitigar la propagación de la pandemia de COVID-19″.

“Corresponde rechazar la excepción por falta de acción deducida por el Dr. Alberto Ángel Fernández, a la cual adhirieron las defensas de Stefanía Domínguez, Carolina Marafiotti, Rocío Fernández Peruilh, Florencia Fernández Peruilh y Severina Sofía Elizabeth Pacchi”, señaló el juez.

Dentro del escrito presentado ante la Justicia, el jefe de Estado señaló que “sin perjuicio de que los hechos aquí investigados han tomado dimensión pública, los mismos tuvieron lugar dentro de la órbita de la intimidad familiar”, e indicó que “el tiempo de pandemia donde la acción de gobierno se trasladó íntegramente al predio y mi trabajo no tuvo días ni horarios determinados”.

Mirabelli entendió que los argumentos del Jefe de Estado “adolecen de las condiciones necesarias para su procedencia en el caso” para determinar la inexistencia del delito.

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