Política

Procesan y embargan en US$ 3.300 millones a empresarios y aduaneros envueltos en la mafia de los contenedores

La escala de la multa que se aplica como accesoria a una posible condena es de 4 veces el valor de la mercadería contrabandeada

miércoles 19 de diciembre de 2018 - 9:57 pm

El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky procesó a 60 empresarios, empresas y funcionarios de la Aduana y los embargó en $ 131 mil millones. Además, llamó a indagatoria a Guillermo Michel, Daniel Santanna, Edgardo Paolucci, Eduardo Bernardi y Carlos Sánchez, jefes del organismo durante la gestión de Ricardo Echegaray al frente de la AFIP. Entre los procesados se encuentra Horacio Palmieri, de la Terminal de Cargas de Tigre (TCT).

Todos quedaron procesados en la causa de la mafia de los contenedores, donde se investigó el contrabando de 561 contenedores a través del puerto de Buenos Aires con complicidad de funcionarios de la Aduana. Las penas por contrabando tienen una escala de entre 4 y 10 años de prisión.

Los procesados en esta tanda fueron los hermanos Javier, Raúl y Alejandro Paolantonio, Carlos Ferreira, Gonzalo Alvarez, Pablo Montone, Claudio Alisio, María Acosta, Eduardo Montone, Gustavo Cabrejas, Martín Royo, Sebastián Ghigo, Alejandro Frtiz, Pablo Flores, Carlos Royo, Pablo Martínez, Osvaldo Batista, Oscar Gonzalez Tami, Juan Zhang, Jun Zhou, Luciano Ruzicsika, Carlos Chavez, Lucas Gamietea, Liliana Leguiza, Marcelo Pontoriero, Horacio Palmieri, Maximiliano Montero, Néstor Suárez, Julio Motta, Juan Benevides, Edgardo Mingrone, José Mocciola, Patricia Heredia, Gladys Gonzalez, Ruben Casas, Gaston Lema, Silvia Costantino, Alejandro Alonso y Aldo Cimiotto.

El juez, con el apoyo de la fiscalía especializado en la lucha contra el lavado de dinero PROCELAC cuando la dirigía Gabriel Pérez Barberá, también procesó a las empresas New Unique Imports, Different Imports, Las Cortaderas, Origin RM, Oslana SRL, Lion Trade, Terminal Carga Tigre, Caresstiba, Transportes DTM y SICEM BA, entre otras.

Se trató de un contrabando “a escala monumental” de productos de bazar, popurrí y otros importados desde China que luego se vendían ilegalmente en el país. Debido a la magnitud de los casos, el juez los dividió en distintos expedientes que durante todo este año procesó y envió a juicio oral, a fin de evitar la creación de una megacausa.

Unas de las pruebas clave para exponer a la organización de los hermanos Paolantonio fue comparar los pesos que declaraban en las declaraciones de Aduana los empresarios con el peso registrado por el llamado BAPLIE que registra el verdadero peso de los contenedores para armar un barco y asegurar su navegabilidad. Así se determinó que hubo casi 8 mil kilos de diferencia. Además, durante los 120 allanamientos realizados se secuestraron mails de los empresarios en que explicaban la maniobra de contrabando.

Luego de analizar cada una de las operaciones realizadas por los hermanos Paolantonio, a través de empresas de Transportes DTM, el juez concluyó que “dirigieron la planificación de la organización, conduciendo e impartiendo directivas y pautas a los restantes imputados, quienes por su parte habrían cumplido distintas funciones en la adquisición, transporte e ingreso de las mercaderías importadas clandestinamente”.

“Todo lo cual hace presumir que habrían sido los jefes y organizadores de la asociación ilícita a través de la cual se habrían cometido los múltiples delitos aduaneros hasta aquí analizados”, agregó. En síntesis, “la investigación -dijo- puso al descubierto la puesta en escena de un plan cuidadosamente ideado a los fines de cometer los ilícitos en consideración y, en particular, el rol asumido por los involucrados en tanto habrían dirigido un aceitado mecanismo a los fines de cumplir con el objetivo criminal”.

En la resolución, el juez afirma que “esta práctica ilícita estructurada, planificada temporalmente estable, particularmente homogénea y ejecutada diversificadamente por números actores, difícilmente podría haber logrado el éxito frente a un serio control establecido no solo en las líneas de su burocracia, sino como política aduanera”.

“Los integrantes de esta organización lograron alcanzar su cometido tras establecer una estructura ilegal orquestada  para delinquir contra los intereses del Estado. En efecto, nos encontramos frente a un sistema de trabajo planificado con precisión y comodidad, ejecutado a gran escala, sin obstáculos por parte de un control aduanero desvanecido”, concluyó el juez Aguinsky en una crítica a Echegaray quien controló la DGI y la Aduana en ese tiempo.

Y por eso llamó a indagatorias a los ex jefe de la Aduana en al época de Echegaray, lo que será otra etapa del caso. Si bien estas maniobras se realizaron entre el 2014 y el 2016, en fuentes judiciales sospechan que empezaron muchos años y, por lo tanto, debería abrirse otra causa para investigar esa etapa.

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