Política

El Gobierno recrudece su política migratoria y avanza en las deportaciones exprés

La ministra Patricia Bullrich, dio a conocer una serie de medidas que buscan intensificar la “lucha contra la inseguridad”, uno de los puntos fuertes de la plataforma electoral de Cambiemos para este año. Entre ellas se encuentra las deportaciones relámpago a extranjeros que hayan cometido cualquier tipo de delito o se encuentren en situaciones irregulares. Para eso se buscará avanzar en la creación de una Cámara Nacional Migratoria. El antecedente: un DNU de 2017, firmado por Mauricio Macri, que modificó la Ley de Migraciones

miércoles 9 de enero de 2019 - 9:36 pm

Por Federico Rozanski

 

El lunes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio a conocer el paquete de medidas que el Gobierno utilizará para intensificar su “lucha contra la inseguridad”, uno de los ejes de lo que será la campaña de Mauricio Macri para su reelección. La iniciativa oficial incluye la baja de la edad de imputabilidad para menores y la modificación de la ley migratoria para avanzar en ‘deportaciones relámpago’ de inmigrantes que delincan o se encuentren en condición irregular. En este sentido pueden también ubicarse la compra de las pistolas Taser, confirmada el viernes pasado, y el nuevo protocolo de uso de armas de fuego para las Fuerzas Armadas.

En una entrevista publicada este miércoles en el diario Clarín, la ministra de Seguridad afirmó que el objetivo del Gobierno es “cambiar el paradigma del modelo kirchnerista”, al cual definió como la “doctrina Zaffaroni”. “Se pasó de un modelo basado en la exaltación del victimario a un modelo donde la sociedad y la víctima están en el centro de las preocupaciones del Gobierno”, dijo Bullrich, y apuntó contra los organismos de Derechos Humanos al afirmar que “nunca se ponen del lado del policía asesinado ni de la víctima”.

Dos días atrás, la jefa de la cartera de Seguridad anunció que “el 20% de los detenidos son extranjeros”. “En el último tiempo y sobre todo en drogas, el aumento del delito en manos de extranjeros es importante, llegando al 20% de las personas que están detenidas y esto también se reproduce en otro tipo de delitos, como es el de motochorros”, dijo la ministra en diálogo con Radio Mitre.

En este sentido, Bullrich informó que la Dirección Nacional de Migraciones tiene una lista de “personas que están impedidas de estar en el país, ya sea porque han cometido faltas o delitos”. Esta nómina incluye unos mil extranjeros que podrían ser expulsados del país: está integrada por 354 personas que poseen antecedentes penales y un 618 restante que el Gobierno considera “retenidos”, ciudadanos extranjeros que “no tienen procesos penales, por lo cual no están prófugos, pero tienen una condición de ilegalidad” contó la ministra. Esta condición aplica tanto por haber ingresado de forma irregular al país, como por “haber sido expulsados por un juez” en su país de origen, agregó Bullrich.

En este sentido informó que el Ejecutivo creó “unidades especiales de búsqueda” para acelerar el proceso de deportación, pero aclaró que buscan oficializar este mecanismo a través de la creación de una Cámara Nacional Migratoria. Ésta se encargará de agilizar los plazos para las extradiciones y sentar jurisprudencia: “Queremos que sea un trámite más expeditivo, más rápido, porque tiene que ver con la seguridad de la gente”, afirmó Bullrich.

El cambio de rumbo en la política migratoria puede verse en números: entre 2015 y 2017 aumentaron un 121% los pedidos del Gobierno para expulsar extranjeros con causas penales.

 

Modificaciones a la Ley de Migraciones

 

El recrudecimiento de la política migratoria del Gobierno tiene su antecedente inmediato en un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de enero de 2017.

El DNU firmado por Mauricio Macri realizó cambios sustanciales en la original Ley de Migraciones del año 2004. Según esta normativa, el trámite de expulsión a ciudadanos extranjeros podía iniciarse en determinados casos: para los residentes, es decir, los extranjeros que ya se encuentren radicados en el país, podía ser a partir de delitos graves con una pena mayor a cinco años, según el Código Penal de la Nación; mientras que para los no residentes, los delitos debían tener una pena superior a tres años.

A partir de la nueva Ley de Migraciones, se permite la expulsión de extranjeros residentes que se encuentren procesados sin condena penal firme: si la Dirección Nacional de Migraciones así lo decide, puede cancelar su residencia y avanzar en la deportación.

En referencia a los migrantes que aún no tienen residencia, la ley establece que pueden ser expulsados del país sin necesidad de una condena firme. El procesamiento penal es suficiente para que el Ministerio Público Federal y el Poder Judicial den el aviso obligatorio a Migraciones, quien decidirá si ordena la regularización de la situación procesal u avanza en la deportación.

Con las modificaciones a la Ley de Migraciones, el Ejecutivo también puede avanzar en la deportación de extranjeros por irregularidades en sus trámites de radicación o ingreso al país: se trata de los “retenidos”. La última palabra la tendrá una vez más Migraciones, un órgano del Ejecutivo que pasó a tener un poder discrecional para ordenar deportaciones relámpago.

