Opinión

A la inseguridad, más inseguridad

Claudia Neira

Profesora adjunta de Derecho Penal UBA, dirigente NEP

jueves 6 de diciembre de 2018 - 1:54 pm

Columna publicada originalmente en Infobae

A la mañana, cuando salimos a la calle, solemos preocuparnos por el clima, por el tránsito o por la demora del subte. Desgraciadamente, muchas veces también nos preocupa ser víctima de un delito.

En cambio, rara vez nos preocupamos por que recaiga sobre nosotros la sospecha de un delito que no cometimos. No pensamos siquiera en las consecuencias de estar en el lugar equivocado, en el momento inoportuno. Ni se nos ocurre que podamos terminar en la escena de un crimen y de un día para el otro ingresar al submundo del sistema penal.

Sin embargo, muchas veces esto sucede y personas que tenían una vida común y corriente descubren que el Estado puede, en la investigación de los delitos, someternos a un proceso e incluso meternos en la cárcel. Descubren que esa situación puede llevar a alguien a perder el trabajo, la familia y que, en caso de finalmente resultar absuelto por el delito del que se lo acusara, el ciudadano ni siquiera tiene derecho a un resarcimiento económico, siempre que el proceso se haya llevado adelante conforme las normas vigentes.

Esas son las reglas con las que vivimos a cambio de obtener algo de seguridad. Convivimos con la idea de un Estado con un poder enorme, que puede someternos e incluso disponer de nuestra libertad. También convivimos con las Fuerzas de Seguridad y su ejercicio de la fuerza, porque entendemos que son necesarias en el marco de una política de seguridad. Pero lo hacemos con la convicción de que existen límites y normas que nos protegen de una posible arbitrariedad.

La mala noticia es que el nuevo Reglamento General para el Empleo de Armas de Fuego viene a modificar el sistema de modo tal que, a partir de ahora, las Fuerzas de Seguridad pueden disparar como regla general y la prohibición pasa a ser la excepción. Ello se desprende de la ambigüedad y la amplitud de las nuevas causales previstas en el anexo del reglamento que permiten que cualquier persona que se encuentre en el momento equivocado y en el lugar erróneo pueda ser víctima de un disparo letal.

En este sentido y a modo de ejemplo, efectuar “movimientos que indiquen la inminente utilización de un arma” o “cuando integrase un grupo de dos o más personas y otro miembro del grupo posea un arma” resultan lo suficientemente confusas como para que un miembro de una fuerza de seguridad pueda definir un disparo en breves segundos. Un movimiento en falso, encontrarse en el grupo equivocado no puede convalidar una ejecución sumaria: ello implica consagrar un estado de inseguridad jurídica generalizado, haciendo añicos el artículo 18 de nuestra Constitución Nacional. Nos preguntamos entonces: ¿Qué sentido tiene el principio de “juicio previo” si la decisión entre la vida y la muerte de una persona puede ser definida en un segundo por un movimiento equivocado?

Este reglamento pone en peligro a toda la población. A la preocupación por la inseguridad cotidiana, debemos sumarle ahora una nueva inseguridad. El Estado, impotente para garantizar un mínimo de seguridad mediante una política integral que vaya más allá de habilitar tiros por la calle, pone en riesgo general a los ciudadanos solo para obtener un titular en los diarios.

Con anuncios de una supuesta “mano dura” para combatir el delito, en la práctica, se monta un escenario de mayor violencia y riesgo a nuestras vidas cotidianas. Un decreto que viene a legitimar el “gatillo fácil”, ese que mata sin juicio previo, ese que confunde al pibe que iba al colegio con un peligroso ladrón; o ese que, por escapar de un tiroteo, sin juicio alguno, te “sentencia” a muerte. Un decreto cuya aplicación tiene consecuencias imposibles de prever e irreversibles.

La ministra Patricia Bullrich fundamenta este reglamento en una falacia: “Hasta hoy las fuerzas de seguridad no podían usar sus armas para defenderse ni para defender a la gente de los delincuentes armados”. Nada más alejado de la realidad. Claro que podían y de hecho lo hacían. Solo que tenían límites para proteger a todas las personas que caminamos libremente por las calles. Límites que ahora han desaparecido.

Está claro que con esta medida Bullrich pretende hablarle a mucha gente harta de la inseguridad. Miles de pequeños negocios del Conurbano que pierden sus pocos ingresos, robo tras robo, ante la incapacidad estatal. Miles de personas a las que, muchas veces desde la oposición, no les hemos hablado lo suficiente o no les hemos dado las respuestas que necesitaban. A esas personas, que hoy tal vez se sientan tranquilas porque las Fuerzas de Seguridad tienen más poder, hay que decirles que, lejos de traer más seguridad a sus vidas, esta medida pone en peligro a sus seres queridos.

La política de seguridad de un país no puede ser un conjunto de anuncios para “calmar” a la sociedad, porque las falsas soluciones quedan en evidencia en poco tiempo y, entonces, crece la desconfianza y la decepción. Hay que ponerse a trabajar en serio, capacitando e invirtiendo presupuesto para profesionalizar a nuestras Fuerzas de Seguridad a fin de prevenir los hechos de violencia. Es un camino equivocado convertirlas en jueces callejeros. Claro que hay mucho por hacer, pero no es con demagogia punitiva que se van a lograr resultados concretos.

La ministra ha afirmado: “El cambio es para cuidar a quienes nos cuidan, para cuidar a la sociedad”. Sin embargo, de esta forma no nos cuidan: nos venden seguridad pero, sin darnos cuenta, estamos comprando más inseguridad.

Nos quieren convencer de que nos brindan más seguridad y, sin darnos cuenta, nos convertimos en una sociedad más violenta e insegura.

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