Política

Ataque a La Tablada: una mentira, cuatro desaparecidos y 30 años de espera

El país fue condenado por la CIDH por los delitos cometidos por el Ejército en la represión de la toma del regimiento. Una historia maldita.

miércoles 23 de enero de 2019 - 12:07 pm

Artículo publicado originalmente en Gaceta.com.ar

Un general que no tenía por qué estar ahí, un grupo heterogéneo de trabajadores, intelectuales y militantes setentistas, un exjefe guerrillero que vio todo desde las cercanías y se escapó, un gobierno democrático al borde de la caída y una sensación de envenenado “déja vù” se fusionaron en un día, hoy, de hace 30 años el cuartel de La Tablada.

Con un camión de reparto de bebidas y otros vehículos, una treintena de personas ingresó al Regimiento de Infantería Mecanizada 3 derribando su portón principal y ocupó parte de las instalaciones con el falso argumento de que, desde allí, se preparaba un golpe de Estado “carapintada” contra el gobierno de Raúl Alfonsín.

El jefe de la acción, el exguerrillero del ERP Enrique Gorriarán Merlo, esperaba en las cercanías el desenlace de la afiebrada maniobra, cuyo diseño -con día y hora- era conocido de antemano por la Inteligencia del Ejército.

De hecho, el entonces jefe de esa fuerza, el general Francisco Gassino, alteró la cadena de manos y puso al frente de la represión del copamiento a una persona de su absoluta confianza, el general Alfredo Arrillaga, el único militar que espera, a tres décadas una sentencia, en el juicio por las desapariciones ocurridas allí durante la contraofensiva que comenzó al mediodía del 23 de enero de 1989 y terminaría 36 horas más tarde.

La mentira del alzamiento tenía como base los dos que ya había protagonizado Aldo Rico, en la Semana Santa de 1987 y en enero de 1988, en Monte Caseros, Corrientes. Y el más reciente, de diciembre de ese año, por el coronel Mohamed Alí Seineldín (1).

El pasado 10 de diciembre empezó el primero de estos juicios, que busca esclarecer las denuncias sobre apremios ilegales y “desaparecidos” en la recuperación del cuartel.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) consideró al país, en 1997, responsable de las ejecuciones extrajudiciales de cuatro de los incursores.

Treinta años pasaron del ataque al Regimiento de La Tablada y las consecuencias se arrastran hasta estos días: el 10 de diciembre empezó el primero de los juicios, que busca esclarecer las denuncias sobre apremios ilegales y “desaparecidos” en la recuperación.

El juicio se desarrolla en el Tribunal Oral Federal Número 4 de San Martín, que preside Alejandro De Corvez. Se investiga una sola de las cuatro desapariciones denunciadas: la de José “Maradona” Díaz e Iván Ruiz.

El único acusado es Arrillaga que, aunque era Inspector General del Ejército, no tenía mando de tropa y no era su jurisdicción natural, tenía la “virtud” de ser compañero de promoción de Gassino, quien lo puso al frente de la operación de recuperación. Arrillaga llegó a este juicio con cuatro cadenas perpetuas encima por delitos de lesa humanidad.

En el juicio por la desaparición de “Maradona” Díaz una evidencia son las fotos del fotógrafo Eduardo Longoni, que lo muestran rendido junto a Iván Ruiz cuando la historia oficial dice que se fugaron. Sus cuerpos nunca aparecieron.

En 2014, la Corte Suprema revocó´un fallo de la Sala I de la Cámara Federal porteña que confirmaba el sobreseimiento de Arrillaga y otro militar, Jorge Varando, lo que derivó en el derivado proceso iniciado en diciembre pasado.

En una de las audiencias el suboficial José Alberto Almada declaró lo que ya dijo en 2004 sobre lo que vio en el fondo del cuartel. “Los tenían boca arriba debajo de una arboleda y los estaban torturando con dos oficiales. Uno hacía como que era el bueno y el otro, el malo. Uno de los chicos, eso quedó en mi consciencia muy lastimada, pedía: ‘Señor, regáleme la vida’. Nunca me voy a olvidar de eso”.

Almada declaró que Díaz y Ruiz fueron luego sacados del regimientro en un Ford Falcon blanco del cuartel, con rumbo desconocido y por personal de civil. Los otros dos desaparecidos son Francisco “Pancho” Provenzano y el psicólogo Carlos Samodejny, quienes, según sus compañeros en el ataque, ya rendidos fueron separados del grupo, a los golpes, y se los llevaron. Sus cuerpos tampoco aparecieron.

Otro testimonio relevante en el juicio fue el del exsuboficial César Quiroga, quien manejaba una ambulancia. Sorprendió al decir que le hicieron firmar una declaración de hechos que no vio, y que nunca transportó a “ningún subversivo”.

El relato oficial siempre sostuvo que Quiroga entregó a Ruiz y a Díaz a otro suboficial, Raúl Esquivel, quien luego apareció muerto; según este relato, los atacantes lo habrían asesinado y luego se fugaron, lo que ahora es cuestionado en el proceso.

El juicio oral a los 20 miembros del MTP (13 eran sobrevivientes del ataque, 6 del grupo “de agitación” que estaba fuera, más el cura Antonio Puigjané) se hizo en 1989, y culminó incluso con condenas a reclusión perpetua para algunos.

La instrucción le tocó al juez federal de Morón, Gerardo Larrambebere. Sus secretarios eran el fallecido fiscal Alberto Nisman y su colega Raúl Pleé.

El libro de Juan Salinas y Julio Villalonga (director de gacetamercantil.com), “Gorriarán, La Tablada y las ‘guerras de Inteligencia'” (Mangin, 1993) fue la base para la acusación de la CIDH, que consideró al Estado argentino responsable de las ejecuciones extrajudiciales.

Gorriarán Merlo, a cargo del grupo que ejecutó al dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en 1980 en Paraguay, escaparía de La Tablada cuando quedó claro el fracaso de su intentona, que fue duramente criticada desde todos los sectores pero particularmente desde la izquierda, y siguió clandestino hasta 1995, cuando cayó en México en un operativo conjunto de los servicios de inteligencia argentino y del país anfitrión.

Fue juzgado en 1997 -junto a su esposa Ana María Sívori- y condenado a cadena perpetua, pero fue liberado en 2003 por un decreto del entonces presidente interino Eduardo Duhalde. Moriría tres años más tarde.

El ataque a La Tablada, complementado luego con el golpe económico de febrero de 1989, fue el comienzo del fin del primer gobierno de la transición democrática argentina.

En una entrevista con Villalonga, en 1995, el propio Alfonsín seguía considerando incomprensible el asalto al cuartel, “un delirio” de Gorriarán y sus seguidores, muchos de los cuales ni siquiera eran activistas de su movimiento de superficie, el “Todos por la Patria” (MTP).

A treinta años de aquel episodio, que abrió las puertas del regreso del peronismo al poder con el decenio neoliberal de Carlos Menem, está claro que el presunto “remedio” fue mucho peor que la enfermedad.

(1) Tras considerarse traicionado por Menem, Seineldín lideraría el último alzamiento en democracia en diciembre de 1990, con un saldo de 14 muertos, seis de ellos civiles, que murieron en un colectivo que fue aplastado por un tanque. Seineldín fue indultado por Duhalde en 2003 junto a Gorriarán Merlo.

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