 

Datos

 

En la presentación de la batería de medidas “contra la inseguridad”, Patricia Bullrich alertó que “20% de los detenidos son extranjeros”. La ministra señaló el crecimiento de casos de ciudadanos extranjeros involucrados en delitos asociados a drogas y robos en motos, aunque no precisó mayores detalles de la cifra. El chequeo de datos oficiales muestra otro panorama.

El último informe publicado por el Sistema Nacional de Estadísticas Sobre Ejecución de la Pena (SNEEP), dependiente del Ministerio de Justicia de la Nación, señala que hay 4301 presos extranjeros en el país, los cuales representan un 6% del total de 76.261 personas privadas de su libertad. De ese total, 87% son varones con escasa instrucción formal (el 76% terminó sólo la escuela primaria) y la mitad están presos con prisión preventiva, sin condena firme.

Este último dato es peor para las mujeres detenidas (un 11,52% del total): el 70% no tiene condena firme, mientras que el 71% de ellas están involucradas en causas de narcotráfico por cumplir roles secundarios como comercialización menor o traslado de drogas en sus propios cuerpos, como mulas.

Por su parte, el último informe del INDEC sobre la población extranjera en cárceles nacionales data de 2010. En ese momento, el porcentaje era del 4,5%.

El documento del SNEEP permite realizar un análisis diacrónico del crecimiento de los presos extranjeros a través de casi 15 años. Entre 2002 y 2016, el porcentaje de extranjeros detenidos aumentó apenas un punto: pasó de 2183 a 4.301 reclusos. Los números parecen mucho más mesurados que la afirmación de Bullrich.

El dato que la titular de la cartera de Seguridad dijo de manera poco clara estaba vinculado al Sistema Penitenciario Federal, donde la la presencia del colectivo extranjero asciende al 19%, representado por 2106 presos de un total de 10.968 presos federales. La estadística parece contradictoria: en relación a 2015, se observa a nivel federal un descenso de un 4% de incidencia del colectivo extranjero, aunque hay un 7% de aumento de la población general. Una de las claves puede encontrarse en las detenciones por delitos relacionados con la Ley de Drogas.

Al respecto, la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) indicó en su informe anual de 2017 que “al analizar el Decreto 70/2017 hay factores fundamentales que explican esta mayor representatividad del colectivo extranjero al interior del SPF por sobre el nacional: la funcionalidad de la extranjería en virtud del carácter transnacional del delito y el carácter federal de los delitos de drogas”.

 

Ley de Drogas, la clave de la cruzada ‘antinarco’ de la gestión Bullrich

 

En la plataforma electoral que llevó a Mauricio Macri a conseguir la presidencia en 2015, la lucha contra el narcotráfico se encontraba en un lugar protagonista. En un contexto de fuerte crisis económica, es una de las pocas banderas que Cambiemos puede explotar de cara a los comicios de este año.

Patricia Bullrich es la cara visible de una cruzada que llevó a ubicar a las infracciones a la Ley de Drogas en los segundos delitos con más detenidos a nivel nacional, detrás de los robos y/o tentativas de robos. El “éxito” de esta política puede verse en números pomposos, pero las detenciones por infracciones a la ley 23.737 incluyen casos desde tráfico de narcóticos, a tenencia de estupefacientes para consumo personal.

En octubre pasado, la propia Bullrich dijo ante el Congreso que en lo que iba de 2018 se habían detenido 49.219 personas, de las cuales el 36% era por tenencia para consumo personal. Se trata de 17.719 personas, un tercio del total de detenciones.

Casi el 50% de los extranjeros se encuentran presos por alguna infracción a la Ley de Estupefaciente, cumpliendo condenas cortas de entre 3 y 6 años de prisión.

Por su parte, el 76% de las mujeres extranjeras están detenidas por delitos asociados a las drogas. Al respecto, la PPN señaló: “Se trata de una participación como último eslabón, como correos humanos operativos al narcomenudeo o microtráfico, vulgarmente denominadas “mulas”, en tanto suelen transportar en sus equipajes o en sus propios cuerpos .Estas mujeres son coaccionadas y utilizadas por el crimen organizado, que es el que finalmente termina beneficiándose por este tipo de actividades”.

En este sentido, la Procuración señaló que hay una “funcionalidad de la extranjería en virtud del carácter transnacional del delito y el carácter federal de los delitos de drogas”.

En un año electoral, el Gobierno sigue intentando recrudecer su política migratoria. Anticipó que negociará con fuerzas de la oposición para avanzar en las deportaciones exprés a ciudadanos y ciudadanas extranjeros que hayan cometido ilícitos pero también que tengan una residencia irregular. Al ser consultada sobre si estas medidas tenían que ver con la campaña electoral, Patricia Bullrich lo negó rotundamente.

 

*El presente informe fue realizado con los datos públicos más reciente sobre el tema.

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